Necesito iniciar un procedimiento de retorno internacional del menor (Convenio de La Haya)

¿Tienes razón?

El Convenio de La Haya se aplica cuando un menor ha sido trasladado o retenido de manera ilícita entre Estados parte del Convenio. Su caso encaja si el traslado o la retención ha violado los derechos de custodia que regían en el Estado de la residencia habitual del menor antes del traslado. Lo que determina si el Convenio procede es: si el país receptor y Colombia son Estados parte, si hubo sustracción o traslado sin consentimiento o sin orden judicial, y si la petición de retorno la formula quien tenía derechos de custodia en el momento del traslado.

No procede el Convenio si el tiempo transcurrido desde la llegada o retención alcanza niveles que justifiquen una excepción por la integración del menor en el nuevo entorno, o si existe un riesgo real de daño grave para el menor en caso de retorno. Estas son valoraciones que realiza la autoridad judicial o la Autoridad Central del país receptor.

Cómo se soluciona

1. Reúna toda la documentación: registro civil del menor, pruebas de parentesco, resolución judicial sobre custodia si existe, billetes, pasaporte y prueba del traslado. Incluya comunicaciones que muestren la ausencia de consentimiento o engaño.

1. Contacte a la Autoridad Central en Colombia: presente la solicitud formal para activar el mecanismo del Convenio. La Autoridad Central recibe la petición, asesora sobre el procedimiento y coordina con la Autoridad Central del Estado receptor.

1. Prepare la solicitud formal: con ayuda de un abogado o de la Autoridad Central, redacte la petición con la evidencia del traslado ilícito y la identidad de las personas implicadas. Incluya datos de contacto en el país receptor y toda prueba relevante.

1. Cooperación entre autoridades centrales: la Autoridad Central colombiana transmitirá la solicitud a la contraparte en el país receptor y hará seguimiento. En paralelo, podrá recomendar gestiones diplomáticas y asesoría local.

1. Acción judicial en el país receptor: una vez recibida la solicitud, la Autoridad Central del país receptor asistirá para que se tramite la petición de retorno ante los tribunales competentes. Es probable que se requiera un abogado local; la Autoridad Central facilita información y contactos.

1. Valoración judicial y posibles medidas provisionales: el tribunal evaluará si procede el retorno conforme al interés superior del menor. En algunos casos, se ordenan medidas provisionales para proteger al menor mientras se decide.

Qué puede hacer usted solo: reunir pruebas y presentar la solicitud a la Autoridad Central. Necesitará abogado para litigar en el país receptor y para preparar la documentación técnica que sustente la petición.

Qué puede pasar

1. Retorno ordenado: si el tribunal del país receptor considera que hubo traslado ilícito y no existe riesgo grave para el menor, puede ordenarse el retorno al país de residencia habitual. Esta es la finalidad del Convenio y suele lograr resultados efectivos cuando hay cooperación.

1. Solución por acuerdo: las partes pueden llegar a un acuerdo de retorno o régimen alternativo que respete la situación del menor. Un acuerdo formal puede ser más rápido que una decisión judicial y evitar desgaste.

1. Excepción y denegación: el tribunal puede negar el retorno si aprecia que el menor está en riesgo grave o que ha quedado suficientemente integrado en el nuevo entorno. Si la petición es denegada, la parte que solicita el retorno puede agotar recursos locales, pero la decisión puede ser definitiva en la práctica.

Y si gana, ¿cobro y ejecución? Una orden de retorno emanada de un tribunal en el país receptor suele ser ejecutable, pero la práctica exige coordinación entre autoridades; la Cancillería y la Autoridad Central ayudan en la ejecución, aunque pueden surgir demoras.

Errores que arruinan el caso

• Presentar pruebas incompletas o documentos no autenticados.
• No identificar correctamente la Autoridad Central o el Estado receptor del Convenio.
• Retrasar la solicitud: la demora puede debilitar la petición de retorno.
• No coordinar con un abogado local en el país receptor cuando la autoridad lo recomiende.
• Mezclar la petición bajo el Convenio con reclamaciones de custodia que requieren proceso separado.