Me sancionan por no reportar a la UIAF

¿Tienes razón?

Que le impongan una sanción por no reportar a la UIAF no significa que la sanción sea procedente. Hay tres elementos que determinan si la sanción se ajusta a la ley: si usted es un sujeto obligado según la normativa antilavado; si la operación cumplía los parámetros que obligan a reportar; y si hubo incumplimiento de los procedimientos internos y del SAGRILAFT (cuando aplica).

Si usted es una entidad financiera u organismo formalmente sujeto obligado, la expectativa de reporte es alta. Para otros prestadores de servicios, la obligación depende del tipo de actividad y montos. Además, la política interna, el modelo de riesgos y las instrucciones del oficial de cumplimiento pueden justificar la no presentación cuando hay dudas razonadas.

Otra cosa importante: la sanción administrativa se sustenta en la diligencia que se haya aplicado. Si usted documentó razonamientos, denuncias internas o análisis de riesgo antes de decidir no reportar, esa constancia puede neutralizar la sanción. En cambio, la ausencia total de registros formales, de pruebas de análisis y de actuación del oficial de cumplimiento empeora su posición.

Cómo se soluciona

1. Pida copia del expediente administrativo. Use un derecho de petición para obtener los actos administrativos y los fundamentos de la sanción, así como la prueba en que se apoyaron.

1. Reúna la documentación interna: manuales, políticas AML, registros de capacitación, actas del oficial de cumplimiento, correos y cualquier análisis o memoria que explique la decisión de no reportar.

1. Documente la operación: contratos, certificados de origen de fondos, comprobantes de pago, identificación del cliente y cualquier diligencia KYC practicada.

1. Prepare un recurso administrativo o impugnación ante la autoridad competente. En ese escrito, exponga la justificación técnica y procedimental: que se siguieron protocolos, que la tipificación de operación sospechosa no era clara o que existió error justificable.

1. Si la materia es compleja, promueva peritaje en cumplimiento normativo y en debida diligencia. Un experto puede explicar que la conducta se ajustó a la diligencia debida.

1. Evalúe medidas de mitigación: si la sanción es inminente, la entidad puede presentar evidencia de corrección de fallas, capacitación y adopción de mejoras en el SAGRILAFT.

Qué puede hacer usted directamente: solicitar el expediente, recopilar pruebas internas y presentar el recurso o la recusación. Qué necesita un abogado: diseñar la estrategia administrativa, practicar pruebas periciales, y, si hace falta, acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.

Qué puede pasar

1. La sanción se corrige con prueba: si logra demostrar diligencia o errores justificables, la autoridad puede retirar o reducir la sanción administrativamente.

1. Se acuerda una corrección administrativa: en ocasiones se acepta la corrección del procedimiento, se impone una medida formativa o se celebra un acuerdo donde la entidad implementa mejoras y paga una sanción menor.

1. Procede el acto sancionatorio y se impugna judicialmente: si la autoridad confirma la sanción, su recurso en sede contencioso administrativa puede revocar el acto. Si pierde en sede administrativa y en la jurisdicción, deberá asumir la sanción y los costos del proceso.

Y si gana, ¿cobra? Revocar la sanción no genera una indemnización automática por los gastos internos incurridos; la recuperación de costos suele ser compleja y depende de la vía que se utilice.

Errores que arruinan el caso

• No solicitar copia del expediente a tiempo y dejar que avance el procedimiento sin defensa documentada.
• No conservar registros internos de análisis KYC o de deliberaciones del oficial de cumplimiento.
• Presentar alegatos genéricos sin pruebas técnicas sobre la diligencia aplicada.
• Intentar justificar la omisión con argumentos informales en lugar de aportes periciales en compliance.
• No implementar medidas correctivas demostrables tras la notificación: la autoridad valora la corrección inmediata.