Mi cooperativa participa en licitaciones y han impugnado la adjudicación

¿Tienes razón?

Cuando una adjudicación es impugnada y tu cooperativa participa, la respuesta depende de varias cosas que hay que comprobar desde ya. Primero, quién ha presentado la impugnación: no es lo mismo un competidor que alega falta de transparencia que una Administración que detecta un vicio de procedimiento. Segundo, qué alegan exactamente: causas formales (errores en el expediente, exclusión indebida, criterios de adjudicación mal aplicados) o causas materiales (oferta anormalmente baja, incumplimiento de requisitos técnicos). Tercero, la documentación que aportasteis: el sobre técnico, el precio, las acreditaciones de capacidad y la firma electrónica. Si todo está en orden y la impugnación se basa en interpretaciones del pliego, vuestra posición puede ser fuerte; si faltan acreditaciones formales o existe una oferta económica que no cumple requisitos, el riesgo aumenta.

También influye el modo en que se desarrolló el procedimiento: si la mesa de contratación dejó constancia razonada de las decisiones y se siguieron los criterios publicados, eso ayuda. Por último, hay que mirar la posibilidad de medidas cautelares solicitadas por el recurrente: si las solicita y se conceden, la ejecución de la adjudicación puede paralizarse mientras se resuelve el fondo.

Cómo se soluciona

1) Reúne la documentación completa. Pide y guarda copias del expediente de contratación, incluidos los pliegos, los criterios de adjudicación, las actas de la mesa, el sobre técnico y el sobre económico, los justificantes de presentación y cualquier comunicación electrónica con el órgano contratante. Exporta y guarda las firmas electrónicas y los sellos de tiempo. Esto lo puede hacer el responsable de contratación de la cooperativa.

2) Documenta las acreditaciones. Localiza las certificaciones, poderes y acreditaciones de capacidad que presentó la cooperativa (seguros, certificaciones técnicas, experiencia). Si faltó algo por error documental, prepara lo que falte y quién lo puede firmar.

3) Valora la impugnación por escrito. Lee la demanda o recurso que ha presentado el recurrente. Señala en un documento interno cuáles son los argumentos, quién lo firma y qué pruebas adjuntaron. Decide si se va a presentar un escrito de alegaciones ante el órgano que tramita la impugnación. Esa alegación la puede redactar personal interno o un abogado especializado en contratación pública.

4) Presenta alegaciones y prueba. Si el procedimiento lo permite, presenta alegaciones documentadas ante el órgano de contratación o el tribunal administrativo competente. Incluye las pruebas técnicas que acrediten que la oferta cumple los requisitos. Aquí entra la parte que necesita profesional: un abogado que domine contratación pública redacta argumentario jurídico y coordina la prueba técnica.

5) Solicitud o contestación a medidas cautelares. Si se ha solicitado suspensión de la adjudicación, hay que valorar si conviene pedir la revocación de la medida o aportar elementos para que se deniegue. Esto normalmente exige trabajo jurídico y conocimiento de cómo ponderan los tribunales este tipo de medidas.

6) Si el recurso sigue, preparar la defensa para la vía contenciosa-administrativa. Si la impugnación pasa a los tribunales, necesitaréis representación letrada y, en su caso, procurador. El abogado elaborará la demanda o contestación y gestionará las pruebas y testigos técnicos.

7) Comunicación interna y externa. Mantén informados a los socios y, si procede, a potenciales subcontratistas y financiadores. Evita declaraciones públicas que puedan complicar pruebas o imagen.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o acuerdo. Muchas impugnaciones se resuelven con una aclaración del órgano contratante o una rectificación sin necesidad de juicio. A veces basta adjuntar documentación que demuestre que la oferta era conforme o que la mesa motivó correctamente su decisión. Este resultado es frecuente y rápido; un acuerdo así evita costes y la paralización del proyecto.

2) Conciliación o recurso administrativo. Puede haber una resolución administrativa que confirme o anule la adjudicación. En este escenario, las partes pueden negociar un acuerdo o reconocimiento de errores formales que permita mantener la adjudicación con condiciones. Aceptar un acuerdo por debajo de lo que pretendíais puede compensar si evita la paralización del contrato y los riesgos de litigio.

3) Juicio en la vía contencioso-administrativa. Si la impugnación entra en los tribunales y la resolución es desfavorable, la adjudicación puede anularse y puede abrirse un nuevo procedimiento o adjudicarse a otro licitador. Si perdéis en sede judicial, normalmente cada parte asume sus costes salvo que el tribunal imponga costas por mala fe o temeridad, lo que no es lo común. Importante: incluso ganando en juicio, cobrar lo debido a la cooperativa depende de que el órgano adjudicador tenga presupuesto y solvencia; una sentencia favorable es un título para ejecutar, pero ejecutar contra una administración o entidad sin fondos puede implicar procesos de apremio.

Y si ganas, ¿cobras? Una sentencia favorable contra una administración os da título ejecutivo; contra un privado, también. Pero la efectividad depende de la solvencia del perjudicado. Hay que valorar si conviene un acuerdo de ejecución voluntaria o perseguir la ejecución forzosa.

Errores que arruinan el caso

• No guardar ni solicitar copia del expediente completo en cuanto llega la notificación: perderás pruebas y constancias formales.
• No preservar las ofertas técnicas y las firmas electrónicas en formato exportado: las originales electrónicas son clave.
• Responder de forma improvisada y sin pruebas; declaraciones vagas ante el órgano o prensa pueden perjudicar.
• No solicitar asesoramiento técnico cuando el pleito gira sobre criterios técnicos: la opinión de peritos es decisiva.
• Firmar renuncias o aceptar soluciones verbales sin dejar constancia escrita y firmada por quien toma la decisión.