Me han nombrado administrador concursal y necesito asesoramiento

¿Tienes razón?

El administrador concursal tiene una función central: gestionar los activos del deudor, representar la masa y proponer soluciones que protejan a los acreedores. Su margen de actuación depende de la resolución que lo nombra y de la normativa aplicable. Las tres o cuatro cosas que determinan su responsabilidad son: el alcance de las facultades conferidas (gestión, disposición de bienes, cobro de créditos), el estándar de diligencia exigible, la obligación de rendir cuentas y la necesidad de actuar con independencia. Si dispone de facultades amplias para administrar, su actuación será más intensiva; si sus facultades son limitadas, cualquier actuación fuera de ese marco expone a cuestionamientos.

Antes de tomar decisiones, revise el expediente, identifique activos realizables y detecte riesgos legales o fiscales. Mantenga un registro claro de todas las actuaciones y comunicaciones.

Cómo se soluciona

1. Obtenga copia completa del expediente y toda la documentación societaria, contable y registral. Sin información no puede valorar la masa ni proponer soluciones.

1. Elabore un inventario inicial y una primera relación de acreedores conocida. Priorice la conservación de activos que permitan maximizar la masa.

1. Evalúe la continuidad operativa. Determine qué contratos son necesarios y cuáles pueden resolverse. Los contratos que generan valor y operatividad deben analizarse con prioridad.

1. Comuníquese con los principales acreedores y con los trabajadores. La transparencia temprana facilita la negociación y evita sorpresas. Documente reuniones y acuerdos por escrito.

1. Prepare informes periódicos al órgano que lo nombró y presente propuestas de gestión, venta de activos o reorganización. Fundamente decisiones con análisis de coste-beneficio.

1. En la gestión de cobros y pagos, actúe con imparcialidad: evite favorecer a terceros vinculados. Las operaciones entre partes vinculadas deben documentarse y, en su caso, someterse a autorización.

1. Busque asesoría técnica cuando la masa incluya activos especializados (maquinaria, propiedad intelectual) o cuando haya litigios complejos. Un perito o contador forense puede ayudar a valorar activos.

1. Conserve copia de todo y archive cronológicamente las actuaciones: órdenes de cobro, certificaciones, ofertas de compra, actas de inventario, etc. La rendición de cuentas exige registros claros.

Acciones que puede hacer solo: inventariar, convocar reuniones con acreedores y trabajadores, realizar actos de conservación. Necesita asesoría legal y contable para ventas complejas, impugnaciones y propuestas de convenio.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o negociación: Muchas administraciones concursales alcanzan acuerdos con acreedores que permiten la reactivación o la venta ordenada de activos. Un buen diálogo mejora las opciones de recuperación.

2) Acuerdo o convenio: Si el administrador propone un plan y los acreedores lo aceptan, se formaliza y se ejecuta en los términos aprobados. Para ello es crucial que la propuesta sea realista y esté bien documentada.

3) Impugnaciones o responsabilidades: Las decisiones del administrador pueden ser impugnadas por acreedores si consideran que han perjudicado la masa. Si una actuación se realiza fuera de sus facultades o con negligencia, el administrador puede responder por daños. En caso de impugnación, normalmente cada parte afronta sus costas salvo que se resuelva otra cosa. Incluso si el administrador gana una impugnación, la reversión de actos puede complicar la gestión y retrasar la liquidación o la reestructuración.

Y si gana, ¿cobra? El administrador no cobra por resultados judiciales de fondo; su remuneración está regulada y depende de los criterios aplicables. Que una impugnación prospere o fracase no garantiza que los acreedores vayan a recuperar el total de sus créditos; la efectividad depende de los activos disponibles.

Errores que arruinan el caso

• No dejar constancia documental de las decisiones: dificulta la rendición de cuentas y aumenta el riesgo de impugnaciones.
• Actuar sin verificar facultades: proceder fuera del mandato de nombramiento puede acarrear responsabilidad personal.
• Favorecer a partes vinculadas sin transparencia ni autorización: eso suele ser causa de impugnación.
• No priorizar la conservación de activos generadores de valor: vender sin estudio puede destruir posibilidades de recuperación.
• No coordinar con especialistas cuando la masa tiene activos técnicos o riesgos fiscales relevantes.