No sé si mi cooperativa debe auditar cuentas este ejercicio

¿Tienes razón?

No existe una respuesta automática: la obligación de auditar las cuentas de una cooperativa se determina por la combinación de la normativa mercantil y la propia normativa cooperativista, y por las circunstancias económicas de la entidad. Lo que tienes que comprobar es esto:

• La forma jurídica y el marco legal aplicable: algunas cooperativas que adoptan determinadas formas jurídicas están sujetas a reglas de auditoría propias de la normativa mercantil o cooperativista.
• El volumen de determinadas magnitudes económicas: la normativa distingue por umbrales y por combinación de criterios. Lo que concreta la obligación suele estar en la ley y en disposiciones de desarrollo, y los estatutos pueden precisar aspectos complementarios.
• Que exista obligación estatutaria o de convenio: los estatutos o acuerdos colectivos pueden imponer auditorías aunque la normativa general no las exija.
• La existencia de financiación pública o ayudas que obliguen a auditoría o a certificación de cuentas: determinados proyectos subvencionados requieren auditor externo o informe de verificación.

Si tras consultar estas fuentes sigue la duda, pide al consejo rector o al asesor contable un informe por escrito. Esa opinión técnica te dirá si, en el ejercicio en curso, procede contratar auditoría o conformar las cuentas sin auditor externo.

Cómo se soluciona

Paso uno: solicita la documentación básica. Pide el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el libro de actas. Con esos documentos el asesor o auditor podrá valorar si concurren las circunstancias que exigen auditoría.

Paso dos: revisa los estatutos y cualquier pacto o convenio aplicable. Pide copia de los estatutos vigentes y de acuerdos de la asamblea que puedan imponer controles externos. Si hay dudas sobre su interpretación, anota los apartados conflictivos.

Paso tres: solicita un informe técnico del asesor contable o del consejo rector. Ese informe, por escrito, debe indicar si procede auditoría externa y con qué alcance. Guarda la solicitud y la respuesta dentro del expediente de la entidad.

Paso cuatro: si corresponde auditoría, convoca el proceso de contratación. La cooperativa debe elegir auditor inscrito en el registro correspondiente y acordar el encargo en los términos que marquen la ley y los estatutos. Asegura que el contrato recoja el alcance del trabajo y las fechas de entrega.

Paso cinco: si hay financiación pública, solicita las condiciones del órgano concedente. Algunas ayudas exigen dictamen de auditor o certificado específico; asegúrate de que el auditor pueda emitir el informe que pide la subvención.

Qué puedes hacer tú y qué necesita profesional:

• Tú: pedir documentación, extraer balances y reclamar un informe por escrito al consejo rector.
• Profesional: interpretar la normativa, redactar el encargo de auditoría y defender en caso de controversia con autoridades o financiadores.

Qué puede pasar

Escenario uno: la cooperativa no está obligada y se archiva el asunto. Un informe técnico concluye que los criterios de la normativa no se cumplen y se decide no contratar auditoría. Esto suele ahorrar coste y carga administrativa.

Escenario dos: acuerdo para auditoría o revisión limitada. La asamblea puede acordar contratar una revisión o auditoría. Un acuerdo así evita conflicto y da seguridad a socios y financiadores. El coste y la rapidez pueden justificar aceptar una revisión en lugar de un examen completo.

Escenario tres: obligación y controversia. Si la autoridad fiscal o un financiador exige auditoría y la cooperativa no la realiza, pueden imponerse sanciones o perderse subvenciones. En juicio, si la obligación estaba clara y no se cumplió, la cooperativa puede afrontar responsabilidades y gastos adicionales; quien pierda el pleito puede tener que afrontar las costas.

Y si ganas, ¿cobras? En este contexto “ganar” suele significar obtener el informe o la certificación requerida. Cobrar depende de que quien solicita el informe reconozca su validez y, si hay sanción, de la solvencia del sujeto sancionado.

Errores que arruinan el caso

• No pedir el informe por escrito: una resolución verbal del asesor no prueba nada.
• Asumir que “siempre” hay que auditar: esto genera gasto innecesario cuando la normativa no lo exige.
• Contratar al auditor equivocado: exige que esté inscrito y capacitado para emitir el informe requerido.
• Ignorar las condiciones de subvenciones: presentar un informe distinto del exigido invalida la certificación y puede suponer devolución de fondos.
• No registrar en acta la decisión de contratar el auditor: el acuerdo en asamblea debe quedar reflejado para posibles inspecciones.