Si tu expareja se niega a abandonar el domicilio tras la ruptura, no puedes expulsarla por la fuerza: la solución depende de si figura en el contrato o en la titularidad y de la existencia de convivencia previa. Determina si es arrendataria, copropietaria o conviviente sin título. Primer paso: identificar su situación documental y recopilar pruebas de la realidad convivencial.
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Tu posición se determina por tres elementos: la titularidad o contrato de arrendamiento, la convivencia previa y si existe algún derecho susceptible de protegerse (por ejemplo, medidas de protección en situaciones de violencia). Si la expareja está empadronada o figura en el contrato de alquiler, su derecho a permanecer es distinto que si no tiene título. Si sois copropietarios, tampoco puedes echarla sin más; la solución pasa por vías distintas.
La realidad de la convivencia produce efectos. Si la persona estaba residiendo en la vivienda y contribuyendo a gastos, aunque no figurase en ningún contrato, su salida puede requerir un procedimiento judicial para recuperar la posesión. Si hay menores o riesgos de exclusión residencial, los tribunales aplican criterios de protección. Por tanto, si tú eres titular del contrato de alquiler o la única propietaria, tu reclamación de desalojo estará mejor fundamentada; si no, tendrás que probar que su derecho ha cesado.
No olvides que cualquier actuación que implique violencia, amenaza o privación de bienes (como cambiar cerraduras estando ella dentro) puede ser utilizada en tu contra. La vía correcta es la administrativa o judicial, no la acción directa.
Acciones que puedes hacer tú: recopilar documentación, intentar acuerdo, enviar burofax y presentar denuncia si hay conductas delictivas. Acciones que conviene delegar: litigio civil, gestión de lanzamiento y valoración de acuerdos, especialmente cuando hay menores o riesgo de costas.
1) Se arregla con comunicación y pacto: muchas salidas se producen tras una carta formal y una propuesta razonable de mudanza o compensación. Es la solución menos costosa y rápida.
2) Acuerdo con condiciones: puede firmarse un pacto que incluya plazos y compensaciones. A veces ceder algo en un acuerdo permite recuperar la vivienda sin litigar y evita desgaste emocional.
3) Procedimiento judicial y posible desahucio: si la persona tiene título, la vía cambia (por ejemplo, desahucio por impago si hay contrato con obligaciones impagadas). Si no tiene título y pierdes la vía judicial, podrías afrontar costas. Si ganas, la ejecución del lanzamiento materializa la salida, pero la efectividad depende de la intervención de los órganos competentes.
Y si ganas, ¿cobras? Si reclamas cantidades (gastos, daños, ocupación) su cobro depende de la solvencia de la persona. A veces es preferible negociar una salida que garantice la recuperación inmediata del espacio.
Si la persona no figura en ningún título y accedes a un acuerdo, puedes gestionar la salida por tu cuenta con una carta fehaciente. Necesitas abogado cuando la otra parte figura en contrato, en la titularidad, hay menores implicados, riesgo de costas o te ofrecen un acuerdo: entonces un abogado valorará las alternativas y te representará en el juzgado. Si cumples requisitos, puedes solicitar asistencia por turno de oficio.
Otros problemas frecuentes en abogados especialistas en desahucios
No se recomienda. Cambiar cerraduras con la persona dentro o sin procedimiento puede ser considerado un desalojo ilegal y dar lugar a denuncia. La vía correcta es la judicial o la negociación formal con pruebas de la solicitud.
Si existe un contrato y la persona no cumple sus obligaciones contractuales, la vía adecuada es el procedimiento de desahucio por impago u otra acción civil conforme al contrato. Necesitarás documentos que acrediten impagos y, normalmente, asistencia letrada.
La presencia de menores influye en las decisiones judiciales; los tribunales priorizan la protección de los menores y valoran medidas alternativas. En muchos casos se buscará una solución que evite vulnerar derechos de los niños.
Depende de la titularidad y de si existe un título que le permita residir allí. Si no tiene título y la situación encaja en supuesto penal, la denuncia puede ser procedente, pero conviene asesoramiento previo para calibrar opciones.
La escritura de propiedad o el contrato de arrendamiento a tu nombre, junto con recibos de suministros y correspondencia, son pruebas sólidas. El empadronamiento puede aportar indicios, pero tiene efectos distintos según el caso.
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