Las fundaciones no están automáticamente exentas de IVA: si realizan actividades económicas por las que cobran a terceros, pueden estar sujetas a IVA salvo que la ley prevea una exención concreta. Determina primero si la actividad es económica, si se dirige al público general o a beneficiarios específicos y si existe una exención aplicable; el paso siguiente es documentar la finalidad y la contraprestación.
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Para saber si una fundación debe repercutir IVA o puede aplicar una exención hay que atender a tres criterios principales. Primero, la naturaleza de la actividad: si la fundación presta servicios o entrega bienes a cambio de una contraprestación, estamos ante una actividad económica sujeta por norma general al impuesto. Segundo, el destinatario y la finalidad: algunas actividades dirigidas a beneficiarios con finalidad sanitaria, educativa o asistencial pueden gozar de exenciones si cumplen requisitos legales y reglamentarios. Tercero, la concurrencia con el mercado: si la actividad se desarrolla en competencia con operadores privados y tiene carácter empresarial, la Administración puede considerarla sujeta aunque persiga fines sociales.
Además existen reglas específicas sobre operaciones accesorias, prestaciones gratuitas y prestación de servicios entre entidades del mismo grupo fundacional. La condición de fundación no implica automáticamente exención; lo decisivo es la calificación de la operación y la normativa de IVA vigente. También influye el tratamiento fiscal de subvenciones y donaciones: las donaciones puras y duras no son contraprestación y no generan IVA, pero si la contraprestación existe, la naturaleza cambia.
Qué puedes hacer hoy: separar en un dossier cada actividad con contratos y facturas y marcar claramente qué operaciones son donaciones. Qué necesita profesional: análisis detallado de cada línea de negocio, regularizaciones fiscales y consultas formales a la Administración.
1) Se aclara sin más y se documenta. Muchas veces basta con organizar la contabilidad, emitir facturas con la mención correcta y adjuntar certificaciones para que una inspección no imponga rectificaciones. Este es el escenario frecuente para actividades claramente no económicas.
2) Llegas a un acuerdo administrativo. Si hay controversia con la agencia tributaria o con la Administración autonómica, es habitual alcanzar un encaje mediante regularizaciones y pago de IVA en las operaciones discutidas, a cambio de cerrar el expediente. Un pago controlado y una rectificación contable pueden resultar preferibles a un litigio largo.
3) Inspección y sanción. Si la Administración considera que la fundación estaba realizando actividades sujetas y no había justificado la exención, puede abrir un procedimiento sancionador y exigir liquidaciones complementarias. Además del coste directo, hay riesgo reputacional y obligación de rectificar la práctica de facturación. En procedimiento sancionador, si la Administración demuestra actuación dolosa o negligente grave, las consecuencias pueden ser más duras.
Y si ganas, ¿cobras? Si obtienes resolución favorable o sentencia sobre la exención, recuperar ingresos que pagaste indebidamente depende de la vía seguida: en algunos casos se permite la rectificación y la devolución; en otros, si la Administración ya ejecutó liquidaciones y estas han prescrito, la devolución puede requerir procedimientos adicionales.
Para clasificar actividades y documentar exenciones puedes empezar por tu cuenta: separar facturación, guardar convenios y preparar un dossier. Necesitarás abogado o asesor fiscal cuando haya riesgo de inspección, si una administración cuestiona tu exención, si la fundación compite con operadores privados y quieres blindar la posición, o cuando haya que plantear una consulta vinculante. Si temes un ajuste sancionador, consulta: en muchos casos la intervención profesional reduce el coste y encaja la solución.
Otros problemas frecuentes en abogados especialistas en fundaciones
No. La condición de fundación no implica exención automática. Están exentas ciertas actividades con fines estrictamente asistenciales, educativos o sanitarios si cumplen requisitos legales, pero muchas prestaciones a cambio de contraprestación son operaciones sujetas al IVA.
Sí, un convenio que delimite la colaboración y deje claro que la actividad se presta en cumplimiento de un servicio público o en régimen de encomienda ayuda a justificar la exención. Es importante que el convenio describa funciones, destinatarios y financiación.
Las donaciones puras y simbólicas no generan IVA, pero si se entrega algo a cambio o existe contraprestación por servicios vinculados, esa parte sí puede estar sujeta. Por eso es esencial separar contablemente ambas partidas.
Depende de cómo se regularice. Si se demuestra que hubo aplicación incorrecta y se siguen los trámites administrativos adecuados, se puede solicitar devolución o compensación, aunque el resultado depende del expediente y de la forma de regularización.
Un certificado interno es útil pero no suficiente por sí solo. La Administración valorará documentación objetiva: convenios, acreditaciones oficiales, el contenido del servicio y la estructura de financiación. Cuanto más externa y formal sea la prueba, mejor.
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