Herencia y menores: cómo proteger los activos de un menor

¿Tienes razón?

Cuando un menor hereda, es verdad que necesita que alguien administre sus bienes hasta que alcance la mayoría de edad o la emancipación. Lo que determina cómo se gestionan los activos son: la existencia de testamento con nombramiento de tutor o albacea, si hay progenitores con patria potestad vigente y si hay medidas judiciales previas. En ausencia de testamento, la ley prevé fórmulas de protección (como la designación de tutor) y reglas para administrar el patrimonio del menor. La figura del albacea o del tutor con administración puede coincidir o no con los progenitores; si existen dudas sobre la idoneidad de quien administra, se puede pedir intervención judicial.

También hay que distinguir bienes consumibles e bienes que deben conservarse. Cuenta bancaria normal, por ejemplo, no es lo mismo que un inmueble: la administración prudente exige medidas distintas según el activo.

Cómo se soluciona

1. Reúne la documentación del patrimonio. Localiza escrituras, cuentas bancarias, pólizas de seguros de vida, valores y contratos. Haz inventario detallado y guarda copias. Si hay activos digitales, inclúyelos.

1. Acredita la condición de heredero del menor. Obtén el certificado de defunción del causante y la documentación que acredite la aceptación de la herencia o la declaración de herederos. Si en el testamento se nombró tutor o albacea, localiza esa escritura.

1. Determina quién debe administrar los bienes. Si hay progenitores con patria potestad, suelen ser los administradores naturales; si no la hay o existen dudas, es necesario pedir la designación judicial de tutor y de administrador de bienes. Un albacea nombrado en testamento puede asumir la administración si el testador así lo dispuso.

1. Protege el dinero líquido. Abre cuentas específicas para menores o depósitos a nombre del menor con la administración a quien corresponda. Evita que familiares o terceros tengan acceso sin control. Conserva todos los movimientos bancarios.

1. Preserva los bienes inmuebles y otros bienes relevantes. No vendas ni cedas inmuebles sin la autorización judicial necesaria. Si hay necesidad de vender para cubrir deudas, pide al juzgado autorización y justifica la operación como en interés del menor.

1. Documenta todo. Cada ingreso y gasto debe justificarse con factura y asiento en el inventario. Si la administración es negligente, se puede pedir rendición de cuentas y acciones judiciales.

Qué puedes hacer hoy: haz inventario y solicita los documentos notariales y registrales. Si eres progenitor o tutor provisional, abre una cuenta separada para el menor e ingresa allí los fondos heredados.

Qué hace un abogado: solicita la tutela o la autorización judicial para operaciones relevantes, redacta las escrituras necesarias, pide medidas de protección y, si procede, reclama rendición de cuentas a quienes hayan administrado mal.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta y acuerdo familiar: muchas gestiones se resuelven con el acuerdo entre progenitores, albacea y otros herederos para administrar conjuntamente los bienes del menor.

2) Acuerdo o intervención notarial y judicial: si hay conflicto sobre la administración, se puede pactar la intervención de un defensor judicial o solicitar al juzgado una medida de protección que regule la administración. Un acuerdo puede incluir la obligación de presentar cuentas periódicas.

3) Juicio y rendición de cuentas: si quien administra malversa o utiliza indebidamente los bienes, los herederos o el defensor del menor pueden pedir rendición de cuentas y exigir la restitución de los bienes. Si el juicio resulta contrario al administrador, éste puede tener que responder patrimonialmente y afrontar el pago de las costas.

Y si ganas, ¿cobras? Recuperar bienes depende de su existencia y de la solvencia del administrador negligente. Una sentencia es un título, pero el cobro efectivo puede requerir ejecuciones posteriores.

Errores que arruinan el caso

• Mezclar cuentas personales con las del menor: dificulta la rendición de cuentas y permite gastos indebidos.
• Vender o disponer de inmuebles sin autorización judicial cuando ésta es necesaria.
• No documentar gastos y transferencias: sin justificantes, demostrar un uso correcto es mucho más difícil.
• No solicitar intervención judicial ante sospecha de malversación: la demora complica recuperar fondos.
• Confiar en acuerdos verbales entre familiares sin dejar constancia escrita y legalmente vinculante.