La aseguradora exige consentimiento del asegurado tras su muerte

¿Tienes razón?

Que una aseguradora pida “consentimiento” del asegurado tras su muerte es, en la práctica, imposible: una persona fallecida no puede consentir. Lo que realmente importa para cobrar suele ser tres cosas: quién figura como beneficiario en la póliza, si el siniestro está cubierto por las condiciones contractuales y si se puede probar el fallecimiento y la identidad del beneficiario. Si usted aparece como beneficiario y el siniestro coincide con lo previsto por la póliza, su posición es fuerte. Si la póliza está ambigua, sin firmar o el asegurado dejó instrucciones contradictorias, la situación empeora: entonces la compañía puede pedir más documentación o cuestionar la cobertura. También influye si hay reclamos por terceros (por ejemplo, si la aseguradora alega fraude o suicidio sin pruebas claras) o si existen retenciones por deudas del asegurado —pero estas retenciones no sustituyen la prueba del derecho del beneficiario.

Algunos contratos incluyen requisitos formales que no son equivalentes a «consentimiento»: por ejemplo, la compañía puede exigir que se presente un formulario llenado por el beneficiario, declaraciones médicas o autopsia cuando alegan causas excluyentes. Es distinto exigir una formalidad para tramitar el pago que condicionar el pago a que el asegurado vivo consienta algo posterior a su muerte.

Cómo se soluciona

1) Reúna la documentación inmediata. Busque la póliza original (o copia), el certificado de defunción, cédula de identidad del beneficiario, cualquier formulario de designación de beneficiarios y comunicaciones (correos, mensajes) entre el asegurado y la compañía. Si pagaron primas con transferencia o cheque, guarde esos respaldos. Si la póliza está en un banco o intermediario, solicite copia.

2) Presente la reclamación por escrito y por un medio que deje constancia (registro en ventanilla, correo certificado o comunicación electrónica con acuse). En la carta/solicitud explique claramente su condición de beneficiario y adjunte la documentación básica: póliza, cédula, certificado de defunción y cualquier documento que pruebe su vínculo con el asegurado (si aplica).

3) Exija un número de expediente y plazo de respuesta por escrito. Anote nombres y cargos de los funcionarios con los que trate. Si la aseguradora pide información adicional, solicite que la petición sea por escrito y motivada: qué norma contractual le habilita a pedirlo.

4) Si la aseguradora se niega alegando falta de ‘consentimiento’, pida que le expliquen específicamente qué norma de la póliza o qué disposición legal exige eso. Solicite un informe por escrito. Con esa negativa documentada podrá dar el siguiente paso.

5) Reclame ante la Defensoría del Consumidor o la autoridad competente si la negativa no se justifica. También puede presentar una reclamación ante la Superintendencia de Compañías o la entidad regulatoria que corresponda, según el ramo del seguro.

6) Si la discusión persiste y hay razones para creer que la aseguradora actúa incorrectamente (por ejemplo, interpreta la póliza de forma abusiva o retiene el pago sin motivación razonable), considere acudir a la vía judicial. Lleve todos los documentos y la comunicación anterior; si califica, puede acceder a asistencia pública.

Qué puede hacer usted hoy sin abogado: recopilar documentos, elevar la reclamación por escrito con acuse y solicitar el informe motivado de la aseguradora. Eso reduce la posibilidad de que después digan "no nos contestó".

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta y pago. Muchas reclamaciones terminan aquí: la aseguradora recibe la documentación, verifica la póliza y liquida el beneficio. Este resultado es frecuente cuando el beneficiario está inscrito correctamente y no hay circunstancias excluyentes aparentes.

2) Acuerdo o conciliación. Si la aseguradora alega dudas razonables (por ejemplo, inconsistencias en la designación de beneficiarios o causas del fallecimiento), puede proponerse un acuerdo. Un acuerdo por menos dinero puede ser razonable si evita una disputa larga y costosa; la ventaja es la inmediatez y la eliminación del riesgo de perder en juicio.

3) Juicio. Si hay impugnación (por ejemplo, la aseguradora dice que hubo fraude o que la designación es inválida), la disputa puede llegar a juicio. En este escenario, si usted pierde, la sentencia puede desestimar su reclamo y, según el caso y la conducta, la parte perdedora puede cargar con costas. Si gana, la sentencia ordenará el pago, pero cobrarla depende de la solvencia de la compañía y de la ejecución. Una sentencia contra una aseguradora solvente normalmente termina en pago; contra una aseguradora en problemas financieros puede quedarse en una obligación por cobrar.

Y si gana, ¿cobro? Una sentencia firme obliga a la aseguradora a cancelar, pero en la práctica hay que ejecutar la sentencia. Si la compañía tiene fondos, cobrará. Si está en proceso concursal o declarada insolvente, el cobro puede demorarse o quedar sujeto al régimen de la empresa.

Errores que arruinan el caso

• No conservar la póliza ni comprobantes de pago de primas. Sin prueba de la contratación la reclamación se complica.
• Entregar originales sin pedir recibo; pida copias y constancia de recepción.
• Dejar pasar la comunicación formal con la aseguradora: no ignore solicitudes por escrito y no responda solo verbalmente.
• Firmar documentos que reconozcan hechos no ciertos (por ejemplo, admitir que la designación era verbal cuando no está seguro).
• No documentar la negativa de la aseguradora: una queja documentada ante la autoridad es clave para escalar.