Acusado de delito societario por cuentas falseadas: ¿cómo defenderme?

¿Tienes razón?

Que te imputen un delito societario por cuentas falseadas depende de tres cosas principales: la autoría, el ánimo y la concordancia entre la contabilidad y la realidad económica. Autoría: ¿quién hizo los asientos y quién aprobó las cuentas? Si eras el firmante formal, eso pesa mucho; si eras un director sin acceso a la contabilidad, tu situación es distinta. Ánimo: la ley penal exige que se pruebe un propósito ilícito (por ejemplo, ocultar pérdidas, defraudar a acreedores o a la Hacienda pública). Si las diferencias obedecen a errores de valoración o a criterios contables discutibles, la causa puede inclinarse hacia un conflicto contable-mercantil más que penal. Concordancia: la existencia de justificantes —facturas, contratos, albaranes— que respalden o contradigan los asientos es decisiva. Sin justificantes, la acusación podrá basarse en presunciones contables; con justificantes sólidos, la defensa tiene una vía de ataque clara.

A modo de checklist mental: busca quién firmó las cuentas, quién llevaba los libros, si hubo auditoría externa y qué papel jugó el auditor, y si hay comunicaciones internas que muestren instrucciones o presión. No confundas responsabilidad administrativa o mercantil (sanciones, nulidad) con responsabilidad penal: ambas pueden coexistir, pero piden pruebas distintas.

Cómo se soluciona

1. Reúne toda la documentación y preserva copias: libros contables, asientos auxiliares, extractos bancarios, facturas, contratos, correos electrónicos y actas de junta o consejo. Exporta las conversaciones de mensajería corporativa y guarda los archivos originales; no borres nada ni destruyas correos. Si un equipo técnico llevaba la contabilidad, pide esos ficheros y las copias de seguridad.

1. Organiza la prueba cronológicamente. Señala las partidas cuestionadas y encuentra el justificante que las respalda o, si inexistente, explica la razón comercial o contable. Si se trata de provisiones, reclasificaciones o estimaciones, reúne los documentos que justifiquen la valoración (informes, cálculos, correos con asesores).

1. No des declaraciones públicas ni privadas sin asesor. Si te llama el órgano investigativo, pregunta si puedes atender con abogado. Contacta cuanto quieras con asesoría especializada en derecho penal económico y en contabilidad forense. El abogado te dirá si pedir copia del atestado, ejercer tu derecho a no declarar y solicitar medidas alternativas a prisión o fianza si procede.

1. Solicita auditoría forense. Un perito contable independiente puede reconstruir los movimientos y explicar en lenguaje técnico por qué unas anotaciones son correctas o no. Si hay un auditor externo, revisa su trabajo y el informe de auditoría: puede ser determinante para la estrategia.

1. Identifica defensas técnicas: falta de dolo (intención), error excusable en aplicación de criterios contables, actuación bajo coacción o instrucciones superiores, o la existencia de autorización estatutaria para ciertas operaciones. La estrategia de defensa se construye combinando la técnica penal con la contable.

1. Valora alternativas extrajudiciales. En algunos casos se alcanza una resolución administrativa o mercantil que atenúa el riesgo penal. Si la acusación deriva de un conflicto entre socios, analiza soluciones societarias (revisión de cuentas, acuerdos de separación) que reduzcan la tensión y la probabilidad de una acción penal sostenida.

Distinción práctica: lo que puedes hacer solo (copiar documentos, recopilar conversaciones, exportar extractos) y lo que necesita abogado o perito (contestación a diligencias policiales, negociación con Fiscalía, diseño de peritaje, defensa en juicio).

Qué puede pasar

1) Se cierra con una solución documental o administrativa. Muchas investigaciones se solventan cuando la empresa aporta justificantes, auditorías o rectificaciones que aclaran los asientos. La reclamación se desactiva porque la pieza probatoria del fiscal se debilita.

2) Acuerdo o conformidad. En casos con responsabilidad compartida o daños efectivos a terceros, puede proponerse un acuerdo que incluya correcciones contables y, en ocasiones, responsabilidad civil. Un acuerdo por escrito puede ser preferible si reduce la exposición penal y evita un proceso largo; es una opción en la que el coste inmediato se contrasta con el riesgo procesal futuro.

3) Procedimiento penal y juicio. Si hay pruebas de intención dolosa, el fiscal puede promover acusación y el caso acaba en instrucción y, eventualmente, juicio. Si se pierde la causa penal, puede imponerse pena y responsabilidad civil; además, en sentencia se pueden acordar medidas complementarias, como inhabilitación para administrar sociedades. En caso de condena y la insolvencia del sujeto pasivo, la ejecución civil puede volverse dificultosa: una sentencia es eficaz para probar la obligación, pero cobrarla depende del patrimonio disponible.

Y si ganas, ¿cobras? Una sentencia absolutoria no genera derecho a recuperar los costos derivados del procedimiento más allá de lo que proceda legalmente; si hay responsabilidad civil reconocida a tu favor, su ejecución depende de la solvencia de la parte contraria.

Errores que arruinan el caso

• Borrar o alterar correos y ficheros: destruye la cadena de custodia de prueba y puede interpretarse como ocultación.
• Firmar rectificaciones contables sin asesoramiento: admitir hechos puede cerrar puertas de defensa y ser usado en tu contra.
• No pedir copia del atestado o no ejercitar el derecho a no declarar sin presencia de abogado: dejarse llevar por la presión policial o administrativa puede convertir una declaración mal preparada en prueba en tu contra.
• No instar un peritaje contable cuando la acusación se sustenta en criterios técnicos. Sin perito propio, la versión técnica queda a merced de la acusación.