Pensión de alimentos en guarda y custodia compartida

¿Tienes razón?

La existencia de guarda y custodia compartida no implica por sí sola la ausencia de pensión de alimentos. Los tribunales valoran la contribución real de cada progenitor a los gastos del menor y la disparidad de recursos entre ambos. Tres elementos son determinantes: las necesidades del menor (gastos de manutención, educación, salud, actividades y otros costes ordinarios y extraordinarios), la capacidad económica de cada progenitor (ingresos, cargas familiares y situación patrimonial) y la concreción práctica del régimen de convivencia (si uno asume gastos extraordinarios o si los gastos se reparten de forma desigual).

Si ambos progenitores tienen ingresos similares y comparten los gastos de manera equitativa, la pensión puede quedar reducida o inexistente. Pero si uno aporta mucho menos, o el menor vive de forma que precisa gasto adicional sostenido por uno solo, el otro puede quedar obligado a abonar una pensión compensatoria en concepto de alimentos. En la práctica, se analiza la diferencia entre aportaciones efectivas y la capacidad de soportar los gastos.

Además, existen gastos extraordinarios que deben repartirse y que pueden dar lugar a contribuciones específicas: la falta de acuerdo sobre quién paga los gastos extraordinarios suele ser la causa de conflictos que acaban en el juzgado.

Cómo se soluciona

1) Detalla los gastos del menor: haz una lista clara y ordenada de los gastos ordinarios (alimentación, ropa, transporte, ocio) y extraordinarios (tratamientos médicos, actividades formativas, viajes escolares). Adjunta facturas y justificantes. Esto facilita negociar una contribución proporcional.

2) Determina la aportación real de cada progenitor: reúne nóminas, extractos y justificantes de pagos hechos por uno y por otro. Si uno asume pagos concretos directos, introdúcelos en el balance económico.

3) Intenta un acuerdo: plantea un reparto proporcional de gastos o una pensión que compense la diferencia. Un acuerdo por escrito y, si es posible, homologado judicialmente, evita litigios y da seguridad sobre su cumplimiento.

4) Si no hay acuerdo, solicita la fijación judicial de la pensión: presenta la documentación que demuestre las aportaciones y necesidades. El juez decidirá sobre la cuantía teniendo en cuenta la proporcionalidad y la capacidad económica.

5) Sobre gastos extraordinarios: solicita que se concreten en el convenio o en la sentencia qué gastos se consideran extraordinarios, cómo se reparten y qué mecanismo de control se usa para su pago. Acordar límites y procedimientos para aprobar dichos gastos reduce conflictos posteriores.

Qué puedes hacer sin abogado: consensuar un sistema de reparto y dejarlo por escrito. Para que la solución tenga fuerza ejecutiva, para negociar cuando la disparidad es notable o para introducir medidas sobre gastos extraordinarios en una demanda, la intervención de un abogado es aconsejable.

Qué puede pasar

1) Acuerdo entre progenitores: la solución más habitual es un acuerdo en el que se establecen aportaciones proporcionales o una pensión reducida. Si se homologa, se convierte en título ejecutivo.

2) Sentencia que fija contribuciones concretas: el tribunal puede fijar una pensión o un sistema de reparto de gastos extraordinarios. La sentencia debe ser ejecutada si no se cumple.

3) Conflicto continuado y revisiones: si uno de los progenitores deja de aportar conforme a lo acordado o la situación económica cambia, puede solicitarse la modificación judicial. También existe el riesgo de que la falta de acuerdo derive en procedimientos repetidos que desgastan ambas partes.

Y si ganas, ¿cobras? Una sentencia u acuerdo ejecutable facilita el cobro. En la práctica, su efectividad depende de la capacidad real del obligado y de la existencia de mecanismos de retención o embargo en caso de incumplimiento.

Errores que arruinan el caso

• No documentar los gastos y aportaciones: sin facturas y justificantes es difícil demostrar quién ha pagado qué.
• Creer que la custodia compartida elimina toda obligación: la obligación subsiste si hay diferencia de aportación o capacidad.
• Ceder a acuerdos verbales sobre gastos extraordinarios: sin documento escrito se complica exigir el cumplimiento.
• No pactar mecanismos de control para gastos extraordinarios: dejar a la improvisación conduce a disputas.
• No considerar la ejecución práctica: fijar una pensión sin verificar la capacidad de cobro puede ser una victoria vacía.