Abogados especializados en Derecho Concursal asesoran a empresas, autónomos, administradores y acreedores cuando la solvencia está comprometida. Te ayudan desde la prevención para evitar el concurso hasta la tramitación del procedimiento concursal según la Ley Concursal. Señal clara: si hay reclamaciones continuas de proveedores, ejecuciones en marcha, o propuestas de convenio sobre la mesa, necesitas consejo experto para valorar opciones y gestionar la comunicación con acreedores y juzgados.
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Casos más comunes en abogados especializados en derecho concursal
Un abogado concursal orienta en situaciones de insolvencia real o riesgo de insolvencia. Interviene en reestructuraciones de deuda, negociación de refinanciaciones con bancos y proveedores, y en la preparación y presentación de propuestas de convenio a los acreedores. Asume la dirección procesal en la apertura del concurso de acreedores y en las fases de liquidación, y representa a acreedores que impugnan créditos o medidas del administrador concursal.
También asesora a administradores sociales sobre responsabilidades por deudas sociales y sobre actuaciones internas para minimizar riesgos personales. En el ámbito laboral, coordina reclamaciones laborales y gestiona la papeleta de conciliación previa en el SMAC cuando procede. En materias de arrendamiento o contratos, tramita burofax con acuse de recibo y certificación de contenido para preservar pruebas. Puede promover procedimientos monitorios para reclamar deudas documentadas antes de acudir al concurso.
El trabajo abarca negociación, litigación ante juzgados de primera instancia y de lo social, recursos ante la audiencia provincial y coordinación con el procurador cuando la ley lo exige. También mantiene comunicación con instituciones como SEPE y la Seguridad Social en materia de cotizaciones y prestaciones.
Lo necesitas cuando las deudas se acumulan, las ejecuciones empiezan a materializarse o recibes ofertas de acreedores que implican perder el control de la empresa. Si hay comunicación de la administración tributaria o de la Seguridad Social reclamando pagos significativos, o si la otra parte ya ha iniciado procedimientos judiciales, un abogado concursal es imprescindible. También es esencial si te han propuesto un convenio o una refinanciación que condiciona la continuidad del negocio.
No siempre es imprescindible para gestiones puntuales de cobro o para consultas informativas: para reclamar una factura no cobrada puedes iniciar un procedimiento monitorio por tu cuenta si la deuda está documentada, y muchas delegaciones municipales o colegios profesionales ofrecen orientación gratuita sobre trámites administrativos. Sin embargo, cuando la contraparte tiene abogado, existe riesgo de responsabilidad personal para administradores, o se plantean acuerdos complejos con varios acreedores, conviene contar con un especialista.
Los honorarios se pactan por escrito. Modalidades habituales son la consulta inicial, que puede ser gratuita o remunerada según el despacho; tarifa por acto o por hora; y pactos por resultado cuando se admiten en el despacho, siempre especificados previamente. Es habitual firmar un presupuesto y un convenio de honorarios que detalle qué servicios incluyen y qué gastos externos se repercuten, como los del procurador o las tasas judiciales cuando procedan.
En procedimientos judiciales, el criterio sobre quién paga las costas se aplica según lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y puede implicar que la parte perdedora asuma parte de las costas. Si no puedes afrontar los costes, existe la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio, gestionado por el colegio de abogados local; la cobertura y los requisitos varían según la situación económica.
Además del abogado, en muchos procedimientos necesitarás procurador, cuyo coste es independiente del del abogado. Pregunta siempre qué concepto abarca el presupuesto: trabajo de negociación, contestación de demandas, asistencia en vistas, y seguimiento del administrador concursal.
Haz que todo acuerdo quede por escrito: honorarios, alcance del trabajo y la duración estimada del encargo.
Depende del despacho. Algunos ofrecen una primera orientación gratuita; otros cobran por la consulta. Pregunta al pedir cita si hay coste y qué incluye: revisión de documentación, valoración estratégica y la propuesta de encargo y honorarios.
Sí, puedes cambiar de abogado. Debes notificar el cambio y formalizar el nombramiento del nuevo abogado y, si la ley lo exige en ese procedimiento, del nuevo procurador. Ten en cuenta la coordinación para no perjudicar plazos procesales.
El pago de las costas se regula por la Ley de Enjuiciamiento Civil y depende del resultado y de la valoración judicial. Aunque puedas ser condenado en costas, el importe y su alcance se fijan en la resolución; es distinto de los honorarios que pactaste con tu propio abogado.
La asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio lo gestiona el colegio de abogados y cubre la defensa y representación para quienes acrediten insuficiencia de recursos. La cobertura y los requisitos dependen de la situación económica y de la materia del asunto.
En muchos procedimientos concursales es necesaria la intervención de procurador además del abogado. El procurador se encarga de la representación procesal formal y sus honorarios son independientes de los del abogado; pregunta siempre si tu caso exige procurador.
