Acusación por transferencias internas entre sociedades del grupo: ¿qué puedes hacer?

¿Tienes razón?

Que las transferencias sean entre sociedades del mismo grupo no exonera de sospecha, pero tampoco las convierte de por sí en delito. Lo que determina si usted tiene una posición defendible son, al menos, estos factores:

• La trazabilidad del origen de los fondos: que queden justificadas con contratos, facturas, actas de la junta o decisiones de administración que expliquen la finalidad económica real.
• La documentación de la contraprestación: órdenes de compra, comprobantes de entrega de bienes o servicios, informes técnicos o contratos de prestación.
• La coherencia contable y fiscal: que las operaciones se registraron en libros y declaraciones, y que hubo retenciones o facturación cuando correspondía.
• La existencia de control interno y procedimientos KYC/AML aplicados por la entidad: políticas, reportes y decisiones que demuestren que la operación pasó por filtros de verificación.

Si en la práctica hay contratos, facturas firmadas, actas que respaldan la operación y registros bancarios que concuerdan, su posición es fuerte. Si la operación carece de soporte documental, o se hicieron múltiples movimientos para camuflarla, la sospecha se intensifica.

Cómo se soluciona

1. Reúna prueba inmediatamente. Copie y centralice: contratos, facturas, órdenes de compra, comprobantes bancarios, correos y chat donde se acuerde la operación, actas de junta o asambleas, informes de auditoría interna y conciliaciones bancarias. Exporta chats y correos con metadatos; no confíe en que permanezcan en las plataformas.

1. Suspenda cualquier destrucción de documentos. Mantenga los originales y haga copias. Si existe una investigación formal, evite alterar contabilidad o sistemas.

1. Pida acceso a la investigación o notificación formal. Si la autoridad o el banco envió algún requerimiento, obtenga copia y responda por escrito con pruebas; preserve el acuse de recibo.

1. Evalúe internamente la razón económica de cada transferencia. Prepare una memoria justificativa firmada por quien tomó la decisión: quién autorizó, por qué, y qué beneficio económico o operativo perseguía la empresa.

1. Consulte con un abogado penalista especializado en delitos económicos y compliance. Lleve la documentación organizada: el abogado prioriza identificar la exposición penal y la estrategia defensiva (aclaración documental, negociación con autoridad o preparación de declaración).

1. Si hay indicios de falla en controles internos, active medidas correctivas inmediatas: política de diligencia debida, registro de beneficiarios finales, y controles sobre cuentas vinculadas. Documente la implementación: eso pesa a su favor frente a autoridades.

1. Valore la colaboración con la autoridad. En algunos casos, aportar prueba limpia y colaborativa mejora la posición procesal, pero esa decisión debe tomarla un abogado con base en el estado concreto de la investigación.

Acciones que puede hacer usted hoy sin abogado: recopilar y ordenar la documentación, exportar comunicaciones, y preparar una memoria cronológica de hechos. Lo que necesita profesional para negociar con la Fiscalía o autoridad competente es la valoración técnica de la prueba.

Qué puede pasar

1) Se arregla con aclaración documental. La situación más frecuente es que, tras revisar la documentación, la autoridad o el banco entiendan que la operación tenía respaldo económico y cierre el asunto administrativamente o deje sin efectos la alarma. Un acuerdo rápido evita costes y reputación.

2) Acuerdo o conciliación. Puede salir una salida negociada con sanciones administrativas, multas o condiciones para mejorar controles —sobre todo en materia de prevención—. Aceptar un acuerdo puede ser razonable si evita un proceso largo y la sanción es proporcional; un acuerdo también puede imponer obligaciones de cumplimiento.

3) Juicio penal. Si la Fiscalía encuentra indicios de conducta deliberada para ocultar origen ilícito, se abre investigación penal. Aquí hay riesgos: además del reproche penal, puede haber medidas cautelares sobre activos y reputacionales. Si se pierde el juicio, la carga de costas depende de la decisión judicial y de si la defensa fue dilatoria. Y si se obtiene sentencia favorable, cobrarla contra bienes insolventes puede ser difícil: una sentencia no garantiza ejecución efectiva si no hay activos.

Y si gana, ¿cobro? Una sentencia absolutoria elimina la responsabilidad penal, pero no devuelve reputación ni los costes en tiempo y dinero empleados. Si la autoridad ordenó medidas cautelares sobre activos, su levantamiento requerirá pasos adicionales.

Errores que arruinan el caso

• Borrar correos o chats, o cambiar asientos contables tras conocer una revisión: eso añade indicios de ocultamiento.
• No documentar decisiones internas: actas sin firma, órdenes verbales sin respaldo.
• Responder a la autoridad sin pruebas organizadas o sin asesoría técnica: contestar a ciegas puede dejar agujeros probatorios.
• No separar funciones en los controles: quien autoriza y quien registra deben ser distintos para demostrar diligencia.