Me abren un expediente por incompatibilidades en mi empleo público, ¿qué debo hacer?

¿Tienes razón?

Hay cuatro preguntas que determinan si la Administración tiene base para sancionarte o declararte incompatible: 1) qué norma se invoca (estatuto, normativa autonómica o régimen especial), 2) cuál es la actividad concreta que te imputan, 3) cuándo se produjo y si hubo declaración o autorización previa, y 4) qué prueba objetiva existe contra ti (contratos, facturas, registros administrativos, geolocalización, testigos).

Si la actividad es una colaboración puntual y la norma permite compatibilidades con autorización, tu posición puede ser fuerte si puedes acreditar que pediste permiso o que la actividad no reúne los requisitos de habitualidad o rendimiento incompatible. Si la Administración basa su expediente en sospechas genéricas, sin prueba documental, puedes rebatirlo con documentos y declaraciones. Si, por el contrario, existe un contrato a tu nombre, facturas o reconocimiento público de la actividad, la Administración tiene una base sólida y tendrás que centrar la defensa en criterios de proporcionalidad o en la correcta aplicación del régimen sancionador.

Otro factor decisivo es la existencia de comunicaciones internas o resoluciones previas (negativas o silencio administrativo) que afecten al cómputo de incompatibilidades. Cuando hay dudas sobre cuál es la autoridad competente para resolver o si la actividad es compatible por razón del tipo de puesto, conviene fijar la discusión en la interpretación normativa adecuada. En suma: tu caso depende de la norma que se aplique, de la actividad concreta, de si pediste o no autorización y de la prueba que exista en el expediente.

Cómo se soluciona

1) Solicita copia del expediente y de todos los documentos que la Administración tenga sobre tu caso. Pide el acceso por escrito y guarda el acuse. Reúne todo lo que tengas: contratos, facturas, correos, justificantes de servicios prestados, nóminas y cualquier comunicación en la que conste la actividad.

2) Haz un inventario de hechos y fechas. Señala cuándo empezaste la actividad, su duración, si fue esporádica o habitual, y si percibiste remuneración. Exporta conversaciones de WhatsApp o correos relevantes; no confíes en que el mensaje quede siempre en el móvil.

3) Redacta y presenta alegaciones por escrito dentro del trámite abierto (si las notificaciones te lo permiten). En las alegaciones identifica los errores materiales del expediente, aporta las pruebas y solicita expresamente la práctica de determinadas pruebas (por ejemplo, solicitud de información a terceros, testigos, comprobación de documentación contractual). Si tienes autorizaciones previas, inclúyelas.

4) Si no obtienes una resolución favorable en vía administrativa, puedes impugnarla ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Antes de litigar, valora si existe vía de recurso previa (recurso de alzada, recurso potestativo) según la normativa aplicable. La demanda judicial se basa en probar que la Administración no aplicó correctamente la norma, que la actividad no era incompatible o que la sanción es desproporcionada.

5) Qué puedes hacer tú y qué necesita abogado: puedes solicitar copia del expediente, reunir pruebas, presentar alegaciones y solicitar pruebas. Necesitarás abogado (y procurador cuando proceda) si la Administración te impone sanciones graves, pérdida de derechos retributivos, separación del servicio o si la resolución te resulta desfavorable y hay que presentar recurso contencioso. Un abogado te ayuda a articular la estrategia probatoria, solicitar medidas cautelares si procede y cuantificar el riesgo de costas.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una subsanación o corrección administrativa. Muchas actuaciones indebidas se solucionan aclarando fechas, aportando autorizaciones o demostrando que la actividad no tenía el carácter que se le atribuye. Un escrito bien fundamentado puede hacer que retiren la acusación o la rebajen.

2) Acuerdo o conciliación. La Administración puede imponer una sanción menor a cambio de no seguir el expediente, o reconocer la compatibilidad previa a cambio de un compromiso formal. A veces aceptar un acuerdo menor es razonable: evita el coste del litigio y el riesgo de empeorar la sanción. Valora la relación coste-beneficio antes de aceptar.

3) Juicio. Si no hay arreglo, puedes impugnar la resolución ante los tribunales contencioso-administrativos. Si ganas, la sentencia puede anular la resolución y obligar a la Administración a devolver derechos o reponer la situación anterior. Si pierdes, podrías asumir las costas procesales; la parte que pierde suele afrontar las costas pero hay matices según la sentencia, la complejidad y la conducta procesal de las partes. Además, una sentencia favorable puede quedar sin efecto práctico si la Administración carece de medios para cumplirla inmediatamente. Por eso la ejecución de la sentencia y la solvencia de la Administración pueden influir en la eficacia real de la victoria.

Y si ganas, ¿cobras? En términos prácticos, si la sentencia reconoce derechos económicos, la Administración deberá abonar lo establecido, aunque puede requerir un trámite de ejecución. Si la Administración es insolvente o recurre, el cobro puede demorarse.

Errores que arruinan el caso

• No pedir copia del expediente desde el primer momento. Si no conoces las pruebas en tu contra, no puedes rebatirlas.
• Borrar o no exportar comunicaciones relevantes (WhatsApp, correos). La pérdida de mensajes complica demostrar tu versión.
• Firmar reconocimientos o aceptar sanciones sin asesoramiento. Una firma puede cerrar vías de defensa.
• No solicitar la práctica de pruebas concretas durante el trámite administrativo: dejar que el expediente se sustancie solo limita tus opciones en sede judicial.
• Esperar a que te notifiquen la sanción máxima sin presentar alegaciones: la defensa temprana cambia el resultado.