Si tu expareja se niega a abandonar el domicilio tras la ruptura, no puedes expulsarla por la fuerza: la solución depende de si figura en el contrato o en la titularidad y de la existencia de convivencia previa. Determina si es arrendataria, copropietaria o conviviente sin título. Primer paso: identificar su situación documental y recopilar pruebas de la realidad convivencial.
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Tu posición se determina por tres elementos: la titularidad o contrato de arrendamiento, la convivencia previa y si existe algún derecho susceptible de protegerse (por ejemplo, medidas de protección en situaciones de violencia). Si la expareja está empadronada o figura en el contrato de alquiler, su derecho a permanecer es distinto que si no tiene título. Si sois copropietarios, tampoco puedes echarla sin más; la solución pasa por vías distintas.
La realidad de la convivencia produce efectos. Si la persona estaba residiendo en la vivienda y contribuyendo a gastos, aunque no figurase en ningún contrato, su salida puede requerir un procedimiento judicial para recuperar la posesión. Si hay menores o riesgos de exclusión residencial, los tribunales aplican criterios de protección. Por tanto, si tú eres titular del contrato de alquiler o la única propietaria, tu reclamación de desalojo estará mejor fundamentada; si no, tendrás que probar que su derecho ha cesado.
No olvides que cualquier actuación que implique violencia, amenaza o privación de bienes (como cambiar cerraduras estando ella dentro) puede ser utilizada en tu contra. La vía correcta es la administrativa o judicial, no la acción directa.
Acciones que puedes hacer tú: recopilar documentación, intentar acuerdo, enviar burofax y presentar denuncia si hay conductas delictivas. Acciones que conviene delegar: litigio civil, gestión de lanzamiento y valoración de acuerdos, especialmente cuando hay menores o riesgo de costas.
1) Se arregla con comunicación y pacto: muchas salidas se producen tras una carta formal y una propuesta razonable de mudanza o compensación. Es la solución menos costosa y rápida.
2) Acuerdo con condiciones: puede firmarse un pacto que incluya plazos y compensaciones. A veces ceder algo en un acuerdo permite recuperar la vivienda sin litigar y evita desgaste emocional.
3) Procedimiento judicial y posible desahucio: si la persona tiene título, la vía cambia (por ejemplo, desahucio por impago si hay contrato con obligaciones impagadas). Si no tiene título y pierdes la vía judicial, podrías afrontar costas. Si ganas, la ejecución del lanzamiento materializa la salida, pero la efectividad depende de la intervención de los órganos competentes.
Y si ganas, ¿cobras? Si reclamas cantidades (gastos, daños, ocupación) su cobro depende de la solvencia de la persona. A veces es preferible negociar una salida que garantice la recuperación inmediata del espacio.
Si la persona no figura en ningún título y accedes a un acuerdo, puedes gestionar la salida por tu cuenta con una carta fehaciente. Necesitas abogado cuando la otra parte figura en contrato, en la titularidad, hay menores implicados, riesgo de costas o te ofrecen un acuerdo: entonces un abogado valorará las alternativas y te representará en el juzgado. Si cumples requisitos, puedes solicitar asistencia por turno de oficio.
Otros problemas frecuentes en desahucios
No se recomienda. Cambiar cerraduras con la persona dentro o sin procedimiento puede ser considerado un desalojo ilegal y dar lugar a denuncia. La vía correcta es la judicial o la negociación formal con pruebas de la solicitud.
Si existe un contrato y la persona no cumple sus obligaciones contractuales, la vía adecuada es el procedimiento de desahucio por impago u otra acción civil conforme al contrato. Necesitarás documentos que acrediten impagos y, normalmente, asistencia letrada.
La presencia de menores influye en las decisiones judiciales; los tribunales priorizan la protección de los menores y valoran medidas alternativas. En muchos casos se buscará una solución que evite vulnerar derechos de los niños.
Depende de la titularidad y de si existe un título que le permita residir allí. Si no tiene título y la situación encaja en supuesto penal, la denuncia puede ser procedente, pero conviene asesoramiento previo para calibrar opciones.
La escritura de propiedad o el contrato de arrendamiento a tu nombre, junto con recibos de suministros y correspondencia, son pruebas sólidas. El empadronamiento puede aportar indicios, pero tiene efectos distintos según el caso.
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