Los abogados especializados en responsabilidad patrimonial de la Administración asesoran y representan a personas físicas y jurídicas que han sufrido daños como consecuencia de la acción u omisión de organismos públicos. Su labor no se limita a valorar si existe una obligación de indemnizar: incluyen la identificación del hecho dañoso, la recopilación y conducción de la prueba técnica y documental, la cuantificación económica del perjuicio y la presentación de la reclamación frente al órgano administrativo competente. Intervienen en todo tipo de supuestos: daños materiales, perjuicios económicos, lesiones personales, pérdidas de ingresos por decisiones administrativas, afecciones derivadas de obras públicas, expropiaciones, daños por servicios públicos problemáticos o negligentes, y errores registrales o catastrales que afectan derechos patrimoniales.
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