Mi empresa ha sido sancionada por incumplimientos AML relacionados con criptos

¿Tienes razón?

No se puede decir sí o no sin ver la resolución, pero sí puedes valorar la solidez de tu posición con tres preguntas clave: 1) ¿La autoridad motivó qué obligación concreta se infringió? La sanción debe explicar qué norma de prevención de blanqueo se vulneró y por qué. 2) ¿Puedes documentar que aplicaste medidas de diligencia (KYC, listas de control, análisis de riesgos) razonables conforme al tamaño y naturaleza de tu negocio? Si tienes políticas escritas y registros, es más fácil objetar la sanción. 3) ¿Hubo una causa extra (fraude interno, brecha técnica) que impidió cumplir y que puedas probar? La existencia de un incidente ajeno a la voluntad de la empresa y actuaciones correctoras reduce el riesgo de una sanción grave.

Si contestas afirmativamente a la segunda y puedes explicar razonablemente la tercera, tienes margen para impugnar o negociar atenuantes. Si careces de política AML o no hay registros, la sanción probablemente se sostenga, y la prioridad es contener el riesgo regulatorio y penal.

Cómo se soluciona

1. Solicita la resolución y documentación asociada: pide copia completa del expediente, incluidos los hechos concretos, pruebas que alega la autoridad y, si procede, el informe de inspección. Hazlo por escrito y guarda copia. Lo puedes pedir tú o tu equipo legal.
2. Reúne toda la documentación interna: política AML por escrito, manuales de procedimientos, registros KYC/identificación, auditorías internas, logs de transacciones, comunicaciones con clientes y proveedores, y cualquier informe forense que tengáis tras un incidente. Exporta toda la información on-chain relevante con identificadores de transacción y números de wallet.
3. Analiza la motivación de la sanción: identifica si se imputa falta de medidas preventivas, incumplimiento de obligaciones de comunicación o fallos de identificación. Clasifica los puntos que admites y los que niegas.
4. Prepara alegaciones formales: redacta un escrito técnico-jurídico donde expliques las medidas adoptadas, aportes pruebas y presentes atenuantes (cooperación, remediación, inversión en controles). Señala medidas correctoras ya implementadas.
5. Valora la negociación: en muchos procedimientos administrativos hay margen para acordar medidas provisionales o la reducción de la sanción si demuestras reparación y controles nuevos. Documenta todas las mejoras (nuevo proveedor KYC, auditoría externa, sistemas AML automáticos).
6. Si procede, impugna ante la vía contencioso-administrativa: valora con un abogado experto en prevención de blanqueo y en regulación fintech la conveniencia de acudir a los tribunales. Llevan procurador y abogado.
7. Paralelamente, corrige la situación técnica: actualiza protocolos internos, forma al personal, realiza auditoría forense de los incidentes y contrata soluciones de cumplimiento para criptos.

Diferencia entre lo que puedes hacer tú y lo que necesita un profesional: solicitar la resolución y juntar documentación la puedes hacer desde ya. Para redactar alegaciones técnicas y valorar impugnación judicial necesitas un abogado con experiencia en regulación financiera y criptos.

Qué puede pasar

1) Se arregla con remediación administrativa: la autoridad acepta las alegaciones y la empresa evita la sanción más grave a cambio de medidas correctoras y supervisión. Esto ocurre cuando la falta es concreta y la empresa aporta controles y cooperación.

2) Acuerdo o reducción de la sanción: la empresa negocia un régimen sancionador menor o fraccionamiento, aceptando medidas de cumplimiento. A veces aceptar una multa menor es preferible a un proceso largo y costoso.

3) Procedimiento sancionador completo y recurso judicial: si la autoridad mantiene la sanción, el asunto puede terminar en la vía contencioso-administrativa. Si pierdes en esa vía, podrías verse la sanción consolidada; también hay riesgo reputacional y medidas accesorias (prohibición temporal de actividad). Importante: una sentencia favorable no garantiza que la operación vaya a ser inmediata; si la empresa es declarada insolvente o existe riesgo penal por delitos asociados, la situación empeora.

Y si ganas, ¿cobras? En el contexto administrativo, “ganar” significa anular o reducir la sanción; no es una reclamación de cobro. Si existieron daños por la actuación de la autoridad, reclamar indemnización es otro procedimiento distinto, complejo y no automático.

Errores que arruinan el caso

• Destruir o alterar logs y registros técnicos: la ausencia de evidencias reales suele ser interpretada en perjuicio de la empresa. Conserva todo tal cual y exporta copias.
• No documentar la reparación: implementar medidas y no dejar constancia escrita de quién las hizo y cuándo elimina la posibilidad de atenuantes.
• Contestar fuera de plazo o sin fundamentos técnicos: unas alegaciones pobres empeoran la posición. Mejor una respuesta técnica apoyada en informes.
• No separar responsabilidades internas: mezclar conducta de empleados con decisiones corporativas impide presentar defensas eficaces.
• Intentar ocultar transferencias o clientes sospechosos: eso activa riesgos penales adicionales.