Soy auditor o contable y me investigan por facilitar operaciones de blanqueo

¿Tienes razón?

Si usted es auditor o contador y ha recibido una notificación o citación por una investigación relacionada con lavado de activos, su situación dependerá de tres factores claves: la intención (si actuó para ocultar el origen ilícito), la diligencia profesional (si aplicó los estándares y procedimientos exigidos por su profesión y por las normas de prevención) y la documentación (si los trabajos están soportados con papeles, archivos electrónicos y registros de comunicación). Si actuó conforme a la normativa de prevención de lavado y cumplió los controles internos y los procedimientos de debida diligencia, su posición es generalmente sólida. Si, en cambio, existen órdenes de modificar documentos, omitir pasos o presentar información falsa, la situación es complicada.

Como checklist mental: 1) ¿conserva los papeles del expediente de auditoría, los informes y los papeles de trabajo? 2) ¿existen correos y actas que muestren que solicitó pruebas al cliente y no se las entregaron? 3) ¿hay instrucciones formales de la firma que usted siguió? 4) ¿recibió pagos en efectivo o transferencias atípicas por fuera de los honorarios registrados? Las respuestas a estas preguntas determinan la estrategia: si usted documentó diligencias, es más probable que pueda explicar las operaciones; si no las documentó, la Fiscalía o la autoridad puede alegar ausencia de controles.

Cómo se soluciona

1) Preserve la prueba. Guarde copias de todos los papeles de trabajo, correos electrónicos, mensajes profesionales, contratos, facturas, soportes de pagos, certificados de auditoría y cualquier evidencia de los procedimientos aplicados. Exporte chats profesionales y haga copias externas de discos y servidores. No borre nada; borrar empeora la situación.

2) Documente su versión por escrito. Haga un informe que explique los pasos hechos en el encargo: métodos, controles, solicitudes de documentación al cliente, respuestas recibidas y limitaciones encontradas. Feche y firme ese relato. No lo envíe a la autoridad sin asesoría; sirva para organizar la defensa.

3) Pregunte si hay alguna medida cautelar o prohibición de salida. Consulte con el área jurídica de su firma o con un abogado penalista especializado para saber las implicaciones prácticas de la investigación y para preparar la respuesta a requerimientos de la autoridad.

4) Reúna pruebas de la diligencia profesional. Busque normativas y manuales de la firma que indiquen protocolos de prevención de lavado, constancias de capacitación y registros de verificación del cliente (conozca a su cliente). Estos documentos prueban que actuó con la diligencia exigible.

5) Coordine con su firma y con su aseguradora de responsabilidad profesional. Informe lo ocurrido y obtenga cobertura de defensa si aplica; muchas pólizas cubren costos de defensa en investigaciones.

6) Evite comunicarse directamente con el cliente investigado sobre la investigación. No coordine borrado de evidencia ni solicite que altere documentos: hacerlo puede configurar un delito.

7) Si la autoridad solicita información, conteste con asesoría. La cooperación formal y documentada, si hecha con prudencia, suele ser mejor que el silencio; pero cada respuesta debe calibrarse con asesor penal para no incriminarse accidentalmente.

Acciones que usted puede hacer solo: reunir y ordenar la documentación, preparar un relato cronológico, exportar y guardar chats y correos. Acciones que requieren abogado: contestar citaciones formales, asistir a audiencias, negociar medidas cautelares y coordinar la estrategia frente a la Fiscalía o la autoridad competente.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una aclaración administrativa: muchas investigaciones se resuelven porque el profesional prueba que aplicó los controles y que no hubo intención delictiva. Un informe convincente y la documentación suelen cerrar el expediente sin sanción penal.

2) Acuerdo o sanción disciplinaria: si hay irregularidades formales (faltas en documentación, incumplimiento de protocolos), puede haber sanciones administrativas por parte del organismo regulador de la profesión o medidas disciplinarias internas de la firma. Un acuerdo disciplinario o una sanción administrativa puede afectar su reputación y requerir medidas de rectificación.

3) Juicio penal: si la autoridad considera que hubo participación dolosa (actos conscientes para facilitar la incorporación de activos ilícitos), puede iniciarse un proceso penal. En ese caso, la defensa tratará de probar diligencia, error blanco o falta de conocimiento. Si pierde el proceso penal, puede enfrentar consecuencias penales y económicas; si gana, el archivo del proceso no siempre repara la pérdida reputacional.

Y si gana, ¿cobro? En procesos penales no hay "cobro" comparable: ganar significa que se archiva la investigación o se absuelve, pero la recuperación de reputación y posibles indemnizaciones por daños reputacionales es incierta. Además, una sentencia favorable no garantiza que no haya consecuencias administrativas paralelas.

Errores que arruinan el caso

• Borrar o alterar correos, chats o papeles de trabajo. Eso suele interpretarse como ocultamiento y agrava la posición.
• No documentar solicitudes de información al cliente: la ausencia de solicitudes formales debilita la defensa.
• Hablar con el cliente investigado sobre la investigación y coordinar respuestas fuera de registro.
• Hacer declaraciones públicas sin asesoría o dar versiones contradictorias ante la autoridad.
• No informar a la aseguradora o a la firma a tiempo, perdiendo cobertura de defensa.