Asesoran y litigan cuando la empresa o la persona ya no puede pagar sus deudas o está en riesgo serio de insolvencia. Un abogado concursal detecta problemas financieros, diseña opciones extrajudiciales (acuerdos con acreedores, refinanciación), tramita concursos y te representa ante juzgados de primera instancia, la audiencia provincial y otros órganos. Si recibes demandas contra tu negocio, requerimientos de la Seguridad Social o propuestas de ejecución, necesitas un especialista para evitar errores procesales y negociar la mejor salida.
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Casos más comunes en abogados de quiebras y derecho concursal
Un abogado concursal en España se ocupa de los conflictos derivados de la insolvencia de personas físicas, autónomos y sociedades. Esto incluye la elaboración de informes sobre la viabilidad de la empresa, la negociación de acuerdos extrajudiciales con acreedores, la confección y presentación de la documentación necesaria para solicitar un concurso y la representación en los procedimientos concursales. También gestiona reclamaciones derivadas de contratos, impagos de suministros, procesos con la Seguridad Social y reclamaciones de trabajadores ante juzgados de lo social, incluyendo la tramitación previa de la papeleta de conciliación (SMAC) cuando proceda.
Además, defiende a acreedores que quieren cobrar en un proceso concursal o en procedimientos ejecutivos ante juzgados de primera instancia. Abarca la preparación de escritos, la coordinación con el procurador cuando el procedimiento lo exige y la interlocución con administradores concursales. Suele asesorar sobre efectos laborales y fiscales del concurso, y sobre la posible exoneración de pasivos personales en quienes acceden a mecanismos de segunda oportunidad previstos en la Ley Concursal.
Necesitas un abogado concursal cuando la situación financiera supera la capacidad de gestión ordinaria: recibes notificaciones de embargo, demandas por deudas importantes, requerimientos de la Seguridad Social o del SEPE, o cuando hay riesgo real de contraer responsabilidad personal por deudas societarias. También cuando te ofrecen fórmulas de reestructuración de acreedores o propuestas de venta que implican acuerdos complejos; allí es clave contar con quien negocie y redacte garantías.
No siempre hace falta un abogado: gestiones informales con el acreedor para fraccionar un pago, consultas iniciales sobre derecho concursal o el uso del procedimiento monitorio para reclamar deudas documentadas pueden tramitarse sin abogado en su fase previa. Para conflictos laborales sencillos, la papeleta de conciliación (SMAC) y la reclamación ante el juzgado de lo social son pasos que pueden iniciarse por uno mismo. La línea que obliga a contratar uno es clara: si la otra parte tiene abogado o procurador, o si el asunto entra en tramitación judicial compleja, la asistencia profesional deja de ser opcional.
Los honorarios se pactan por escrito. Puede haber una consulta inicial que algunos abogados ofrecen sin coste y otros cobran; pregunta siempre antes. Las modalidades más habituales son el pacto de honorarios por horas, el presupuesto cerrado por tareas concretas (por ejemplo, preparación de la documentación del concurso) y el pacto por resultado que existe en la práctica profesional bajo distintas denominaciones, si ambas partes lo acuerdan y se refleja en el contrato. El contrato debe detallar qué gastos corren aparte, quién asume las gestiones de procurador cuando sean obligatorias y cómo se facturan las gestiones externas.
En procedimientos judiciales, la regla sobre las costas no siempre obliga a la parte perdedora a abonar las del contrario; depende del resultado y del criterio del tribunal. Si no puedes afrontar los honorarios, existe la posibilidad de solicitar justicia gratuita o acceder al turno de oficio; las condiciones y quién puede acogerse aparecen en la normativa de justicia gratuita. Consulta si tu colegio de abogados ofrece servicios de asistencia o remisión al turno de oficio para asuntos concursales o relacionados.
Depende del abogado. Algunos ofrecen la primera consulta sin coste para valorar si existe un problema concursal; otros la cobran. Pregunta siempre antes de la cita. En esa consulta pide que te expliquen qué documentación necesitan y si el asunto podría derivar en la intervención de un procurador o en trámites ante la Seguridad Social.
Sí, puedes cambiar de abogado en cualquier momento. La comunicación formal al juzgado y la coordinación con el procurador son necesarias cuando el proceso ya está en tramitación. Ten presente que el cambio suele implicar la necesidad de un nuevo poder y de acordar la factura pendiente con el letrado saliente.
No siempre. El tribunal puede condenar en costas a la parte que pierda según el resultado y el motivo de la demanda. En muchos procedimientos concursales o laborales el criterio sobre costas es restrictivo. Pregunta a tu abogado cómo se suelen repartir las costas en casos similares y si conviene negociar para evitar una condena en costas.
Un abogado puede negociar con acreedores, redactar acuerdos de refinanciación, enviar burofax con acuse de recibo y certificación de contenido para reclamar deudas, promover procedimientos extrajudiciales de negociación y preparar la documentación necesaria para solicitar medidas previstas en la Ley Concursal. También puede asesorar sobre alternativas a la vía judicial para evitar la apertura de un concurso.
La posibilidad existe, pero depende de tus circunstancias económicas y de los requisitos establecidos para la justicia gratuita. El turno de oficio cubre ciertos supuestos. Consulta con el servicio de justicia gratuita de tu colegio de abogados o con el propio abogado para valorar si cumples los requisitos y qué documentos hay que aportar.
