Problema por negligencia en centro público

¿Tienes razón?

En reclamaciones contra centros públicos lo que importa es probar tres cosas:

1) La actuación o la omisión del servicio sanitario y su desviación respecto a la norma de cuidado que debía prestarse. No basta con un mal resultado ocasional: hay que demostrar que el servicio actuó de manera contraria a la diligencia exigible.

2) La relación de causalidad entre esa actuación y el daño sufrido. Debes acreditar que el resultado adverso se debe a la actuación sanitaria y no a la evolución natural de la enfermedad o a factores ajenos.

3) La existencia del daño y su cuantía. Documentos médicos, informes, facturas y peritajes sirven para sustentar el perjuicio y su cuantificación.

La diferencia práctica frente a clínicas privadas es que la reclamación se dirige a la administración y se tramita por la vía de responsabilidad patrimonial del servicio público. Eso cambia trámites y destinatarios, pero los elementos de prueba son los mismos: historia clínica, peritajes y documentación del daño.

Si la historia clínica muestra omisiones, contradicciones o falta de seguimiento, y un perito concluye que hubo fallo asistencial, tienes base para reclamar. Si el daño era una complicación conocida e imprevisible pese a un correcto actuar, la reclamación será más débil.

Cómo se soluciona

1) Solicita la historia clínica y copias de todas las pruebas diagnósticas. Haz la petición por escrito o por el medio que el centro público establezca y guarda justificantes.

2) Registra las facturas y gastos derivados del daño (traslados, tratamientos privados, prótesis, medicación). Todo gasto relacionado es relevante para la valoración económica.

3) Presenta la reclamación de responsabilidad patrimonial ante el órgano competente de la administración sanitaria del servicio público correspondiente. Describe lo sucedido y adjunta la documentación clínica. Conserva el acuse y copia sellada de la presentación.

4) Obtén una valoración pericial médica si es posible. En la fase administrativa la administración puede ordenar un informe, pero tu perito independiente ayuda a sostener la reclamación.

5) Si la resolución administrativa es desfavorable o no satisface, puedes impugnarla ante los tribunales contencioso-administrativos. En ese proceso un abogado y procurador son casi siempre necesarios.

Qué puedes hacer por tu cuenta: pedir historia clínica, reunir facturas y presentar la reclamación administrativa. Cuándo necesitas abogado: al impugnar una denegación administrativa, para coordinar peritos y valorar acuerdos, o si la cuantía y complejidad del daño lo requieren. La interposición de una demanda contencioso-administrativa casi siempre exige representación letrada y procurador.

Qué puede pasar

1) Solución administrativa: la administración puede admitir la reclamación y ofrecer reparación o indemnización. Muchas reclamaciones se resuelven en esta fase si la prueba es clara.

2) Acuerdo: la administración y el reclamante pueden pactar una compensación por la vía administrativa para evitar el litigio contencioso.

3) Juicio contencioso-administrativo: si no hay acuerdo, la vía judicial es la alternativa. En caso de no prosperar, podrías no obtener indemnización y afrontar las costas del proceso según el resultado. Si ganas, la sentencia obligará a la administración a reparar el daño, pero la ejecución tiene sus trámites específicos.

Y si ganas, ¿cobras? Las sentencias contra la administración son títulos ejecutivos; sin embargo, la efectividad del cobro depende de los procedimientos de ejecución administrativa y judicial. A veces la administración puede ofrecer un acuerdo de pago fraccionado que conviene valorar.

Errores que arruinan el caso

• No pedir la historia clínica al centro público ni conservar las pruebas médicas.

• No presentar la reclamación administrativa ante el órgano competente: en asuntos contra la administración esa presentación es imprescindible.

• No conservar facturas y justificantes de gasto derivados del daño.

• No solicitar informes médicos independientes cuando la causa del daño es discutida.

• Intentar acudir directamente a los tribunales sin completar la vía administrativa cuando la ley aplicable lo exige.