Me han notificado el lanzamiento y tengo menores a cargo: ¿qué opciones hay?

¿Tienes razón?

Lo que determina su posición cuando hay menores a cargo y un lanzamiento pendiente son cuatro factores: la naturaleza del procedimiento que provoca el lanzamiento, si existen medidas de protección previas para los menores, la prueba de la composición y vulnerabilidad del hogar (certificados de escolaridad, historial médico, informes de trabajo social) y la voluntad o la capacidad de la contraparte para negociar soluciones alternativas. Tener menores no impide el lanzamiento, pero sí obliga a los jueces a ponderar medidas que eviten efectos irreparables sobre los niños. Si usted puede probar que el lanzamiento provoca un riesgo serio e inmediato para la integridad o el acceso a derechos básicos de los menores, hay mecanismos que buscan protegerlos.

El alcance de esas protecciones depende del contenido de las notificaciones, de si se ha solicitado ya la ejecución del lanzamiento y de si hay rutas administrativas o judiciales para solicitar medidas provisionales. Además, entidades sociales y de protección pueden intervenir para evaluar la situación familiar y proponer soluciones.

Cómo se soluciona

1) Reúna documentación que acredite la presencia y la situación de los menores: registro civil, certificados de estudio, informes médicos, tratamientos, programas sociales en los que participen. Todo eso ayuda a demostrar la necesidad de medidas de protección.

2) Pida intervención de entidades de protección y apoyo social. Acuda a la Secretaría de Integración Social o su equivalente local, a la Defensoría del Pueblo y a Casas de Justicia para que evalúen la situación y ofrezcan alternativas de atención. La intervención temprana de estos organismos es valiosa para obtener acompañamiento y, en algunos casos, para allegar pruebas al juzgado.

3) Solicite medidas provisionales ante el juzgado que tramita el lanzamiento. Puede pedir que se adopten medidas que protejan la permanencia temporal o garanticen soluciones habitacionales alternativas hasta que se resuelva el fondo. Estas solicitudes deben estar acreditadas con la documentación del punto 1.

4) Valore la acción de tutela. Si la ejecución del lanzamiento amenaza derechos fundamentales de los menores (salud, educación, integridad), la tutela puede obtener medidas urgentes. La tutela no sustituye la vía principal, pero ofrece una protección inmediata y es de tramitación rápida.

5) Negocie con la contraparte. Muchas veces se consigue un acuerdo que permita plazos para buscar vivienda alternativa, apoyo para trasladarse o incluso un rearriendo temporal. Documente cualquier propuesta y firme acuerdos claros que protejan a los menores.

Qué puede hacer ahora: recopile documentos que demuestren la situación de los menores, solicite apoyo de las entidades de protección y pida al juzgado medidas provisionales con fundamento en el interés superior del niño.

Qué puede pasar

1) Se arregla con acuerdo: La parte contraria puede aceptar un plan que permita desocupar con tiempo, facilidades de traslado o apoyo económico para mitigar el impacto sobre los menores. Esta es a menudo la solución más práctica.

2) Conciliación o medidas administrativas: La intervención de entidades sociales puede derivar en programas de apoyo temporal o en la búsqueda de soluciones habitacionales alternativas; una conciliación también puede incluir cláusulas que protejan a los menores.

3) Juicio y lanzamiento: Si no hay acuerdo y las medidas provisionales no prosperan, el lanzamiento puede llevarse a cabo. Si usted pierde, se realiza la entrega y puede quedar pendiente una reclamación posterior por daños. Si gana, el juez podría ordenar la suspensión del lanzamiento o soluciones que permitan la permanencia.

¿Y si gana, cobra? Una sentencia favorable que reconozca la necesidad de medidas o compensaciones facilitará la protección de los derechos de los menores, pero el acceso a recursos materiales depende de la capacidad patrimonial de la contraparte y de la vía ejecutiva.

Errores que arruinan el caso

• No presentar pruebas de la situación de los menores: sin documentos es difícil convencer al juez de la urgencia social.
• No canalizar la ayuda de las entidades sociales: perderá respaldo y expertos que pueden influir ante el juzgado.
• Firmar acuerdos verbales con la contraparte sobre plazos o ayudas sin dejarlos por escrito.
• Esperar sin actuar: la inacción limita la posibilidad de obtener medidas provisionales.
• Desplazar a los menores sin documentar gastos y circunstancias: luego podrá ser difícil acreditar el perjuicio sufrido.