Mi grado de discapacidad ha sido rebajado y me han recortado la ayuda

¿Tienes razón?

Tres factores determinan si la rebaja del grado de discapacidad y el recorte de la ayuda son impugnables con probabilidades de éxito. Primero, la motivación de la resolución: la administración debe justificar por qué considera que ha disminuido la discapacidad. Si la motivación se basa en una exploración puntual sin valorar la repercusión funcional previa o ignora informes previos, tu caso tiene base. Segundo, la prueba que puedas aportar: informes médicos posteriores o previos que muestren limitaciones, pruebas objetivas y documentación de dependencia. Tercero, errores de procedimiento: notificaciones defectuosas, falta de motivación o de acceso al expediente son defectos que pueden invalidar la actuación.

Si la rebaja se sostiene en una valoración razonada y bien documentada, impugnarla es más difícil. Si, en cambio, hay contradicciones entre informes o no se han valorado pruebas claves, tienes argumentos sólidos para reclamar.

Cómo se soluciona

1. Pide la resolución motivada y el expediente completo. Solicita por escrito la resolución que explica la rebaja y la documentación clínica sobre la que se apoyaron. Sin esa motivación no puedes preparar una impugnación eficaz.

1. Reúne toda la documentación médica y funcional. Ordena informes anteriores y posteriores, resultados de pruebas diagnósticas, partes de incapacidad y documentación de apoyos o terapias. Si recibes ayuda de terceros o tienes limitaciones en actividades básicas, documenta con informes sociales o declaraciones de cuidadores.

1. Elabora una comparativa entre lo valorado y lo acreditado. Señala punto por punto las discrepancias entre la motivación administrativa y la prueba médica que aportas. Si la resolución no valora un informe clave, indícalo claramente.

1. Presenta alegaciones con prueba pericial si procede. Aporta informes de especialistas que contravengan la conclusión de la revisión y, si es posible, un informe pericial que explique por qué la rebaja no se ajusta a la realidad. Presenta estas alegaciones y pide que se reevalúe la decisión.

1. Considera la vía judicial si la administración confirma la rebaja. Si tras las alegaciones la administración mantiene la resolución, hay que valorar la impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, donde la prueba pericial y la documental serán decisivas.

Qué puedes hacer tú y qué necesita un profesional:

• Tú puedes pedir la resolución, recopilar informes y presentar alegaciones administrativas. También puedes pedir nuevos informes a tus especialistas.
• Necesitarás un abogado cuando la administración mantenga la rebaja y quieras impugnarla en vía judicial, y un perito médico cuando la cuestión sea técnica y haga falta contradecir la valoración administrativa.

Qué puede pasar

1) Restitución tras alegaciones. Si puedes probar que la valoración administrativa omitió o interpretó mal pruebas, la administración puede rectificar y restituir el grado y la ayuda.

2) Acuerdo técnico o reconocimiento parcial. Puede acordarse una valoración intermedia o una revisión más técnica que modifique la decisión sin litigar. Esto es útil cuando hay discrepancias médicas que pueden dirimirse con una pericia conjunta.

3) Juicio y posible confirmación del recorte. Si el asunto llega al juicio, el tribunal examinará la prueba y la motivación. Si pierdes, existe el riesgo de tener que asumir las costas en determinados supuestos; si ganas, la sentencia puede ordenar la reposición y la regularización de la ayuda, aunque los pagos pueden requerir trámites administrativos posteriores.

Y si ganas, ¿cobras? Una sentencia favorable obliga a la administración a ejecutar lo que se determine, pero el abono de atrasos puede requerir gestión administrativa y tiempos adicionales.

Errores que arruinan el caso

• No pedir la resolución motivada y el expediente antes de alegar.
• Presentar alegaciones sin relacionar los informes con los puntos concretos de la resolución.
• No aportar prueba cronológica que muestre estabilidad o empeoramiento de la discapacidad.
• No contar con un perito cuando la valoración administrativa se basa en criterios médicos discutibles.
• Firmar acuerdos o aceptar ofertas de la administración sin valorar la conveniencia con un abogado.