No pagar la pensión de alimentos no es aceptable y hay vías para reclamarla. Si el progenitor obligado no cumple, importa la prueba escrita del acuerdo o sentencia y los justificantes de impago. Primer paso: reúne los recibos, transferencias y cualquier comunicación del otro progenitor que pruebe los impagos.
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Si tienes un convenio regulador, una sentencia o un acuerdo homologado que establece una pensión de alimentos, tu derecho a cobrar está reconocido. Lo que determina si tus reclamaciones prosperan y la vía a seguir son tres cosas: la existencia de un título ejecutivo (sentencia o convenio homologado o un documento que pueda tener valor probatorio suficiente), la prueba de los impagos (transferencias, extractos bancarios, recibos o comunicaciones) y la capacidad real del obligado para pagar (ingresos y patrimonio). Sin un título expreso, la reclamación es más difícil aunque no imposible: necesitarás acreditar la obligación mediante contratos, documentos o la práctica de pagos anteriores.
Importa también si la otra parte reconoce la deuda o alega cambios en su situación. Las excusas habituales no paralizan la reclamación: lo que cuenta es la prueba y la constancia de los incumplimientos.
Lo que puedes hacer hoy: recopila todos los justificantes de impago y envía una reclamación por burofax con acuse de recibo. Esa comunicación te sirve de prueba en un posterior procedimiento. Si no sabes cómo formularla, muchos servicios de orientación jurídica ofrecen modelos.
1) Se arregla con un acuerdo de pago. Suele ser la salida más rápida: el obligado reconoce la deuda y propone un plan para regularizarla. A veces conviene formalizar ese acuerdo ante notario o judicializarlo para darle carácter ejecutivo.
2) Acuerdo con mediación o modificación. Puede que la otra parte no pueda pagar en los términos pactados y ofrezca una modificación. Si la modificación es necesaria y justificada por un cambio de circunstancias, se puede tramitar una modificación de medidas. Cuidado: aceptar una modificación sin garantías puede dejarte peor protegido.
3) Procedimiento judicial de ejecución. Si no hay acuerdo, el camino es judicial y puede terminar con el embargo de nómina, cuentas o bienes. Riesgos: si el deudor está insolvente, la sentencia es un título ejecutivo pero su ejecución puede resultar infructuosa; además, el procedimiento conlleva costes y tiempos.
Y si ganas, ¿cobras? Una sentencia favorable no garantiza cobro inmediato si la otra parte no tiene bienes ni ingresos embargables. En esos casos, la sentencia sirve para futuras ejecuciones si aparecen recursos, pero el cobro puede demorarse o no efectuarse si el obligado es insolvente.
Puedes empezar por enviar la reclamación por burofax y reunir pruebas por tu cuenta. Necesitas abogado si el otro progenitor no responde, si hay que iniciar un procedimiento de ejecución, o si sospechas ocultación de bienes. Un abogado te ayudará a convertir la sentencia o convenio en título ejecutivo y a gestionar embargos. Si tienes recursos limitados, consulta el turno de oficio; en muchos casos la asistencia para reclamar pensiones es posible con justicia gratuita.
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No. Retener al menor o impedir visitas como forma de presión es ilegal y puede volverse en tu contra, porque las medidas judiciales buscan proteger el interés del menor y sancionan incumplimientos que perjudiquen su derecho.
Debes pedir que justifique su situación económica y, si no lo hace, solicitar en el procedimiento medidas para averiguar bienes, ingresos y cuentas. Si es cierto que no tiene ingresos, la ejecución puede resultar infructuosa, aunque la deuda subsista.
Sí, sirven si se exportan y se aportan al procedimiento, pero es mejor combinarlos con extractos bancarios o recibos que acrediten la falta de ingreso.
Sí, siempre que estén previstos en el convenio o sentencia y se justifiquen. Guarda facturas y comunicaciones previas para demostrar la necesidad y el acuerdo sobre el reparto.
La reclamación es más compleja: puede requerir medidas de cooperación internacional, localización de bienes o solicitar la ejecución de la resolución en el país donde esté el deudor. Un abogado especializado puede asesorarte sobre la estrategia adecuada.
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