Contratan abogados de arrendamientos y alquileres para todo lo relacionado con contratos de arrendamiento de vivienda, comercio o parqueadero: redactan y revisan contratos, analizan cláusulas abusivas, reclaman rentas impagadas y representan en procesos de desalojo. Necesita uno cuando la otra parte no cumple, cuando hay amenaza de desalojo o cuando hay riesgo de perder un derecho importante y la solución implique negociación o juicio ante juzgados civiles municipales y de circuito.
Cuéntanoslo y te lo analizamos gratis en un minuto: qué opciones tienes, qué urge y qué contarle al abogado.
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Casos más comunes en arrendamientos y alquileres
Un abogado de arrendamientos y alquileres en Colombia asesora y representa a arrendadores e inquilinos en todo lo que surge del contrato de arrendamiento. Entre sus labores están la redacción y revisión del contrato de arrendamiento para vivienda, local comercial o parqueadero; la identificación y negociación de cláusulas abusivas; la gestión para el cobro de rentas vencidas; la interposición o defensa de procesos de desalojo ante los juzgados civiles municipales y de circuito; y la ejecución o negociación de garantías contractuales como pólizas o depósitos. También asiste en la resolución de conflictos mediante conciliación extrajudicial en derecho cuando la ley exige intentarla antes de demandar.
Asesora sobre subarriendo, cesión de contrato, prórrogas y terminación anticipada; evalúa pruebas y prepara actuaciones procesales, incluidos recursos y contestaciones. Además ofrece apoyo para requerimientos formales como comunicaciones con constancia de recibido o derecho de petición frente a entidades cuando proceda. En situaciones que afectan derechos fundamentales relacionados con la vivienda, orienta sobre la PROCEDENCIA de la acción de tutela como medida complementaria.
Si tiene dudas para redactar o firmar un contrato estándar entre particulares y el monto no es controversial, puede usar modelos, la asesoría gratuita de Casas de Justicia o hacer una conciliación extrajudicial en derecho local. Para reclamaciones simples de algunos cobros o conflictos informales, la comunicación con constancia de recibido suele bastar.
Necesita abogado cuando la contraparte ya tiene asesoría legal, cuando está en juego la pérdida de la posesión del inmueble, cuando hay reclamaciones por rentas importantes o cuando la otra parte propone una solución económica que implique renuncias a derechos. También conviene cuando el asunto requiere litigio en juzgados civiles municipales y de circuito, o cuando hay indicios de fraude, firma de documentos con cláusulas abusivas o intervención de entidades regulatorias como la Superintendencia de Industria y Comercio. Si su conflicto afecta derechos fundamentales a la vivienda, el asunto puede requerir la interposición de acción de tutela.
Los honorarios se pactan por escrito y pueden tomar varias formas: tarifa por consulta, pacto por prestación de servicios profesionales documentado, o un acuerdo por resultado cuando esa modalidad sea aplicable y aceptada por las partes. En la primera entrevista pregunte si la consulta tiene costo y qué incluye. Es habitual convenir por escrito quién asume los gastos procesales y administrativos en caso de litigio; recuerde que las reglas sobre condena en costas se aplican según lo que ocurra en el proceso.
En asuntos con limitaciones económicas existe la posibilidad de acceder a asistencia jurídica gratuita por medio de la defensoría pública o programas de legalidad en Casas de Justicia, o de solicitar orientación en entidades como la Defensoría del Pueblo según la materia. Para empresas o arrendadores con cartera amplia se suelen establecer contratos de acompañamiento con facturación periódica. Siempre exija un acuerdo de honorarios que detalle fases del trabajo, posibilidad de subcontratar peritos y cómo se liquidan los desplazamientos y notificaciones.
Si el abogado evita dejar por escrito el acuerdo de honorarios, promete resultados garantizados, o no puede identificar claramente quién le representará en audiencia, considérelo una señal para buscar otra opinión. También desconfíe de quien minimiza la necesidad de pruebas o sugiere renuncias amplias a derechos sin explicar consecuencias.
Depende del abogado y del despacho. Algunos ofrecen primera orientación gratuita; otros cobran consulta. Pregunte antes de agendar y pida que el alcance de la consulta quede por escrito: duración, temas incluidos y si se entrega un plan de acción.
Sí. Usted puede revocar el poder otorgado y contratar a otro profesional. Exija que el relevo se documente por escrito para que el nuevo abogado pueda representar el caso ante los juzgados civiles municipales y de circuito; coordine la entrega de expedientes y poderes.
La condena en costas y costos procesales depende de lo que decida el juez y de las pruebas sobre la conducta procesal. En el acuerdo de honorarios debe aclararse quién asume gastos si hay condena en costas y cómo se gestionará esa eventualidad.
Es un intento de resolver el conflicto ante un conciliador autorizado antes de demandar en muchos asuntos civiles. En varios casos es requisito de procedibilidad. Sirve para negociar términos del contrato, pago de deudas o entrega del inmueble sin juicio y con menor costo.
Si no obtiene respuesta a una comunicación con constancia de recibido o a un derecho de petición cuando corresponda, su abogado evaluará las vías administrativas o judiciales pertinentes, incluyendo acciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio o la presentación de pruebas ante los juzgados civiles municipales y de circuito.
