Sanción por vertidos al dominio público hidráulico: ¿qué hacer?

¿Tienes razón?

Que le lleguen cargos por vertido al dominio público hidráulico no es lo mismo que estar culpable. Tres elementos determinan si la sanción tiene fundamento: la identificación del origen del vertido (es decir, si la autoridad ha acreditado razonablemente que el líquido o residuo proviene de su actividad); la existencia y calidad de los análisis o mediciones (muestras, cadena de custodia y laboratorios competentes); y el cumplimiento del procedimiento administrativo (notificaciones, plazos procesales y posibilidad de alegar). Si la resolución se basa en un acta sin contraste de muestras, o si los equipos de medición no están debidamente acreditados, su posición es más sólida. Si, en cambio, hay muestras con cadena de custodia y coincidencia entre horario de vertido y su actividad, la autoridad tiene una base fuerte. También pesa si su actividad exige algún permiso o autorización ambiental que no tuvo o tenía condicionado.

Cómo se soluciona

1. Reúna la notificación y el expediente. Haga copia de la resolución, el acta de inspección, los informes técnicos, las fichas de laboratorio y cualquier oficio. Solicite por escrito la totalidad del expediente si no se lo han entregado completo.
2. Preserve y documente pruebas propias. Localice registros de operaciones (bitácoras, cámaras, registros de camiones, órdenes de trabajo), fotografías y videos del día en cuestión, y comunicaciones internas o con proveedores. Si hubo mantenimiento, tenga las órdenes y facturas.
3. Verifique las mediciones y la cadena de custodia. Pida copia de las muestras, de los sellos y del laboratorio. Anote el método analítico usado y si el laboratorio está acreditado. Si algo no cuadra, solicite peritaje independiente.
4. Haga un escrito de alegaciones. Con la copia del expediente, presente ante la autoridad un escrito motivado que cuestione prueba técnica vulnerable, ofrezca prueba nueva y proponga medidas correctivas si corresponde. Esto suele ser la defensa administrativa básica.
5. Busque resolución de mitigación o acuerdo técnico. En muchos casos una propuesta de corrección supervisada (instalación de tratamiento, cambio de prácticas, plan de contingencia) permite rebajar la sanción o evitar medidas coercitivas más graves.
6. Recurso administrativo y vía contencioso-administrativa. Si la decisión mantiene la sanción, la ley prevé recursos internos y luego judiciales ante el tribunal administrativo competente. En ciertas materias ambientales la judicialización exige documentar la insuficiencia de la vía administrativa.

Qué puede hacer usted solo: recopilar y asegurar pruebas, presentar alegaciones y proponer medidas. Cuándo traer a un abogado: cuando la sanción amenaza clausura, embargo de bienes, o cuando la autoridad ya ordenó medidas cautelares. Si la empresa ofreció algún acuerdo, también conviene asesoría.

Qué puede pasar

1) Acuerdo administrativo. Lo más frecuente es que la autoridad acepte un plan de remediación y aplique una sanción reducida si usted demuestra voluntad y capacidad de corrección. Un acuerdo evita escaladas y suele ejecutarse más rápido.

2) Resolución firme con multa o medidas. La autoridad puede imponer una sanción económica y medidas de corrección o clausura. Ese resultado es reversible mediante recurso, pero implica costes y puede afectar la operación.

3) Litigio ante el tribunal administrativo. Si recurre, el proceso judicial puede anular la sanción o confirmar la autoridad. Si pierde, pueden mantenerse las medidas y la empresa soporta los costes procesales. Si gana, la autoridad puede quedar obligada a devolver efectos indebidos. Importante preguntar siempre: y si gana, ¿cobro? Una sentencia favor que reconoce nulidad no siempre asegura ejercicios efectivos de cobro si la administración carece de recursos; la práctica administrativa puede enlentecer la ejecución.

Errores que arruinan el caso

• Destruir pruebas o no preservar bitácoras y bolsas de muestra. Una vez notificado, no elimine registros técnicos ni cambie instalaciones sin documentarlo.
• No solicitar el expediente completo. Sin expediente no puede impugnar con fundamento técnico.
• Firmar acuerdos sin constatar la oferta y sin asesoría: la autoridad puede plasmar obligaciones muy onerosas.
• No controlar la cadena de custodia de las muestras. Rebatir análisis sin vulnerar su cadena es difícil.
• Esperar a que la sanción venza para actuar: muchas decisiones administrativas se consuman y limitan opciones si no se impugnan a tiempo.