He recibido un requerimiento de Hacienda por presunto delito fiscal: ¿qué hacer?

¿Tienes razón?

Para saber si el requerimiento tiene base conviene valorar tres cuestiones: (1) la existencia de indicios de ocultación o simulación de ingresos o bienes —por ejemplo facturación falsa, operaciones con prestatarios pantalla o posiciones en paraísos fiscales—; (2) el grado de coincidencia entre contabilidad, declaraciones y movimientos bancarios; y (3) la intencionalidad: errores contables no deliberados se tratan de forma distinta a maniobras diseñadas para defraudar.

Un requerimiento puede obedecer a discrepancias formales o a investigación por indicios serios. Si la documentación que aportes explica las discrepancias y justifica las operaciones, tu posición se fortalece. Si existen facturas sin contraprestación, cuentas en terceros o operaciones claramente simuladas, la situación se complica.

Distingue la vía administrativa —liquidación y sanción— de la penal: ambas pueden alimentarse mutuamente pero requieren estrategias distintas.

Cómo se soluciona

1. Reúne documentación completa.

• Declaraciones presentadas, facturas emitidas y recibidas, libros contables, contratos, extractos bancarios y justificantes de pagos.
• Exporta correos y acuerdos comerciales que expliquen operaciones atípicas.

1. No firmes ni reconozcas impuestos sin asesoramiento.

• Responder al requerimiento es obligatorio, pero hacerlo sin análisis puede implicar admisiones que se usan en penal.

1. Contrata asesor fiscal y abogado penal-fiscal.

• La defensa combinada es clave: el asesor fiscal aborda la regularización y la cuantificación, el penalista la repercusión responsable.

1. Valora la regularización y la negociación con Hacienda.

• Regularizar cantidades y solicitar acuerdos puede reducir sanciones y, en algunos supuestos, mitigar la vía penal. Hay que estudiar si la regularización sería entendida como reconocimiento de conducta dolosa.

1. Preparación pericial.

• Peritos contables y fiscales pueden demostrar la falta de dolo, errores de criterio o la legitimidad de ciertas operaciones.

Qué puedes hacer hoy: recopilar todo lo solicitado en el requerimiento y no enviar reconocimientos de hechos sin consultarlo con tu abogado.

Qué puede pasar

1) Se resuelve administrativamente: Hacienda puede cerrar el procedimiento con liquidación y sanción. Pagar o negociar puede evitar la derivación penal en algunos casos, pero no siempre.

2) Acuerdo con Hacienda: En ocasiones se negocia la regularización con reducción de sanción o fraccionamiento, lo que puede ser la opción práctica para evitar escalada penal.

3) Derivación al fiscal y juicio penal: Si existen indicios de delito fiscal, la investigación administrativa puede acompañar o dar paso a una causa penal. En juicio, una condena implica sanciones penales y responsabilidad civil por la deuda defraudada. Si pierdes, además de la penal, podrías asumir costas. Recuperar lo pagado o cobrar contra un insolvente depende del patrimonio del obligado.

Si ganas, ¿recuperas? En vía administrativa, reclamaciones y recursos pueden devolver cantidades. En vía penal, la absolución no siempre equivale a devolución automática; depende de las medidas cautelares adoptadas.

Errores que arruinan el caso

• Firmar acuerdos con Hacienda sin asesoramiento penal.
• No pedir un informe pericial que explique operaciones complejas.
• Destruir o modificar documentación tras recibir el requerimiento.
• Confiar únicamente en el asesor fiscal sin coordinar con un penalista cuando el requerimiento sugiere indicios de delito.
• No responder formalmente al requerimiento o hacerlo de forma incompleta: la omisión complica la defensa.