Me sancionan por no facilitar información al banco sobre una operación sospechosa

¿Tienes razón?

Tres cosas determinan si la sanción por no facilitar información al banco es ajustada a derecho: la naturaleza de la información requerida, la forma en que se le requirió y el fundamento normativo que invoque la entidad. Primero: qué le pidieron. Si la solicitud estaba dentro de los controles normales de prevención de lavado de activos —documentos de identificación, origen de fondos, contratos relacionados con la operación— el banco suele tener derecho a pedirlo. Si le pidieron datos que no guardan relación con la operación o documentos excesivamente íntimos sin justificación, su negativa puede estar mejor fundada.

Segundo: cómo se le requirió. Las entidades financieras deben realizar requerimientos con procedimientos establecidos, dejando constancia de la solicitud. Si lo único que hay son llamadas verbales sin registro o un mensaje informal, usted puede cuestionar la formalidad del requerimiento. Tercero: cuál es el fundamento. Los bancos actúan por cumplimiento de normas de prevención de lavado, políticas internas y, en ocasiones, por instrucciones de autoridades. Pida que le citen la norma o la política interna que motiva la solicitud. Si el banco no puede justificarla, la sanción está en duda.

Otros factores que favorecen su posición: si la operación ya tiene pruebas que acreditan su origen (contratos de compraventa, facturas, recibos de transferencia), si entregó parte de la documentación y la entidad respondió rechazándola sin motivación o si la solicitud vulnera derechos fundamentales (por ejemplo, datos irrelevantes o desproporcionados respecto a la operación). Si, por el contrario, su patrimonio o actividad tienen indicios objetivos que explican la sospecha, su defensa será más compleja.

Cómo se soluciona

1. Documente todo. Copie y guarde cualquier comunicación: correos, mensajes, registros de llamadas, constancias de no respuesta. Si la petición fue verbal, pida por escrito la misma solicitud. Descargue extractos bancarios, contratos, facturas y cualquier soporte que explique la operación. Exporta chats y guarda archivos en un lugar seguro.

1. Solicite por escrito la motivación de la sanción. Envíe un derecho de petición al banco pidiendo: la relación de hechos, la norma o política aplicable, la identificación del funcionario que solicitó la información y el procedimiento interno que se siguió. La entidad está obligada a responder en términos generales y a dejar constancia.

1. Reclama ante la entidad supervisora si corresponde. Dependiendo de la naturaleza de la sanción, puede acudir a la entidad reguladora financiera o a la autoridad que supervisa la prevención del lavado de activos; antes de hacerlo, reúna la documentación que justifique su alegato.

1. Negocie o aporte información complementaria. Con la evidencia ordenada, ofrézcala de forma fehaciente: copia de contratos, comprobantes de origen de fondos, documentación contable. Si el banco acepta y levanta la sanción, pida un documento firmado que lo confirme.

1. Si no hay solución, prepare la vía judicial. Reúna todos los soportes y presente una demanda o acción de tutela si se vulneran derechos fundamentales. Antes de iniciar, busque asesoría para valorar la estrategia y los costos. El profesional valorará si procede reclamar reparación o impugnar la sanción administrativa.

Qué puede hacer usted solo: documentar, enviar el derecho de petición y presentar pruebas de origen de fondos. Cuándo llamar a un abogado: si la entidad mantiene la sanción, si la sanción implica cierre de cuentas o pérdida de contratos, o si la autoridad ha abierto investigación penal o administrativa.

Qué puede pasar

1) Se arregla con intercambio documental y la sanción se levanta. Lo habitual: el banco pide pruebas adicionales y, si aportan, la medida se retira. Ventaja: solución rápida y sin costes judiciales.

2) Acuerdo o conciliación. Si la sanción causó perjuicios (multas contractuales, bloqueo temporal de servicios), puede proponerse una salida negociada: documento que deje constancia de la retirada de la medida y, si procede, una compensación. Un acuerdo puede interesar porque evita litigio y el riesgo asociado.

3) Litigio o investigación formal. Si el banco mantiene la sanción o remite su caso a autoridades, puede abrirse investigación administrativa o penal. En un proceso judicial, si usted pierde, la sentencia puede confirmar la actuación del banco y el coste de las costas procesales puede recaer en la parte perdedora. Además, una investigación que señale irregularidades puede generar efectos reputacionales y contractuales.

Y si gana, ¿cobra? Una decisión favorable permite revocar la sanción y, en su caso, obtener una reparación. Pero la ejecución frente a un banco que argumenta cumplimiento normativo puede ser compleja: si la entidad es solvente, cobrará; si su perjuicio es reputacional, la reparación puede quedar en declaraciones más que en dinero efectivo.

Errores que arruinan el caso

• No dejar constancia por escrito de las comunicaciones: aceptar llamadas sin pedir confirmación complica probar lo ocurrido.
• Borrar mensajes o no exportar chats que puedan probar su versión.
• Entregar documentos parciales sin orden ni contexto, que el banco puede interpretar como insuficientes.
• Admitir hechos por escrito que reconozcan omisiones o irregularidades sin consultar a un abogado.
• No pedir la motivación formal de la sanción ni la norma invocada: eso limita su posibilidad de impugnarla.