Has vendido o comprado un inmueble con fondos sospechosos: ¿qué debes saber?

¿Tienes razón?

Comprar o vender un inmueble no es en sí un delito, pero el sector inmobiliario puede usarse para introducir activos de origen ilícito. Lo que determina si hay riesgo es la procedencia del dinero con que se pagó, la forma en que se instrumentó la operación y la documentación que la respalde. Si la compra se hizo mediante pagos bancarios claros, con soportes de origen lícito del comprador y con las respectivas escrituras y registros, su situación es más segura.

En cambio, pagos en efectivo sin recibos, fraccionamiento de pagos para evitar controles, uso de sociedades pantalla, o recibos a nombre de terceros sin justificación real generan sospechas. También pesa si el precio de la operación está muy por debajo o por encima del valor de mercado sin justificación; eso puede indicar simulación.

La prueba que más pesa ante la autoridad es la trazabilidad del dinero: transferencias bancarias entre cuentas identificadas, documentación de venta previa de bienes que explique el origen de los fondos, declaraciones tributarias y contratos que acrediten la fuente. Su intención y la coherencia de su relato con esos documentos marcan la diferencia.

Cómo se soluciona

1. Reúna toda la documentación formal de la transacción: promesa de compraventa, escritura pública, certificados de tradición, recibos de pago, comprobantes bancarios y declaraciones de impuestos relacionadas. Si el pago incluyó créditos, obtenga el contrato de crédito y comprobantes de desembolso.

1. Documente el origen de los fondos. Si el comprador vendió otro bien para pagar, aporte la documentación de esa venta; si los fondos provinieron de ahorro, préstamos o herencia, reúna contratos de préstamo, declaraciones de renta o testamentos que lo expliquen. Si fue un préstamo, el reconocimiento de deuda firmado es valioso.

1. No efectúe operaciones adicionales que puedan interpretarse como ocultamiento si existe investigación. Evite transferir el inmueble a terceros o fraccionar la titularidad de forma inmediata.

1. Consulte con su abogado y con el notario. El notario y el abogado pueden ayudar a identificar vacíos documentales y recomendar regularizaciones. Si hay dudas sobre la procedencia, pedir un informe al banco o a su contador puede ser útil.

1. Si recibió una notificación o citación, no declare sin asesoría. Preparar la respuesta con el abogado protege frente a errores que agraven la acusación.

1. Si fue parte inocente que compró sin conocer la ilegitimidad de fondos, prepare una línea de defensa basada en la diligencia debida: documentación revisada en la operación y medidas que adoptó para verificar la procedencia.

Acciones sin abogado: recopilar escrituras, comprobantes de pago y cualquier documento que explique el origen de los recursos y entregarlos a su asesor.

Qué puede pasar

1) Se aclara documentalmente. Si la operación está respaldada por pagos bancarios, escrituras y pruebas del origen de los fondos, la investigación puede cerrarse o no avanzar. La existencia de documentación que demuestre diligencia compradora es muy útil.

2) Procedimientos administrativos o medidas cautelares. Las autoridades pueden practicar embargos o medidas preventivas sobre el bien mientras investigan, o pueden iniciar actuaciones administrativas que afecten al inmueble temporalmente.

3) Investigación penal por blanqueo u otros delitos económicos. Si se concluye que la operación fue utilizada para introducir activos ilícitos y hubo participación consciente, puede abrirse investigación penal. Si pierde el proceso, podría enfrentar sanciones penales y la afectación de los bienes. Además, una sentencia contra terceros puede complicar la restitución de activos.

Y si gana, ¿cobro? Una resolución favorable desvincula penalmente la operación, pero la reversión de medidas cautelares o la recuperación de reputación puede implicar procedimientos adicionales; la efectividad de la recuperación de activos depende del estado patrimonial de la otra parte.

Errores que arruinan el caso

• No conservar escrituras, recibos y comprobantes bancarios.
• Aceptar pagos en efectivo sin recibo o justificar mal el origen.
• Transferir el inmueble a terceros sin asesoría si hay signos de investigación.
• No coordinar defensa penal con asesoría notarial y contable.
• Firmar documentos que aparentan justificar la titularidad sin leerlos ni asesorarse.