Me acusan de ser testaferro (prestanombre)

¿Tienes razón?

Tres cuestiones son claves para saber si la acusación tiene fundamento. La primera es la intención: la acusación de testaferro se sostiene cuando la Fiscalía o la autoridad acredita que usted aceptó voluntariamente figurar como titular para ocultar la identidad del verdadero dueño. Si usted puede demostrar que actuó por razones lícitas —por ejemplo, como fiduciario, por prestación de servicios o por confianza mal entendida— su posición mejora. La segunda es la transparencia en la operación: contratos, correos, transferencias, acreditaciones contables y comunicaciones que expliquen la relación con el verdadero propietario reducen la carga probatoria de la acusación. La tercera es el beneficio económico: si usted no recibió provecho patrimonial directo, puede argumentar que no hubo ánimo de ocultamiento.

En la práctica, muchas acusaciones nacen de relaciones familiares o empresariales donde hubo delegaciones de formalidades. No ser el propietario de hecho no equivale a ser prestanombre: la diferencia está en la intención y en la prueba que muestre cuál era la finalidad de la operación.

Cómo se soluciona

1. Documente su versión y conserve pruebas. Reúna contratos, correos, comprobantes de pago por servicios, actas societarias, poderes y cualquier documento que explique por qué usted aparece como titular. Si actuó como apoderado o gerente, busque evidencia de los mandatos y de las retribuciones que recibió.

1. Solicite copia de la actuación investigativa. Pida por escrito copia de los actos que le afecten: imputaciones, pruebas incorporadas y fundamentos de la acusación. Tener el expediente le permite identificar las pruebas en su contra y las lagunas en la investigación.

1. Prepare la defensa técnica. En la etapa de investigación se pueden aportar pruebas que acrediten la legitimidad de la titularidad: contratos mercantiles, declaraciones de impuestos, comprobantes de ingresos y testigos que expliquen la relación con el propietario real. También puede presentar recusaciones de pruebas que fueron obtenidas de forma irregular.

1. Valore negociación o arreglo técnico. En algunos casos, se puede plantear ante la autoridad la posibilidad de colaborar para establecer la titularidad real o proponer medidas alternativas que eviten la apertura de un proceso penal contra usted. Este tipo de estrategias deben planearse con asesoría especializada.

1. Si hay imputación formal, acuda a un abogado penalista especializado. El tema se complica en sede penal cuando la acusación incluye conductas como ocultamiento, tráfico de influencias o participación en organización criminal. La asesoría debe ser inmediata para preparar descargos, pruebas y solicitar medidas que protejan su patrimonio.

Qué puede hacer solo y qué con abogado: juntar contratos y comprobantes básicos se puede hacer sin abogado. Sin embargo, impugnar pruebas, diseñar estrategias defensivas frente a Fiscalía o negociar acuerdos técnicos exige un abogado con experiencia en delitos económicos.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o prueba documental. Muchas acusaciones se desinflan cuando el acusado aporta documentación que demuestra la legítima razón para su aparición como titular. La autoridad puede archivar la investigación o retirar la imputación si la evidencia desmonta el elemento intencional.

2) Acuerdo o medida alternativa. Puede llegar a soluciones que impliquen aclaración registral, afectación patrimonial voluntaria o compensaciones pactadas con la autoridad. Estas soluciones evitan un proceso largo y la exposición mediática.

3) Juicio penal. Si la Fiscalía considera que hay indicios suficientes, el caso puede avanzar a juicio. En ese escenario, si la persona resulta condenada, habrá consecuencias penales y patrimoniales. Si no se prueba la conducta, se obtiene la absolución. Y si obtiene sentencia favorable, la ejecución dependerá del patrimonio del condenado: una sentencia sin bienes del condenado puede ser difícil de cobrar.

En caso de perder el proceso, además del riesgo penal, puede sufrir afectación reputacional y restricciones sobre su patrimonio. El pago de costas y sanciones depende de la decisión judicial y de si la actuación fue considerada temeraria.

Errores que arruinan el caso

• No conservar contratos, recibos o comprobantes de pago que expliquen su actuación.
• Cambiar versiones ante distintas autoridades: contradicciones en su relato dañan su credibilidad.
• Firmar documentos que aparenten aceptar la condición de prestanombre sin entender su alcance.
• Hablar por teléfono o en redes sociales sobre el asunto sin asesoría: declaraciones públicas pueden usarse en su contra.
• No pedir copia del expediente o no impugnar pruebas obtenidas sin legalidad.