Abogados de insolvencia empresarial

Qué lleva un abogado de quiebras y derecho concursal en España

Un abogado concursal en España se ocupa de los conflictos derivados de la insolvencia de personas físicas, autónomos y sociedades. Esto incluye la elaboración de informes sobre la viabilidad de la empresa, la negociación de acuerdos extrajudiciales con acreedores, la confección y presentación de la documentación necesaria para solicitar un concurso y la representación en los procedimientos concursales. También gestiona reclamaciones derivadas de contratos, impagos de suministros, procesos con la Seguridad Social y reclamaciones de trabajadores ante juzgados de lo social, incluyendo la tramitación previa de la papeleta de conciliación (SMAC) cuando proceda.

Además, defiende a acreedores que quieren cobrar en un proceso concursal o en procedimientos ejecutivos ante juzgados de primera instancia. Abarca la preparación de escritos, la coordinación con el procurador cuando el procedimiento lo exige y la interlocución con administradores concursales. Suele asesorar sobre efectos laborales y fiscales del concurso, y sobre la posible exoneración de pasivos personales en quienes acceden a mecanismos de segunda oportunidad previstos en la Ley Concursal.

Cuándo lo necesitas — y cuándo no

Necesitas un abogado concursal cuando la situación financiera supera la capacidad de gestión ordinaria: recibes notificaciones de embargo, demandas por deudas importantes, requerimientos de la Seguridad Social o del SEPE, o cuando hay riesgo real de contraer responsabilidad personal por deudas societarias. También cuando te ofrecen fórmulas de reestructuración de acreedores o propuestas de venta que implican acuerdos complejos; allí es clave contar con quien negocie y redacte garantías.

No siempre hace falta un abogado: gestiones informales con el acreedor para fraccionar un pago, consultas iniciales sobre derecho concursal o el uso del procedimiento monitorio para reclamar deudas documentadas pueden tramitarse sin abogado en su fase previa. Para conflictos laborales sencillos, la papeleta de conciliación (SMAC) y la reclamación ante el juzgado de lo social son pasos que pueden iniciarse por uno mismo. La línea que obliga a contratar uno es clara: si la otra parte tiene abogado o procurador, o si el asunto entra en tramitación judicial compleja, la asistencia profesional deja de ser opcional.

Cuánto cuesta y cómo se paga en España

Los honorarios se pactan por escrito. Puede haber una consulta inicial que algunos abogados ofrecen sin coste y otros cobran; pregunta siempre antes. Las modalidades más habituales son el pacto de honorarios por horas, el presupuesto cerrado por tareas concretas (por ejemplo, preparación de la documentación del concurso) y el pacto por resultado que existe en la práctica profesional bajo distintas denominaciones, si ambas partes lo acuerdan y se refleja en el contrato. El contrato debe detallar qué gastos corren aparte, quién asume las gestiones de procurador cuando sean obligatorias y cómo se facturan las gestiones externas.

En procedimientos judiciales, la regla sobre las costas no siempre obliga a la parte perdedora a abonar las del contrario; depende del resultado y del criterio del tribunal. Si no puedes afrontar los honorarios, existe la posibilidad de solicitar justicia gratuita o acceder al turno de oficio; las condiciones y quién puede acogerse aparecen en la normativa de justicia gratuita. Consulta si tu colegio de abogados ofrece servicios de asistencia o remisión al turno de oficio para asuntos concursales o relacionados.

Cómo elegir bien

• Colegiación y matrícula: comprueba que el abogado está colegiado en el colegio de abogados de tu provincia y que su especialidad o experiencia figura en su perfil profesional. Puedes verificarlo en la web del colegio.
• Experiencia concreta y local: busca experiencia en procedimientos concursales y en el fuero aplicable a tu caso (mercantil, civil o de lo social). La práctica ante juzgados de primera instancia y la audiencia provincial de tu territorio es relevante.
• Referencias verificables: pide casos similares resueltos y referencias de empresas o profesionales, sin esperar datos confidenciales.
• Preguntas para la primera consulta que delatan experiencia: quién va a llevar el caso personalmente y qué proporción del trabajo hará; cuáles son los escenarios realistas, incluyendo el peor; cómo se estructuran los honorarios y qué pasa si se pierde; y qué plazos y trámites implican procurador, burofax con acuse de recibo y certificación de contenido, o la interposición de un procedimiento monitorio.
• Transparencia procesal: exige que te expliquen cuándo será necesaria la intervención de un procurador y si se contempla la apertura de un expediente ante la Seguridad Social o el SEPE.