Me oponen la custodia compartida por antecedentes de violencia

¿Tienes razón?

La existencia de antecedentes de violencia es un factor relevante y, a menudo, decisivo en la valoración judicial, pero lo que realmente importa es su relación con la seguridad y el interés del menor. Tres ideas clave marcan la valoración: (1) la gravedad de los hechos y si hubo condena o medidas cautelares (perímetros de alejamiento, órdenes de protección); (2) la actualidad de los hechos —violencia antigua y superada mediante tratamiento puede ser valorada de forma distinta a una agresión reciente—; y (3) la existencia de informes que demuestren el riesgo para el menor (policiales, médicos, psicológicos o sociales).

Un antecedente que no tenga relación con la convivencia con el menor o que sea anecdótico puede no ser suficiente para denegar la custodia compartida; sin embargo, denuncia reciente o medidas de protección activas tienden a inclinar la balanza a favor de medidas que garanticen la seguridad: visitas supervisadas o custodia monoparental. El juez siempre pondera las pruebas y la idoneidad de la medida para proteger al menor.

Cómo se soluciona

1. Reúne la documentación: denuncia, partes médicos, órdenes de protección, diligencias policiales y cualquier resolución judicial. Si existe tratamiento o seguimiento psicológico, aporta informes que acrediten la reeducación o el seguimiento.

1. Si te acusan, prepara tu defensa con pruebas: testigos, informes que desmientan la gravedad de los hechos, o informes psicológicos que muestren la ausencia de riesgo. No intentes negociar a escondidas con la otra parte; que haya cooperación práctica y probada ayuda a la valoración.

1. Propón medidas intermedias si es necesario: régimen de contactos supervisados, entrega en lugares neutros, mediación asistida con profesionales, o un plan de seguridad que permita contactos controlados mientras se demuestra evolución.

1. Pide informe social y pericial: solicita que el juzgado ordene un informe social o una pericial psicológica que evalúe riesgos y la idoneidad de la custodia compartida. Estos informes son determinantes en la decisión judicial.

1. Evita conductas que refuercen la alarma: acercarte al domicilio protegido, incumplir órdenes de alejamiento o intentar contactos a través del menor empeora tu posición y puede llevar a sanciones penales o procesales.

Qué puede pasar

1) Se alcanza un acuerdo con medidas de protección: lo habitual cuando hay antecedentes menos graves es pactar un régimen con condiciones (entregas en lugares neutrales, horarios controlados, supervisión) mientras se valora la evolución. Esto protege al menor y mantiene el vínculo.

2) Informe social o pericial que condiciona la custodia: si los informes recomiendan limitar la custodia compartida, el juez puede imponer una custodia monoparental con régimen de visitas para el otro progenitor, o visitas supervisadas. Un informe favorable a la reintegración modula las medidas.

3) Juicio y denegación de la custodia compartida: si la prueba demuestra riesgo real para el menor, el juez puede negar la custodia compartida. Si pierdes la pretensión de custodiar compartidamente y se demuestra temeridad en las actuaciones, podrías afrontar consecuencias procesales.

Y si ganas, ¿cobras? Aquí no se trata de cobrar sino de proteger al menor. Una sentencia favorable obliga, pero la ejecución efectiva depende de la colaboración de la otra parte y de servicios sociales.

Errores que arruinan el caso

• Minimizar o negar antecedentes de violencia sin documentación: resta credibilidad.
• No aportar pruebas de tratamiento o cambio cuando las hay: si estás en un plan de rehabilitación, documentarlo ayuda mucho.
• Incumplir medidas cautelares o de protección: puede acarrear sanciones penales y remover cualquier posibilidad de custodia compartida.
• Forzar encuentros sin supervisión cuando hay órdenes de protección: es un grave error legal y de seguridad.
• No pedir informes sociales o periciales: confiar solo en la propia palabra ante un juez que necesita pruebas técnicas es un riesgo.