Se han interpuesto denuncias falsas que impiden la custodia compartida

¿Tienes razón?

Las denuncias —incluso si son falsas— tienen efecto inmediato en la práctica: pueden motivar medidas cautelares que alteren la custodia. Sin embargo, la existencia de una denuncia no equivale a una condena ni a prueba definitiva. Los tribunales abren investigación y valoran las pruebas. Tres aspectos marcan si puedes recuperar o mantener la custodia compartida: la credibilidad y fuerza de las pruebas que sostienen la denuncia, la existencia de antecedentes o indicios objetivos que confirmen riesgo para el menor, y la rapidez con la que puedas aportar pruebas y obtener informes policiales, médicos o psicológicos que contradigan la acusación.

Es fundamental entender que el interés del menor prima: los jueces adoptan medidas cautelares para protegerlo hasta que se esclarezca la verdad. Si la denuncia plantea un riesgo verosímil, el tribunal puede limitar las estancias o imponer medidas de supervisión. Si la denuncia se desvirtúa, puedes solicitar la restitución de tus derechos parentales y pedir que se valore la imposición de medidas contra quien interpuso la denuncia si esta fue temeraria.

Cómo se soluciona

1) No minimices la denuncia. Aunque creas que es falsa, trata el asunto con seriedad: localiza y conserva toda la prueba que te pueda desvincular de la conducta imputada (mensajes, facturas, registros de presencia, testigos). Si hay partes de la acusación que son inventadas, procura documentación que muestre tu coartada o tu ausencia.

2) Solicita informes y pruebas objetivas. Pide informes médicos o policiales cuando correspondan; un parte médico que no corrobore la denuncia o registros que muestran horarios y ubicaciones pueden desmontar acusaciones de hechos concretos. Si hay grabaciones, testigos o comunicaciones que prueben la falsedad, recógelas y guárdalas de forma segura.

3) Comunicación a tu abogado y actuación inmediata. Un abogado te ayudará a solicitar la práctica de diligencias, a impugnar medidas provisionales desproporcionadas y a pedir la valoración de la denuncia en sede penal si procede. También te asesorará sobre si conviene promover la investigación penal por denuncia falsa o temeraria, o bien centrar la estrategia en el proceso civil sobre la guarda.

4) Colabora con los informes sociales y periciales. En procedimientos de familia, los servicios sociales y peritos psicológicos juegan un papel esencial. Facilita entrevistas y documentación que prueben la naturaleza de la relación con el menor y la inexistencia de riesgo. Un buen informe pericial puede equilibrar los efectos de una denuncia.

5) Intenta la vía de la conciliación si es posible. Cuando las denuncias proceden de conflictos personales y no hay riesgo objetivo, a veces la mediación puede ayudar a acordar formas de encontrarse con el menor bajo supervisión y, con el tiempo, restaurar estancias.

Qué puede pasar

1) Se arregla con medidas de protección y negociación. En ocasiones la parte denunciante acepta retractarse o pactar un régimen supervisado hasta aclarar los extremos. Un acuerdo controlado por un profesional puede restablecer progresivamente la confianza.

2) Acuerdo tras peritajes o informes. Si los informes periciales y sociales no corroboran el riesgo alegado, las partes pueden acordar la custodia compartida con protocolos de revisión. Firmar un acuerdo respaldado por peritos reduce la probabilidad de nuevos episodios.

3) Juicio penal/civil y consecuencias. Si la denuncia sigue adelante, el procedimiento penal determinará si hubo delito; en lo civil, el juez decidirá sobre la guarda tras valorar pruebas y dictámenes. Si pierdes en lo civil, podrías perder estancias o verlas limitadas; si la denuncia resulta ser falsa y esto se demuestra, puedes iniciar acciones por denuncia temeraria o por daños. En cuanto a costas, el tribunal valorará la conducta procesal; presentar una denuncia infundada no siempre conlleva inmediata sanción económica, pero puede tener repercusiones penales o civiles.

Sobre la ejecución de sentencias: conseguir una sentencia favorable no garantiza la reparación económica de daños ni la devolución automática de tiempo perdido con el menor; hay que valorar medidas de reparación y ejecución.

Errores que arruinan el caso

• Ignorar la denuncia o no actuar inmediatamente: la inactividad permite que se tomen medidas cautelares que luego son más difíciles de revertir.

• Atacar públicamente a la persona denunciante o comentar el proceso en redes sociales: puede empeorar la percepción judicial y perjudicar al menor.

• No presentar pruebas objetivas que desmientan la acusación: confiar solo en la palabra propia sin documentación reduce la credibilidad.

• No colaborar con peritos o servicios sociales: negarse a participar en evaluaciones puede interpretarse negativamente.

• Intentar recuperar la custodia sin una estrategia técnica: actuaciones impetuosas pueden dar pie a medidas restrictivas adicionales.