Me han abierto diligencias por insolvencia punible: ¿qué debo hacer?

¿Tienes razón?

En los expedientes por insolvencia punible se analizan tres ejes esenciales para determinar responsabilidad. Primero, la conducta de los gestores: actuaciones que agravan la insolvencia, ventas a precio inflado, disposición de bienes a terceros o pagos preferentes a acreedores vinculados. Segundo, la existencia de ocultación de patrimonio: transferencias a empresas pantalla, cesión de activos o triangulaciones que buscan poner bienes fuera de alcance de acreedores. Tercero, la administración previa y las decisiones contables: si se siguieron criterios normales de negocio o si se practicaron maniobras que buscaban claramente defraudar.

Tu posición será mejor si puedes demostrar que las decisiones empresariales respondieron a criterios de negocio razonables, que hubo intentos de restructuración y negociación con acreedores, o si existe documentación que pruebe que se informó del estado real a administradores y auditores. En cambio, la existencia de movimientos patrimoniales opacos, de pagos preferentes a entidades vinculadas o de instrucciones para ocultar activos suelen ser factores que atraen la intervención penal.

Además, en materia concursal y penal las fechas y la secuencia de eventos importan: el inicio de impagos, la conducta previa de la administración y la existencia de medidas de intento de liquidación o de reestructuración son elementos relevantes para valorar la responsabilidad.

Cómo se soluciona

1. No dispongas bienes ni realices operaciones que puedan interpretarse como ocultación. Limita la gestión ordinaria y evita transferencias no justificadas. Cualquier movimiento controvertido puede ser interpretado en tu contra.

1. Conserva y organiza la contabilidad y documentación financiera. Extrae balances, libros contables, conciliaciones bancarias y registros de pago. Si hay documentación que explique decisiones de negocio (propuestas de reestructuración, ofertas de financiación, actas de juntas), inclúyela.

1. Paralelamente, prepara una relación de acreedores y de las obligaciones pendientes, con fechas y montos. Esto ayuda a demostrar la secuencia y, si procede, a negociar soluciones extrajudiciales.

1. Busca asesoramiento experto en concursal y penal. Un abogado especializado en delitos económicos y en derecho concursal puede coordinar la respuesta: estrategia defensiva ante la Fiscalía, informes periciales contables que expliquen la dinámica económica y negociación con acreedores para evitar medidas más gravosas.

1. Valora la posibilidad de proponer medidas de colaboración: facilitar inventarios, proponer auditorías internas o presentar propuestas de pago con avales. La colaboración, cuando es real, puede aminorar la percepción de ocultación dolosa.

1. Si la autoridad propone medidas cautelares como embargos o la intervención de la gestión, coordina la respuesta técnica y jurídica para limitar su impacto y preservar activos necesarios para la continuidad del negocio, cuando proceda.

Acción inmediata: extraer y salvaguardar la documentación contable y bancaria, y no realizar transferencias controvertidas. Acción profesional: coordinación de peritaje económico y estrategia penal y concursal.

Qué puede pasar

1. Se resuelve mediante aclaraciones y negociación con acreedores. En muchos casos la explicación técnica de decisiones empresariales y la negociación con acreedores permiten superar la fase sin responsabilidad penal. Si la actuación fue negligente pero no deliberadamente fraudulenta, la vía civil o mercantil podrá ser suficiente.

1. Acuerdo o procedimiento judicial con sanción económica o responsabilidad civil. Si se detectan irregularidades pero no queda claro el dolo, puede plantearse responsabilidad civil o sanciones que se resuelven mediante acuerdos que respeten la viabilidad de la empresa o mediante medidas de reparación al patrimonio social.

1. Investigación penal y enjuiciamiento. Si la Fiscalía valora que hubo intención de defraudar a acreedores mediante ocultación, disposición fraudulenta de bienes o simulaciones, puede abrir piezas penales. En juicio la defensa debe demostrar ausencia de dolo o que las decisiones respondieron a una tentativa razonable de salvamento empresarial. Si se condena, la responsabilidad puede incluir sanciones penales y reparación económica, y la ejecución dependerá de la disponibilidad de bienes embargables.

Y si ganas, ¿cobras? La absolución o resolución favorable desvincula penalmente, pero si existen reclamaciones civiles por la insolvencia éstas se tramitarán por la vía correspondiente; la recuperación efectiva depende de la situación patrimonial del deudor.

Errores que arruinan el caso

• Seguir realizando transferencias a terceros vinculados sin justificación clara.

• Ocultar documentación o modificar asientos contables tras iniciarse las dudas.

• No solicitar peritaje contable que explique las decisiones empresariales y la situación patrimonial.

• Negociar de forma informal con acreedores sin dejar constancia escrita de propuestas y rechazos.

• Intentar fraccionar activos o desviar bienes a terceros sin justificación económica legítima.