Defensa frente a delitos que afectan a empresas, mercados y patrimonios: fraude fiscal, blanqueo de capitales, delitos societarios como apropiación indebida o administración desleal, corrupción y delitos contra el mercado. Necesitas este abogado si hay investigación penal, diligencias de entrada, imputación judicial, medidas cautelares sobre bienes o riesgos penales para responsables de la empresa. Si solo es una consulta tributaria o un trámite administrativo sin investigación penal, quizá no haga falta abogado penalista.
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Casos más comunes en derecho penal económico y delitos financieros
Un abogado de esta especialidad defiende a personas físicas y jurídicas en investigaciones y procedimientos derivados de conductas que dañan el sistema económico y la confianza en los mercados. Trata asuntos como fraude fiscal en sede penal, blanqueo de capitales y trazado de orígenes de fondos, delitos societarios como apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental en cuentas o actas, corrupción entre particulares y con responsables públicos, delitos contra el mercado y los consumidores por prácticas engañosas, y delitos relativos a la contratación pública. También asesora en diligencias de entrada y registro, en la gestión de medidas cautelares sobre bienes o cuentas, y en la defensa frente a solicitudes de extradición y decomisos. Interviene ante la policía judicial, el juzgado de instrucción y la Audiencia Provincial, y coordina peritos contables y fiscales para desmontar las acusaciones económicas.
Lo necesitas cuando existe una investigación penal formal, cuando te han citado como investigado o acusado, cuando hay riesgo real de medidas cautelares sobre tu patrimonio o cuando la otra parte tiene representación legal. También cuando la fiscalía investiga hechos que pueden conllevar responsabilidad penal de administradores, directivos o profesionales. No siempre es necesario ante un conflicto meramente tributario o una gestión administrativa: muchas reclamaciones fiscales o recursos administrativos se resuelven con asesoría fiscal y administrativa sin acudir al derecho penal. Para cuestiones laborales o de Seguridad Social planta primero una papeleta de conciliación o consulta con asesoría laboral; para reclamaciones civiles por deudas puede bastar un procedimiento monitorio o la intervención de un procurador. Si te ofrecen acuerdos compensatorios sin garantías o hay riesgo reputacional y mediático, valora la intervención de un penalista especializado.
Los despachos suelen ofrecer una primera consulta de valoración que puede ser gratuita o con coste; conviene preguntar antes. Los honorarios se formalizan por escrito mediante un pacto de honorarios que detalla las prestaciones y la forma de pago. Las modalidades habituales son honorarios por trabajo, pagos por fases del procedimiento, o pactos de resultado cuando la normativa y la deontología lo permiten. Nunca aceptes encargos verbales: pide siempre un contrato que incluya quién será el responsable técnico del caso, las tareas incluidas y la previsión sobre las posibles costas procesales y quién podría abonarlas en caso de derrota. En muchos procedimientos es obligatorio contar además con procurador, con su coste añadido. Si no puedes afrontar los gastos, existe la asistencia jurídica gratuita a través del turno de oficio y la justicia gratuita gestionada por el Colegio de Abogados; consulta los requisitos en tu colegio correspondiente.
Depende del despacho. Algunos ofrecen una primera valoración gratuita; otros la cobran. Pregunta siempre antes de pedir la cita. En esa primera visita debes aclarar quién llevará tu caso, las líneas de defensa posibles y la modalidad de honorarios. Pide que lo que acordéis quede por escrito en el presupuesto o en el encargo profesional.
Sí, puedes cambiar de abogado cuando lo desees. Informa por escrito al despacho y, si procede, comunica el cambio al juzgado a través del procurador. Ten en cuenta que habrá que formalizar el nuevo encargo profesional y que el nuevo abogado necesitará tiempo para ponerse al día con las actuaciones y las pruebas ya practicadas.
En algunos procesos el tribunal puede imponer las costas al perdedor, pero no es automático ni siempre integra todos los conceptos. Las costas del abogado contrario se discuten en los escritos procesales y su imposición depende del resultado y del comportamiento procesal de las partes. Independientemente de las costas judiciales, los honorarios pactados con tu abogado son obligaciones distintas que debes atender según lo acordado en el encargo profesional.
Normalmente el abogado coordina y propone peritos, pero el coste del peritaje lo asume quien lo encarga, salvo pacto en contrario. Es importante dejar por escrito quién encarga y abona los trabajos periciales y cómo se justifica su necesidad frente al juzgado. El perito puede ser clave para desmontar la acusación en delitos económicos, así que valora su experiencia y curriculum.
Puedes solicitar asistencia jurídica gratuita mediante el turno de oficio o la aplicación de la justicia gratuita gestionada por el Colegio de Abogados. La concesión depende de los requisitos económicos y de las circunstancias del caso. Si se concede, el nuevo abogado y el procurador se designan por el turno de oficio y cubrirán la defensa penal dentro del alcance de la resolución administrativa.
