Pensión de alimentos en parejas de hecho

¿Tienes razón?

La situación jurídica de pareja de hecho no impide que un progenitor tenga la obligación de pagar alimentos a sus hijos. Lo determinante es la filiación del menor y la capacidad económica de los progenitores, no el régimen civil de la pareja. Si se trata de una pensión entre excónyuges o excónyuges de hecho para cubrir necesidades de convivencia o compensación económica, la ley vigente y la jurisprudencia pueden diferenciar en función del reconocimiento de convivencia y prestaciones prestadas durante la relación, pero en cuanto a los hijos, la obligación es la misma que para progenitores casados: cubrir la manutención del menor.

En la práctica, para reclamar una pensión por alimentos en parejas de hecho cabe probar la filiación (acta de nacimiento, reconocimiento) y las necesidades del menor, así como la capacidad económica del progenitor obligado. Si hay un acuerdo formalizado en inscripción en registros de parejas de hecho o un convenio regulador, esos documentos servirán para fijar bases en la negociación o en el litigio.

También pueden surgir reclamaciones entre la propia ex pareja por prestaciones debidas durante la convivencia —esas cuestiones son distintas y requieren valorar la normativa autonómica aplicable y las pruebas de aportaciones económicas o cuidado prestado—.

Cómo se soluciona

1) Acredita la filiación y la condición de progenitor: reúne el certificado de nacimiento, cualquier reconocimiento de paternidad/maternidad y pruebas de convivencia que sean pertinentes. Si hay dudas sobre la filiación, existen medios para acreditarla judicialmente.

2) Documenta las necesidades del menor: facturas, gastos de colegio, tratamientos médicos, actividades y cualquier coste recurrente o extraordinario. Cuanto más completo sea el cuadro, más fácil negociar una pensión adecuada.

3) Intenta un acuerdo: si la relación se rompe, la negociación de un convenio que contemple la pensión de alimentos y la forma de pago es lo más práctico. Formalizarlo por escrito y homologarlo judicialmente o presentarlo ante el juzgado le da fuerza ejecutiva.

4) Si no hay acuerdo, demanda de alimentos: presenta la documentación que acredite la filiación y las necesidades. El juzgado evaluará la capacidad económica y fijará la cuantía.

5) Si la reclamación versa sobre prestaciones entre excónyuges de hecho (por ejemplo, trabajo no remunerado en favor de la otra persona), la solución requiere analizar la normativa autonómica y la jurisprudencia; en muchos casos se trata de indemnizaciones o compensaciones, no de pensiones alimenticias para hijos.

Qué puedes hacer sin abogado: reunir documentación y proponer un acuerdo. Si hay conflicto en la filiación, necesidad de medidas provisionales o demandas complejas por prestaciones entre ex convivientes, un abogado es necesario.

Qué puede pasar

1) Acuerdo y homologación: lo habitual y recomendable es llegar a un acuerdo sobre la pensión de alimentos y, si es posible, homologarlo ante el juez para convertirlo en título ejecutivo.

2) Sentencia que fija la pensión: si no hay acuerdo, el juzgado fijará la pensión tras valorar prueba y capacidad. La sentencia es exigible y se puede ejecutar en caso de impago.

3) Dificultad de cobro frente a un obligado sin recursos: aunque ganes, la efectividad del cobro depende de la capacidad real del obligado. En algunos casos se valorará la posibilidad de solicitar medidas para garantizar el pago.

Y si ganas, ¿cobras? La sentencia reconoce la obligación, pero la ejecución requiere que existan bienes o ingresos sobre los que embargar. Si el obligado es insolvente, cobrar puede requerir actuaciones adicionales.

Errores que arruinan el caso

• No acreditar la filiación o la contribución económica: sin documentos claros, la reclamación se debilita.
• Confiar en acuerdos verbales al romper la convivencia: sin documento escrito la exigencia resulta complicada.
• Mezclar la reclamación por alimentos de los hijos con demandas de compensación entre convivientes sin distinguir su naturaleza jurídica: confundir ambas vías complica la estrategia.
• No comprobar la normativa autonómica aplicable: algunas comunidades tienen reglas o registros específicos para parejas de hecho que afectan a las reclamaciones.
• No valorar la ejecución práctica: pedir una pensión sin estudiar la capacidad real del obligado puede dar una sentencia difícil de cobrar.