Asesoran en las intersecciones entre tecnología y derecho: protección de datos y privacidad, ciberseguridad, delitos informáticos, contratos y licencias de software, responsabilidad por contenidos, comercio electrónico y cumplimiento normativo. Lo necesitas si la tecnología es el eje del conflicto: te han reclamado por un servicio digital, hay un incidente de seguridad con datos personales o te piden firmar o resolver un contrato de desarrollo o licencia. Si la cuestión es solo administrativa o puramente técnica, quizá baste un trámite o consulta técnica previa.
Cuéntanoslo y te lo analizamos gratis en un minuto: qué opciones tienes, qué urge y qué contarle al abogado.
Analizar mi caso gratis Sin compromiso · Gratis
Casos más comunes en derecho informático y nuevas tecnologías
Un abogado experto en esta materia trabaja los problemas donde la tecnología cruza la norma. Asesora en protección de datos personales y en el cumplimiento del reglamento y la normativa nacional, redacta y revisa políticas de privacidad y contratos de encargo de tratamiento. Gestiona notificaciones y sanciones ante la autoridad de control. Interviene en incidentes de ciberseguridad: análisis de responsabilidades, obligaciones de comunicación y coordinación con equipos técnicos y peritos. Defiende en causas por delitos informáticos y en reclamaciones por contenido ilícito o moderación en plataformas. Redacta contratos de desarrollo, mantenimiento y licencia de software, acuerdos de prestación de servicios en la nube y condiciones generales de venta para comercio electrónico. Atiende también reclamaciones por responsabilidad profesional de consultores TIC y disputas sobre propiedad intelectual aplicada al software y bases de datos.
Estos servicios se prestan tanto para particulares como para empresas y plataformas. Si tu problema implica juzgados de primera instancia o de lo social, o una apelación ante la audiencia provincial, el abogado te orientará sobre la vía procesal adecuada y, cuando haga falta, sobre la intervención de procurador.
Necesitas un abogado cuando la cuestión tiene consecuencias jurídicas relevantes o cuando otra parte ya actúa con asesoramiento legal. Señales claras son: una notificación de la autoridad de protección de datos; una demanda o requerimiento formal; una oferta de acuerdo económico; una brecha de seguridad con datos personales afectados; o un contrato complejo de desarrollo o licencia que vaya a regir una relación duradera. También conviene si hay riesgo de responsabilidad penal o disciplinaria.
No siempre hace falta abogado: para consultas puntuales sobre términos técnicos o para trámites administrativos sencillos puedes acudir primero a atención al cliente de la plataforma, a servicios de consumo de tu comunidad autónoma o a una consulta técnica. Para conflictos laborales concretos con componente TIC, suele requerirse la papeleta de conciliación previa (SMAC) antes de acudir a lo social. Si la cuestión es meramente técnica, consulta a un perito o a soporte; si contiene dudas legales, contrata abogado.
Los abonos pueden organizarse de varias formas. Existe la consulta inicial, que a veces es gratuita y otras no: conviene preguntar antes. El contrato de honorarios debe formalizarse por escrito: en él se explican las prestaciones, quién las presta y cómo se liquidan. Las modalidades habituales incluyen el pago por hora, la tarifa fija para trabajos concretos como la redacción de un contrato, y el pacto de resultado cuando legalmente procede, con las limitaciones que impone la deontología profesional. También se acuerdan anticipos para cubrir trabajo y gastos externos, y facturación por hitos en proyectos largos.
En procesos judiciales, la norma sobre costas puede hacer que la parte que pierde asuma parte de los gastos del procedimiento; pregunta siempre cómo se regula eso en tu caso concreto. Si no puedes pagar un abogado privado, existe el sistema de justicia gratuita y turno de oficio, con requisitos específicos para acceder y con un listado de servicios que cubre. Ten en cuenta la posible necesidad de procurador en determinados procedimientos y consulta si su intervención será obligatoria y cómo se facturará.
Preguntas clave para la primera consulta:
Pide siempre un presupuesto por escrito y un desglose de las tareas. Evita acuerdos verbales. Si la materia tiene componente autonómico (por ejemplo, protección de datos aplicados a competencias autonómicas o normativa de consumo regional), comprueba que conoce la normativa de tu comunidad autónoma.
Si el procedimiento es litigioso, infórmate sobre el sistema de recursos y sobre la posibilidad de resolución alternativa: mediación o acuerdos extrajudiciales pueden ser opción racional en conflictos tecnológicos. Respecto a sanciones administrativas por datos o comercio electrónico, un asesoramiento precoz reduce riesgos y puede evitar la vía sancionadora.
Depende del abogado. Algunos ofrecen una primera orientación gratuita; otros cobran por la consulta inicial. Pregunta antes de concertarla y solicita si existe un presupuesto por escrito para trabajos posteriores.
Sí, puedes cambiar de abogado. Es recomendable comunicarlo por escrito y gestionar la transferencia de expediente y poderes. Ten en cuenta los compromisos contractuales previos y cómo se liquidan honorarios y gastos acumulados.
En procedimientos judiciales, la regla sobre costas puede implicar que la parte perdedora comparta o asuma gastos procesales. Pregunta en la primera consulta cómo se aplica esa regla a tu caso y si es previsible solicitar la exonera
En muchos procedimientos civiles la intervención de procurador es necesaria además del abogado. El procurador se encarga de las notificaciones y representación procesal técnica; consulta si tu procedimiento exige su intervención y cómo se contrataría.
Ambos. El perito técnico analiza causas y medidas técnicas; el abogado coordina la estrategia legal, las comunicaciones con la autoridad de control y la gestión de responsabilidades. Contrata perito si hay necesidad de prueba técnica.
