No: el impago de la pensión de alimentos no es algo que debas aceptar. Lo que determina tu camino son la existencia de una resolución o convenio que la establezca, los documentos que acreditan los impagos y la situación económica del obligado. Primer paso: reúne todos los justificantes de los pagos y los impagos y reclama por escrito de forma fehaciente la cantidad adeudada.
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Hay tres factores que determinan si tu reclamación por impago de pensión es viable: que exista una obligación clara (un convenio regulador, un título judicial o una resolución), que tengas prueba de los impagos y que el obligado tenga capacidad económica para pagar. Si hay un título que fija la pensión o un acuerdo homologado por un juez, la obligación es exigible. Si el acuerdo es verbal y no hay título judicial, la prueba se complica, pero no desaparece: transferencias, recibos y mensajes que aceptan la deuda ayudan.
Otro elemento importante es la conducta del progenitor deudor. Si ha pagado de forma irregular y ha dejado de hacerlo, tu posición es más sólida que si nunca pagó. Si el deudor alega pérdida de ingresos, eso altera la valoración, pero no extingue la deuda automáticamente; cabe solicitar la modificación de la cuantía cuando cambian las circunstancias.
Qué puedes hacer hoy sola: recopilar extractos bancarios y comunicaciones, enviar burofax y solicitar información de ingresos del otro progenitor si procede. Cuándo necesitas abogado: al preparar una ejecución, solicitar medidas provisionales urgentes o valorar la vía penal.
1) Se arregla con una carta: frecuentemente la reclamación fehaciente hace que el deudor regularice pagos atrasados o proponga un plan de pagos. Evitar el litigio puede ser la solución más rápida y menos traumática.
2) Acuerdo o conciliación: se puede firmar un acuerdo que reconozca la deuda y marque un calendario de pagos. A veces un acuerdo por una cantidad menor que la reclamada es preferible porque evita largos procesos y garantiza cobro inmediato.
3) Juicio y ejecución: si no hay acuerdo, se inicia un procedimiento de reclamación de cantidades y, una vez obtenida una resolución favorable, se ejecuta contra bienes, cuentas o salarios del deudor. Si pierdes en juicio -por ejemplo, si no logras acreditar los impagos- corres el riesgo de que el proceso termine sin recuperar las cantidades reclamadas y que se incurran en costas judiciales si el juez así lo decide.
Y si gano, ¿cobro? Cobrar depende de la capacidad patrimonial del deudor. Una sentencia a tu favor obliga al pago, pero si el deudor es insolvente o no tiene bienes localizables, la sentencia puede quedarse como reconocimiento sin cobro efectivo. Por eso la fase de ejecución y la localización de bienes son claves.
La primera carta la puedes enviar tú, y en muchos casos eso basta para que se vuelva a pagar. Necesitarás abogado cuando prepares una ejecución, cuando quieras solicitar embargos o medidas provisionales, o si quieres explorar la vía penal. Si el otro progenitor te propone un acuerdo, consúltalo con un abogado antes de firmar: ese es el momento en que un profesional suele pagarse solo. Si tienes pocos recursos, podrías acceder a justicia gratuita; consulta en tu colegio de abogados.
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Sí, pero la prueba es más difícil. Tendrás que aportar transferencias, mensajes o cualquier anotación que demuestre la obligación y los impagos. La existencia de testigos y de pruebas bancarias puede sostener la reclamación.
El burofax acredita que reclamaste por escrito y el contenido que enviaste. Es una prueba valiosa para demostrar el requerimiento previo al deudor y suele facilitar la regularización antes de acudir a la vía judicial.
Sí, si existe un título ejecutivo que reconozca la deuda, se puede solicitar el embargo de salarios u otros ingresos. Para ello es recomendable contar con abogado que tramite la ejecución.
Su capacidad de pago influye en la ejecución: si carece de ingresos, la ejecución será más complicada y habrá que localizar bienes o recurrir a otras vías de apoyo social para el menor.
Puede convenir si garantiza cobro inmediato y evita litigios largos. Valora el monto, la urgencia de cobro y la solvencia del otro progenitor; consulta con un abogado antes de firmar.
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