Tengo una discapacidad sobrevenida y no sé si puedo pedir pensión no contributiva

¿Tienes razón?

El acceso a la pensión no contributiva por discapacidad sobrevenida depende de la concurrencia de varios requisitos: el reconocimiento de un determinado grado de discapacidad, la acreditación de residencia y la comprobación de insuficiencia de recursos económicos. La discapacidad sobrevenida debe estar acreditada mediante informes médicos y certificados expedidos por los servicios sanitarios competentes o por equipos de valoración. No basta con la expresión de limitaciones: la administración exige dictámenes clínicos que describan la pérdida funcional y su repercusión en la vida diaria.

Por otra parte, la evaluación de la capacidad de la persona para realizar un trabajo remunerado puede influir en el diagnóstico administrativo. Si la discapacidad reduce la capacidad laboral hasta el grado que fija la normativa, se puede acceder a la pensión no contributiva. En la práctica, la administración examina expedientes médicos, informes de hospitales, informes de rehabilitación y, cuando procede, pruebas complementarias que muestren la evolución de la dolencia.

A esto se suma la valoración de los recursos económicos. Se analiza la renta y el patrimonio de la persona y de la unidad de convivencia. Si tienes familiares que te sostienen económica o materialmente, la administración los considerará en la valoración. Por tanto, el resultado final es el cruce entre la valoración sanitaria y la valoración económica.

Cómo se soluciona

Primero: solicita evaluación médica. Pide cita con tu médico de atención primaria y con los servicios de rehabilitación o de valoración de discapacidad de tu comunidad autónoma. Solicita todos los informes clínicos disponibles y pide que documenten claramente cómo la discapacidad afecta tus actividades diarias y tu capacidad laboral.

Segundo: solicita el certificado o el reconocimiento del grado de discapacidad en el organismo competente de tu comunidad autónoma. Ese procedimiento suele requerir la presentación de informes médicos y de otro personal sanitario que haya tratado tu caso.

Tercero: reúne la documentación económica. Extrae extractos bancarios, certificados de pensiones o ayudas, contratos de trabajo previos si existen, escrituras de bienes y cualquier documento que acredite ingresos o patrimonio de la unidad de convivencia.

Cuarto: presenta la solicitud de pensión no contributiva acompañada de los informes médicos y de la documentación económica ante la oficina competente. Conserva resguardo de la presentación y copia de todo lo entregado.

Quinto: si la administración solicita pruebas complementarias, atiende esas peticiones y aporta nuevos informes médicos o sociales. Si la solicitud es denegada, revisa la motivación y valora presentar recurso administrativo con apoyo de informes adicionales.

Qué hace un abogado: revisar la suficiencia de la prueba médica, coordinar con peritos médicos privados si es necesario y preparar el recurso administrativo o la impugnación judicial. En muchos supuestos, la presentación de peritaje complementario y un informe social bien redactado mejora la probabilidad de éxito.

Qué puede pasar

Primero, concesión administrativa. Si la documentación médica acredita el grado de discapacidad requerido y la valoración económica es favorable, la administración concede la pensión y ordena su abono.

Segundo, concesión tras recurso o mediación social. Si la denegación se basa en insuficiencia de la prueba médica, la aportación de nuevos informes o un dictamen pericial pueden revertir la decisión.

Tercero, litigio contencioso. Si no hay resolución favorable en la vía administrativa, podrás impugnar la denegación ante el tribunal contencioso administrativo. En ese proceso se valorará la prueba médica y la correcta aplicación de los requisitos por la administración.

Y si ganas, ¿cobras? Una sentencia favorable obliga a la administración a reconocer la prestación. La efectividad del cobro dependerá de la ejecución administrativa y de la determinación de los periodos retroactivos que reconozca la sentencia.

Errores que arruinan el caso

• No pedir ni conservar informes médicos detallados: los conceptos médicos genéricos no bastan.
• No coordinar informes sanitarios de distintos niveles asistenciales cuando la enfermedad necesita valoraciones complementarias.
• No acreditar los apoyos que recibes o la falta de ingresos en la unidad de convivencia.
• Asumir que una baja laboral basta como prueba de discapacidad; la administración exige evaluaciones específicas.
• No responder a requerimientos de la administración o no presentar peritaje clínico cuando se solicita.