Una empresa extranjera no paga una factura internacional

¿Tienes razón?

Tener razón en una deuda internacional depende de la prueba documental y de la jurisdicción aplicable. Lo esencial es: contrato (escrito o, en su defecto, pruebas del acuerdo), factura o albarán, comprobantes de entrega o de prestación del servicio, y las comunicaciones donde la empresa reconoce o discute la deuda. Si tienes un contrato con cláusula de jurisdicción o de ley aplicable, esa cláusula orienta dónde demandar. Si no la hay, habrá que valorar la conexión con España: lugar de cumplimiento, domicilio del deudor o de la prestación.

La solvencia del deudor también cuenta: ganar en un juzgado en el país del deudor no garantiza que cobres si no hay activos o si el país tiene dificultades para ejecutar sentencias extranjeras. Por esa razón, el análisis sobre la posibilidad real de cobro es tan importante como la existencia misma de la deuda.

Cómo se soluciona

1. Reúne la prueba de crédito: contrato, factura, albaranes, correos, aceptación del pedido, y cualquier justificante de transporte o entrega. Exporta y guarda las conversaciones comerciales en un formato no editable.

1. Reclama por escrito de forma fehaciente: envía una reclamación con constancia certificada de contenido (o el equivalente internacional) donde exijas el pago y ofrezcas un plazo razonable para pagar. Conserva el acuse o constancia de recepción.

1. Valoración de la jurisdicción y la ley aplicable. Revisa el contrato para ver si hay cláusula sobre foro o ley. Si la empresa se niega y no hay cláusula, decide dónde es más práctico demandar: en España si existen activos o la empresa tiene establecimiento aquí, o en el país del deudor si no.

1. Procedimiento de reclamación: en muchos casos la vía empieza por una reclamación extrajudicial y puede pasar a un procedimiento monitorio o su equivalente en el país correspondiente. Para reclamar en España es necesario acreditar la deuda documentalmente; en otros países existen procedimientos similares.

1. Ejecución de la resolución: si obtienes resolución firme en España y la parte tiene bienes aquí, procede la ejecución. Si la resolución es en el extranjero, habrá que solicitar su reconocimiento y ejecución en el país donde estén los bienes.

1. Alternativas: negociar un acuerdo de pago, cesión de deuda a una agencia de cobro o uso de mediación internacional. A veces aceptar un pago parcial o fraccionado compensa frente a un litigio costoso en otro país.

Qué puedes hacer por tu cuenta: enviar reclamaciones fehacientes, conservar todas las pruebas y buscar información sobre la empresa (registro mercantil del país, balance si es público). Cuándo necesitas abogado: para demandar en España, para tramitar reconocimiento/exequátur de sentencias extranjeras, o para valorar alternativas de cobro en otros países.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta y pago voluntario.

Frecuentemente, una reclamación bien planteada provoca el pago. Esto suele ser la salida más simple: el deudor paga para evitar costes mayores.

2) Acuerdo o refinanciación.

Negociar un plan de pagos o una quita puede ser la solución práctica: recibir algo hoy puede ser mejor que ganar un juicio que luego no puedas cobrar. Valora la solvencia y las garantías que te ofrezcan.

3) Juicio y ejecución internacional.

Si vas a juicio y obtienes sentencia, deberás ejecutarla donde estén los bienes del deudor. Si la empresa no tiene activos locales, la sentencia puede resultar papel mojado: una victoria judicial sin posibilidad de cobro.

Y si ganas, ¿cobro? La ejecución depende de la localización de los bienes y de la cooperación judicial del país en cuestión. Una sentencia favorable en España es útil si la empresa tiene presencia o bienes en España; si no, tendrás que reconocer y ejecutar la sentencia en el extranjero.

Errores que arruinan el caso

• No documentar la prestación o entrega: sin pruebas claras, reclamar es mucho más difícil.

• No conservar comunicaciones comerciales y aceptar pagos informales sin recibo.

• Empezar un pleito en un país donde la deudora no tiene activos: ganes o pierdas, cobrar será complicado.

• No comprobar la solvencia antes de litigar: litigar contra un insolvente puede salir caro.

• No formalizar acuerdos de pago por escrito y con garantías: confiar en promesas orales suele acabar mal.