No, la custodia compartida no autoriza a un progenitor a cortar el contacto unilateralmente: lo que importa es lo que diga la sentencia o el convenio y la conducta concreta del otro progenitor. Si te han cerrado el acceso, reúne pruebas de los incumplimientos y reclama por escrito de forma fehaciente; llega un momento en que debes plantear medidas judiciales para restablecer el régimen y sancionar el incumplimiento.
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Tener custodia compartida significa, en esencia, que ambos progenitores comparten la responsabilidad sobre el menor y el derecho a la relación con él. Sin embargo, que la sentencia establezca custodia compartida no convierte cada padre en dueño del tiempo del menor: existen horarios, reglas y normas sobre comunicación. Lo que determina si tienes razón son varias cosas: el contenido exacto de la resolución judicial o del convenio regulador (horarios, días, intercambios), la existencia de motivos legítimos para denegar el acceso (riesgo evidente para el menor, orden de protección, incumplimiento grave anterior), y la conducta real del progenitor que te impide ver al menor (si ha negado citas, ha cambiado cerraduras, ha dejado de llevar al menor a los puntos de encuentro establecidos o ha usado al niño para presionarte).
Si la prohibición es absoluta y no existe orden judicial que la justifique, tu reclamación suele sostenerse mejor. Pero si existen denuncias sobre riesgo para el menor o medidas de protección, la situación es distinta: la prioridad es la seguridad del menor y las autoridades competentes (servicios sociales, Fiscalía) pueden investigar y compactar medidas preventivas. En cualquier caso, documentar cada incidente y responder por las vías legales es clave para tener éxito.
Qué puedes hacer hoy: envía la comunicación fehaciente, pide al colegio un informe de asistencia y contacto, habla con testigos y recopila pruebas. Qué hace el abogado: tramita la ejecución de la sentencia, solicita medidas cautelares y coordina con servicios sociales y la Fiscalía si hay riesgos para el menor.
1) Se arregla con una carta o mediación. Muchas veces, tras una comunicación fehaciente o una mediación, el progenitor que cerró el acceso rectifica y se restablece el régimen. Este resultado suele ser menos dañino para el menor y evita costas y trámites largos.
2) Acuerdo o conciliación judicial. El juzgado puede homologar un acuerdo que ajusta días, horarios, puntos de encuentro y medidas de comunicación, añadiendo salvaguardias si hay tensiones. Un acuerdo puede incluir periodos de supervisión o medidas graduales si se considera necesario.
3) Juicio y ejecución de sentencia. Si no hay acuerdo, se puede solicitar la ejecución judicial de la resolución y posibles sanciones por incumplimiento. El tribunal puede alterar el régimen de custodia si aprecia que el comportamiento de uno de los progenitores perjudica al menor. Si pierdes, podrías asumir las costas; si ganas, la ejecución práctica depende de la colaboración del otro progenitor y de la intervención de las fuerzas de seguridad.
Y si ganas, ¿cobras? El «cobro» aquí no es económico: la victoria se traduce en restablecimiento del contacto. Si pides indemnizaciones por daños morales o gastos, su reconocimiento y ejecución dependen de la capacidad económica del otro progenitor y del tribunal.
La primera carta y la recopilación de pruebas puedes hacerlas tú; en muchos casos una comunicación fehaciente obliga a restituir el régimen. Necesitarás un abogado si el otro progenitor no cumple, si hay denuncias cruzadas, si quieres solicitar ejecución de sentencia o si te ofrecen un acuerdo: un abogado te dirá si aceptar es sensato. Si hay riesgo para el menor o medidas de protección activas, pide abogado y consulta la justicia gratuita; la intervención letrada es muy recomendable.
Otros problemas frecuentes en sustracción de menores
No sin pactarlo o sin una resolución judicial. Los cambios deben acordarse entre progenitores o solicitarse al juez; actuar unilateralmente puede considerarse incumplimiento y perjudicarte.
Sí. Un burofax con acuse y certificación de contenido es prueba de que solicitaste el cumplimiento del régimen y de las respuestas recibidas, y suele ser necesario antes de iniciar ejecuciones judiciales.
Si hay una denuncia por maltrato la prioridad será la protección del menor. Se abrirán diligencias y el juez valorará medidas cautelares. Es fundamental contar con abogado para defenderse y aportar pruebas que rebatan la acusación.
No es aconsejable. Publicar sobre el conflicto puede empeorar la situación y usarse en tu contra. Mejor documentar por canales formales y acudir a servicios sociales o al juzgado.
Sí, especialmente si se aprecia perjuicio para el menor o interés público. La Fiscalía puede solicitar informes, medidas provisionales o la intervención de los servicios sociales.
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