La adjudicación se otorgó a otra empresa por irregularidades que no entiendo

¿Tienes razón?

Para valorar si la adjudicación se ajusta a derecho hay que examinar tres cuestiones clave: 1) la naturaleza de la irregularidad que la entidad invoca (formal o sustantiva); 2) si el pliego la consideraba causa de descalificación o de subsanación; y 3) la motivación que la entidad incorporó en el acta de evaluación. Si la irregularidad es meramente formal y el pliego admitía subsanación, la adjudicación contra usted puede ser cuestionable. Si la irregularidad afecta garantías, representación o requisitos esenciales, la entidad suele tener margen para descalificar.

En la práctica, la diferencia entre irregularidad formal y sustantiva es decisiva. Un error administrativo en un formulario suele considerarse subsanable; la falta de un requisito de capacidad o la presentación de documentación fraudulenta son causas de exclusión. La entidad debe motivar la decisión y fundar por qué la irregularidad impide la continuidad de su oferta.

Cómo se soluciona

1) Solicite la motivación por escrito: pida copia del informe de evaluación y el detalle de la irregularidad. Guarde toda la documentación y comunicaciones.

2) Reúna pruebas que acrediten la corrección: exporte correos, certificados, recibos, documentos originales y cualquier elemento que demuestre que la supuesta irregularidad no existe o fue subsanable. Haga copias firmadas y digitalice todo.

3) Examine el pliego para ver si la irregularidad era subsanable o causa de exclusión. Si el pliego permitía subsanación y la entidad no la ofreció, tiene base para impugnar.

4) Presente un recurso administrativo solicitando revisión de la decisión. Adjunte la documentación que pruebe su correcta acreditación y argumente por qué la irregularidad no afecta el fondo de la propuesta.

5) Si la vía administrativa fracasa, evalúe la impugnación contencioso-administrativa. Requiere un análisis técnico-jurídico de la motivación y las pruebas presentadas por la entidad.

Qué puede hacer usted solo: solicitar la motivación por escrito, reunir la documentación y presentar la impugnación administrativa inicial. Cuándo necesita abogado: para valorar la naturaleza jurídica de la irregularidad, redactar un recurso con argumentos técnicos y presentar la impugnación judicial si procede.

Qué puede pasar

1) Se arregla con subsanación o rectificación: si la entidad reconoce que la irregularidad fue formal o que no afectó al fondo, puede permitir la subsanación o revertir la adjudicación.

2) Acuerdo o conciliación: la entidad y la empresa adjudicada pueden llegar a acuerdos si hay dudas probatorias; en ciertos casos, su impugnación motiva una negociación que resulta en compensaciones o inclusión en la ejecución mediante subcontratación.

3) Sentencia contra su pretensión: si la impugnación no prospera, la decisión de adjudicar a la otra empresa se mantiene. En ese supuesto, evalúe si la entidad puede haber actuado con arbitrariedad; si existió fraude documental en las otras ofertas, una investigación más amplia puede cambiar el resultado.

Y si gana, ¿cobra? Ganar la impugnación administrativa o judicial puede conllevar la anulación de la adjudicación y la rectificación del procedimiento; sin embargo, la ejecución del contrato depende de la disposición del ente y de su capacidad financiera. Aun con una sentencia favorable, cobrar puede requerir pasos administrativos adicionales y, en la práctica, tiempo.

Errores que arruinan el caso

• No solicitar el informe de evaluación por escrito: sin ese documento es difícil construir la impugnación.
• Destruir o modificar documentación clave después de conocer la descalificación: parece ocultación.
• Confundir una falta formal con una falta sustantiva: no todas las irregularidades son igual de graves.
• Reaccionar solo con comunicación verbal: exija siempre respuesta por escrito.
• No valorar el coste de litigar frente al posible beneficio: impugnar es un proceso que consume recursos y tiempo.