Ser investigado por supuesto uso de sociedades pantalla no implica que seas culpable; lo que cuenta es si las sociedades tuvieron actividad económica real y si las operaciones entre ellas eran justificadas. Conserva contratos, facturas, actas y movimientos bancarios; no destruyas pruebas y pide asistencia de un penalista con conocimientos mercantiles y de un perito que pueda reconstruir la operativa y acreditar la realidad económica de las sociedades.
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Tu defensa dependerá de cuatro factores: la existencia de actividad real y documentación de la sociedad (contratos, facturas, nóminas, locales, proveedores), el carácter y propósito económico de las transferencias entre sociedades, la separación efectiva entre patrimonio personal y societario y la presencia de indicios de simulación (titulares nominales, apoderados sin actuación, falta de operaciones con terceros). Si las sociedades funcionaban como meros instrumentos sin actividad y con movimientos que favorecían a un beneficiario para apartar bienes del alcance de acreedores o de la Hacienda Pública, la posición es débil. Si, en cambio, hubo una estructura operativa, con ingresos, contratos y registros contables coherentes, puedes acreditar que no se trató de ocultación sino de gestión empresarial.
Qué puedes hacer solo y cuándo llamar a un profesional
Y si ganas, ¿cobras? Un pronunciamiento favorable no garantiza la recuperación de activos si estos están deteriorados o si las sociedades carecen de bienes realizables.
Recopilar facturas y extractos lo puedes hacer tú, pero cuando hay investigación policial, inspecciones fiscales o riesgo real de imputación, necesitas un abogado penalista con experiencia en delitos económicos y un perito contable. Si la otra parte ya te ha reclamado o hay ofertas de acuerdo, contacta con un abogado: la intervención en ese momento suele ser determinante. Si no puedes costearlo, consulta el turno de oficio y valora la justicia gratuita.
Otros problemas frecuentes en derecho penal económico y delitos financieros
Pruebas de actividad: contratos con clientes, facturas, albaranes, nóminas, gastos operativos, arrendamientos y extractos bancarios que muestren cobros y pagos coherentes. También actas y poderes que reflejen toma de decisiones y documentación de proveedores o clientes reales.
Pueden existir responsabilidades si hay indicios de colaboración o conocimiento de maniobras fraudulentas. La responsabilidad se valora según la participación efectiva y la existencia de ánimo de defraudar.
Sí. Un perito puede reconstruir flujos, justificar precios y demostrar que las operaciones respondían a la actividad real, lo que reduce la fuerza de una acusación por uso de pantalla.
Liquidar sin asesoramiento puede perjudicarte. Antes de cualquier disolución, consulta con tu abogado para no destruir pruebas civiles o generar indicios de ocultación.
No siempre. Una irregularidad fiscal puede devenir penal si hay indicios de defraudación y ánimo de ocultar patrimonio. La diferencia radica en la gravedad y en la intención.
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