Si la comunidad no cumple los acuerdos de accesibilidad y eso impide tu entrada con silla de ruedas, puedes reclamar el cumplimiento. Lo que determina tu derecho es si existe un acuerdo de junta que obligue a la ejecución, la normativa de accesibilidad aplicable y si la reforma afecta a elementos comunes. Primer paso: solicita por escrito la ejecución del acuerdo y pide al presidente que explique cómo va a cumplirse y en qué plazo.
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Tu derecho a acceder al portal y a los elementos comunes sin barreras depende de varias fuentes: las decisiones adoptadas por la junta de propietarios, la normativa de accesibilidad estatal y autonómica aplicable, y si la actuación implica modificación de elementos comunes que la comunidad está obligada a ejecutar. Si la junta aprobó una adaptación o una obra de accesibilidad, el acuerdo obliga a la comunidad y puede exigirse su cumplimiento. Además, existen normas de accesibilidad que imponen la obligación de adoptar medidas para eliminar barreras arquitectónicas cuando concurren ciertos supuestos.
También es relevante si la obra ha sido proyectada y presupuestada y si hay recursos aprobados o derramas pendientes. Si la comunidad ha incumplido obligaciones acordadas sin justificar, o si la accesibilidad deviene inaplazable por razones de salud o movilidad, tu posición para reclamar es fuerte. La reclamación será más firme si dispones de actas de junta, presupuestos y comunicaciones previas que demuestren la obligación o la promesa de la comunidad.
Por último, si el obstáculo afecta a una persona con discapacidad y la imposibilidad de acceso vulnera derechos básicos, existen mecanismos administrativos y judiciales para exigir la eliminación de las barreras y, en ciertos casos, medidas de urgencia que permitan el acceso mientras se ejecuta la solución definitiva.
Acciones que puedes hacer tú: recopilar actas y comunicados, enviar la reclamación fehaciente y solicitar alternativas provisionales. Cuándo necesitas abogado: si la comunidad se niega a cumplir a pesar de un acuerdo claro, si hay discusión sobre la solución técnica y cuando quieras solicitar medidas judiciales o cautelares.
Y si ganas, ¿podré usar las obras? Una sentencia favorable obliga a la comunidad a acometer las obras o a adoptar medidas que permitan el acceso. No obstante, la ejecución efectiva de la sentencia depende de la capacidad de la comunidad y de la coordinación técnica. Por eso es útil combinar la vía judicial con solicitudes de apoyo institucional y subvenciones.
Si dispones de acta de junta que aprueba la adaptación y la comunidad no la ejecuta, merece la pena consultar a un abogado. También conviene asistencia cuando la solución técnica es compleja, cuando se discute quién debe pagar o cuando quieras solicitar medidas judiciales para garantizar el acceso. Si reúnes los requisitos, podrías acceder a justicia gratuita o a servicios de orientación jurídica pública.
Otros problemas frecuentes en abogados de comunidades de propietarios
Si la junta aprobó la obra y se trata de un elemento común necesario para la accesibilidad, la comunidad está obligada a ejecutarla. Si no cumple, puedes reclamar su cumplimiento por la vía administrativa o judicial, aportando el acta de la junta y los presupuestos necesarios.
Sí, en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas hay programas de financiación para la eliminación de barreras arquitectónicas. Infórmate en los servicios sociales o en el departamento de vivienda de tu municipio para conocer las convocatorias y requisitos.
Pide por escrito una explicación técnica y adjunta tus argumentos. Si la solución temporal no garantiza el acceso, reclama medidas alternativas o eleva la cuestión a un técnico independiente. Conserva todas las comunicaciones.
Si la falta de accesibilidad te ocasionó un daño demostrable, puedes reclamar indemnización. Será necesario documentar el perjuicio y su relación con el incumplimiento de la comunidad y, en ocasiones, un informe pericial médico o técnico que lo acredite.
La obligación depende de la normativa aplicable y de las circunstancias. Si existe una orden judicial, una normativa sectorial o un acuerdo de junta, la comunidad debe actuar. La situación concreta y la viabilidad técnica y económica pueden modular las medidas a adoptar.
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