Tengo criptomonedas incautadas en un procedimiento judicial

¿Tienes razón?

La incautación judicial de criptomonedas se basa en la existencia de indicios vinculantes con una conducta ilícita o en la necesidad de asegurar bienes que puedan ser objeto de decomiso. Lo que determinará si la incautación es correcta son varios elementos: la formalidad de la actuación policial o judicial que ordena la medida, la prueba que relaciona esos activos con hechos delictivos, la identidad del titular que figura ante los exchanges o servicios custodiadores, y si han respetado tus derechos procesales al ejecutar la medida. Si puedes acreditar que los activos son de origen lícito y que existen terceros que avalan su procedencia, tienes base para impugnar la incautación. Si, por el contrario, la autoridad aporta indicios sólidos de ilicitud, la medida puede mantenerse y dar pie a una eventual decomiso.

Cómo se soluciona

1. Solicita copia del auto o resolución y del expediente. Debes conocer los motivos formales por los que se acordó la incautación y las pruebas que la sustentan. Un abogado te ayudará a identificar vicios de forma o fondo que permitan impugnar la medida.

1. Reúne pruebas de titularidad y origen: registros contables, extractos bancarios, contratos de compraventa, comunicaciones con exchanges que acrediten la identidad y la compra con moneda fiat. Si tenías custodia por un tercero, solicita los contratos y pruebas de custodia.

1. Presenta recursos contra la medida cautelar si proceden. Un abogado penalista puede pedir la modificación de la medida, la devolución parcial de fondos necesarios para defensa y subsistencia o la sustitución de la incautación por otras medidas menos gravosas.

1. Coordina peritaje técnico que explique la trazabilidad on‑chain y, si procede, identifique si los movimientos atribuidos a ti fueron realizados desde tus dispositivos o por terceros. En casos con cuentas compartidas o actividad delegada, la pericia técnica y forense puede demostrar ausencia de control.

1. Negocia con el Ministerio Fiscal o con la defensa de la parte acusadora acuerdos de colaboración o soluciones alternativas. En algunos escenarios, la restitución parcial o la liberación condicionada de fondos es posible mediante acuerdos procesales que preserven la garantía del procedimiento.

Qué puedes hacer tú y qué necesita un profesional: pide el expediente y recopila la documentación probatoria; no intentes recuperar los fondos por tu cuenta ni contactar con empleados de las plataformas para presionar. Necesitas un abogado si quieres impugnar la incautación, solicitar medidas alternativas o presentar un plan de garantías; en muchos casos conviene sumar peritos técnicos y contables para avalar la petición.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o solicitud: si acreditas el origen lícito y la medida no cumplió las formalidades, la autoridad puede aceptar devolver los activos o levantar la incautación respecto de determinados importes. Es la solución más rápida cuando la documentación es clara.

2) Acuerdo procesal: en procedimientos complejos se puede pactar la conservación de parte de los activos como garantía mientras se permite el uso de otra parte para necesidades vitales o para costear defensa. Un acuerdo puede evitar la pérdida definitiva de todo el patrimonio.

3) Juicio y decomiso: si la investigación concluye que los fondos proceden de delito, el tribunal puede decretar el decomiso definitivo. Si pierdes en sede penal, las consecuencias patrimoniales son graves: la pérdida de los activos y, según el caso, responsabilidad accesoria. Si ganas, la devolución de los bienes dependerá de que no exista ya una disposición irreversible.

Y si ganas, ¿cobras? Si la resolución es favorable, la devolución exige que no exista ya un destino irreversible de los fondos y que se superen las garantías procesales. En la práctica, la restitución depende de poder demostrar claramente la titularidad y el origen lícito.

Errores que arruinan el caso

• Intentar desplazar, mover o reconducir fondos tras la notificación: altera la prueba y puede agravar la imputación.
• No solicitar el expediente ni desconocer los motivos formales de la incautación: sin acceso al expediente no podrás impugnar eficazmente.
• No coordinar pericia técnica que demuestre falta de control sobre la cartera o la actuación de terceros.
• Tratar de negociar directamente con empleados de exchanges sin respaldo legal: puede invalidar estrategias posteriores.