Mala praxis en el parto y lesión neonatal: pasos para reclamar

¿Tienes razón?

Determinar si existe mala praxis en el parto que provocó lesión neonatal exige evaluar varios elementos: la existencia de una norma de conducta médica aplicable, la desviación de esa norma por parte del equipo de salud, la relación causal entre esa desviación y la lesión del recién nacido, y la prueba del daño concreto (neurológico, respiratorio, motor, etc.). No todas las complicaciones neonatales implican mala praxis; algunas son riesgos inherentes al parto aun cuando la atención fue correcta.

La historia clínica es la pieza central: registros del trabajo de parto, tiempos de rotura de membranas, frecuencia cardiaca fetal, uso de fórceps o cesárea, pruebas de monitoreo y las decisiones tomadas por los médicos y personal de enfermería. Si el centro de salud o el médico omitió intervenciones relevantes, retrasó la atención o no documentó hallazgos críticos, eso puede indicar negligencia. También importa si el establecimiento tenía protocolos y si se siguieron.

Además del expediente médico, el pronóstico y la evolución del recién nacido (valoraciones neurológicas, estudios de imagen, seguimiento) son esenciales para cuantificar el daño y planificar la reparación. En casos de secuelas permanentes, la demanda no solo cubre gastos pasados, sino también tratamientos futuros, terapias y apoyo de por vida.

Cómo se soluciona

1. Solicita copia íntegra del expediente clínico. Hazlo por escrito y conserva acuse de recibo. Incluye registros de enfermería, partogramas, notas de anestesia y cualquier comunicación interna.

1. Reúne documentación complementaria: notas de urgencias, resultados de estudios neonatales, evaluaciones neurológicas y planes de rehabilitación. Guarda facturas y comprobantes de todo gasto médico.

1. Busca opinión médica independiente. Un especialista en neonatología o perinatología puede revisar el expediente y emitir un dictamen sobre si hubo desviación del estándar de atención y la relación causal con la lesión.

1. Considera vías administrativas y penales. Si hay indicios de negligencia grave, presenta queja ante la autoridad sanitaria estatal o ante la comisión de regulación correspondiente. Si la conducta podría constituir delito (por ejemplo, abandono, omisión de auxilio), presenta denuncia ante el Ministerio Público.

1. Negociación o demanda civil. Con dictámenes favorables, la negociación con el hospital o aseguradora puede incluir cobertura de tratamientos futuros, rehabilitación, educación especial y una indemnización. Si no hay acuerdo, la demanda civil exige peritajes médicos y económicos que cuantifiquen los gastos y necesidades a futuro.

1. Plan de atención integral. Documenta y solicita medidas para asegurar atención especializada, terapias y apoyo educativo para el menor; incluye en la reclamación los costos estimados por peritos en valoración económica.

Qué puede pasar

1) Acuerdo extrajudicial: El hospital o su aseguradora ofrecen cubrir tratamientos y un pago compensatorio. Ventaja: rapidez y atención continua. Riesgo: aceptar sin cubrir tratamientos futuros puede dejar fuera necesidades a largo plazo.

2) Conciliación administrativa: Algunas instituciones ofrecen mediación administrativa que puede resultar en convenios de atención integral y compensación.

3) Demanda civil y posible penal: La vía judicial exige dictámenes periciales que acrediten la relación causal. Si se obtiene sentencia favorable, se ordena la reparación; sin embargo, la ejecución depende de la situación patrimonial o de la existencia de pólizas.

Y si ganas, ¿cobras? Cobrar una sentencia que ordena pagos a largo plazo suele requerir mecanismos de aseguramiento (pólizas, embargos, pagos periódicos). Por eso es clave identificar la solvencia del demandado y la existencia de seguros desde el inicio.

Errores que arruinan el caso

• No pedir copia del expediente clínico o aceptar una versión incompleta. Sin el expediente, evaluar la atención es muy difícil.
• No obtener una segunda opinión médica independiente antes de negociar.
• Firmar convenios que limiten la atención futura del menor sin incluir cláusulas sobre tratamientos posteriores.
• Retrasar la denuncia o la queja administrativa sin recopilar pruebas médicas actualizadas.
• No cuantificar correctamente los gastos y necesidades futuras del niño con peritos en materia económica y rehabilitación.