Quiero solicitar medidas de seguridad si temo por la integridad del inmueble

¿Tienes razón?

La decisión sobre medidas de seguridad se basa en tres elementos: la valoración técnica del riesgo, la titularidad y responsabilidad sobre el inmueble y la existencia de un peligro inminente para personas o bienes. Un informe técnico elaborado por un profesional competente que describa el daño y su grado de urgencia es la pieza central. Si el riesgo afecta a la estructura, a instalaciones comunes o a la seguridad de terceros, la comunidad de propietarios, el Ayuntamiento o los servicios de urbanismo pueden intervenir. Si el riesgo deriva de la conducta de un inquilino (por ejemplo, uso inadecuado, obras sin licencia o almacenaje peligroso), el arrendador puede solicitar medidas contra el inquilino y, en su caso, medidas judiciales que permitan asegurar la conservación del bien.

Además, la obligatoriedad de actuar puede depender de la normativa local: algunas cuestiones de seguridad y edificación se regulan por ordenanzas municipales o por normativa autonómica, por lo que conviene comprobar qué organismo tiene competencia para ordenar la actuación y si existen ayudas o inspecciones técnicas que puedan facilitar la intervención.

Cómo se soluciona

1. Encarga un informe técnico. Un arquitecto, arquitecto técnico o técnico competente debe valorar la gravedad del daño, sus causas y las intervenciones necesarias. Pide un informe que incluya fotografías, croquis y un presupuesto aproximado. Conserva la factura y el documento original.
2. Documenta lo que puedas. Haz fotografías y vídeos con fecha y hora, solicita acta notarial si hay testigos o la comunidad puede levantar acta. Exporta conversaciones y guarda avisos y quejas que reflejen la conducta que genera el riesgo.
3. Reclamación fehaciente a la persona responsable. Envía una comunicación fehaciente (burofax con certificación de contenido) al inquilino o a la parte responsable exponiendo el informe técnico y requiriendo que adopte las medidas necesarias. Ofrece plazos y soluciones concretas y anuncia la posibilidad de acudir a la vía administrativa o judicial si no actúa.
4. Aviso a la comunidad y al Ayuntamiento. Si el riesgo afecta a elementos comunes o hay peligro para vecinos, informa a la comunidad de propietarios y, si procede, al servicio de urbanismo o al departamento municipal correspondiente para que realicen la inspección o adopten medidas. Las administraciones pueden ordenar intervenciones de urgencia en casos claros.
5. Acta notarial y requerimiento judicial. Si la parte responsable no actúa y hay peligro, solicita acta notarial para dejar constancia y, con asesoramiento legal, pide medidas cautelares o provisionales ante el Juzgado. Estas medidas persiguen asegurar la integridad del inmueble y evitar un daño mayor.
6. Ejecución de medidas de urgencia. Cuando existe riesgo inminente, las autoridades pueden ordenar la ejecución de obras de emergencia y repercutir su coste al responsable. Si actúas por tu cuenta en situación de peligro, documenta todo y guarda facturas y justificantes.

Acciones que puedes iniciar hoy: encargar el informe técnico, hacer fotos y vídeos, enviar la reclamación fehaciente y avisar a la comunidad o al Ayuntamiento. Necesitas abogado para tramitar medidas cautelares, articular la reclamación judicial y, si procede, pedir la ejecución forzosa y la reclamación de costes.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o actuación inmediata: a veces la simple presentación de un informe técnico y la reclamación fehaciente provocan que el responsable actúe y realice las obras necesarias. Es la opción más rápida y económica.

2) Acuerdo o intervención de la comunidad/administración: la comunidad puede aprobar la intervención y repercutir el coste al responsable; el Ayuntamiento puede ordenar obras de emergencia en bien de la seguridad. Un acuerdo con reparto de costes o una orden administrativa evita ir a juicio y obliga a ejecutar con mayor rapidez.

3) Juicio y medidas judiciales: si la parte responsable no asume la obligación, el Juzgado puede acordar medidas cautelares que permitan ejecutar las obras y reclamar el coste después. Si pierdes el pleito sobre la necesidad de las obras, podrías asumir las costas. Si ganas, la sentencia servirá para reclamar el coste y las posibles indemnizaciones, aunque cobrar dependerá de la solvencia del obligado.

Y si ganas, ¿cobras? La sentencia o la orden administrativa te permiten reclamar las cantidades gastadas, pero la recuperación efectiva depende de la capacidad económica del responsable y de la existencia de bienes embargables. Por eso es importante que, cuando sea posible, busques garantías y actúes con documentación clara.

Errores que arruinan el caso

• No encargar un informe técnico: sin valoración profesional es difícil justificar la urgencia o la necesidad de la intervención.
• No enviar reclamación fehaciente previa: llegar directo a la ejecución sin intentar avisar reduce tu capacidad probatoria y puede ser considerado actuación unilateral.
• No avisar a la comunidad o al Ayuntamiento cuando corresponde: pierdes una vía administrativa que puede obligar a actuar con rapidez.
• Destruir prueba o no guardar facturas y presupuestos: luego no podrás acreditar lo gastado ni la necesidad de la intervención.
• Hacer obras no justificadas y pretender repercutir el coste al responsable: eso facilita la impugnación y puede dejarte con gastos no reconocidos.