Si tienes una sentencia que declara la paternidad y necesitas ejecutarla

¿Tienes razón?

Tener una sentencia que declara la paternidad le da un título judicial: acredita la filiación frente a terceros y abre la vía para exigir derechos (como la pensión de alimentos, la relación personal o la inclusión en registros). Lo que determina la eficacia práctica son tres cosas: primero, que la sentencia conste en el registro civil o en los sistemas donde deba inscribirse; segundo, la situación económica real del obligado para ejecutar prestaciones; tercero, si la otra parte cumple voluntariamente o si hace falta iniciar procedimientos de ejecución forzada.

La sentencia es el fundamento jurídico para pedir medidas: inscripción de la filiación, solicitud de pensión de alimentos, medidas de aseguramiento de bienes y, si procede, medidas sobre custodia y régimen de visitas. Sin embargo, la sentencia no se ejecuta sola; hay que pedir su ejecución y, muchas veces, practicar actos procesales para asegurar el cumplimiento.

Cómo se soluciona

1. Obtenga copia auténtica de la sentencia. Pida al juzgado que le expida copia ejecutoriada o el documento que acredite que la sentencia está firme o susceptible de ejecución. Ese documento será la base para inscribir la filiación en el registro civil y para iniciar la ejecución de obligaciones.

1. Inscriba la sentencia donde proceda. Si la sentencia declara la filiación y ordena la rectificación de partidas, vaya con la copia al Registrador Civil para que actualicen la partida de nacimiento. Esa inscripción hace pública la condición jurídica y facilita la actuación frente a terceros (EPS, colegios, entidades financieras).

1. Si la sentencia impone obligaciones (alimentos), prepare la ejecución. La ejecución puede comprender la imposición de apremios: embargo de salarios, cuentas o bienes. Para eso necesitará información sobre los bienes o ingresos del obligado: extractos bancarios, contratos de trabajo o documentación que permita localizar medios de pago.

1. Solicite medidas provisionales si el obligado incumple. El juez puede ordenar embargos, retenciones en la fuente o la imposición de multas y sanciones. En casos de incumplimiento reiterado, existen mecanismos penales o administrativos que pueden activarse dependiendo de la conducta.

1. Supervisión de cumplimiento y actualización. Verifique que los pagos se ejecuten y, si hay incumplimiento, vuelva al juzgado a pedir el cumplimiento forzado. Lleve constancia escrita de todos los incumplimientos y comunicaciones.

Qué puede hacer usted sin abogado: inscribir la sentencia en el registro y presentar la solicitud de ejecución si el juzgado acepta escritos sin apoderado. Sin embargo, ejecutar fondos, localizar bienes y solicitar embargos suele requerir experiencia técnica que un abogado aporta.

Qué puede pasar

1) Cumplimiento voluntario: lo más favorable. La otra parte comienza a cumplir las obligaciones ordenadas por la sentencia, lo que evita procedimientos de ejecución.

2) Acuerdo de cumplimiento. Aunque exista sentencia, las partes pueden negociar un calendario de pagos o un plan de cumplimiento que el juez homologue. Un acuerdo práctico puede asegurar ingresos regulares sin procedimientos coercitivos.

3) Ejecución forzada. Si la parte no cumple, el juez puede ordenar embargos sobre salarios, cuentas bancarias, inmuebles y otros bienes. La eficacia de la ejecución depende de la existencia de bienes aprovechables: una sentencia contra una persona insolvente puede quedarse en papel si no hay activos suficientes.

Y si gana, ¿cobro? La sentencia es el título para cobrar, pero su ejecución depende de bienes. Un fallo favorable no garantiza liquidez inmediata; puede requerir medidas de embargo o la localización de ingresos. Si el ejecutado es informal o no declara bienes, localizarlos puede requerir diligencias adicionales.

Errores que arruinan el caso

• No inscribir la sentencia en el registro civil: sin la inscripción puede ser más difícil hacerla valer frente a terceros.
• No pedir medidas cautelares cuando hay riesgo de que el obligado enajene bienes.
• No aportar información sobre ingresos del obligado: sin eso es difícil practicar embargos efectivos.
• Intentar ejecutar sin pruebas sólidas sobre la titularidad de bienes: los embargos mal pedidos se levantan y generan costas.
• No conservar comprobantes de incumplimiento: el historial de impagos facilita la imposición de sanciones.