Me han despedido y quiero saber si fue legal

En líneas generales, los plazos para impugnar un despido en España son breves y conviene actuar desde el primer día. Habitualmente se habla de 20 días hábiles para iniciar la reclamación laboral, contando desde la notificación del despido; antes de presentar la demanda suele realizarse una fase previa de conciliación. Lo primero que debes hacer es conservar la carta de despido y cualquier comunicación, reunir contrato y nóminas y anotar las fechas exactas y posibles testigos. La actuación temprana evita la pérdida de derechos por prescripción y facilita la preservación de pruebas. Un abogado laboralista te ayudará a valorar la calificación del despido (procedente, improcedente o nulo), a preparar la papeleta de conciliación y, si procede, la demanda ante la jurisdicción laboral, así como a diseñar una estrategia (negociación o litigio) que aumente las posibilidades de una solución favorable.

Para reclamar salarios impagados conviene documentar todo desde el inicio: guarda nóminas, extractos bancarios, contratos, órdenes de trabajo, correos y mensajes que prueben la relación y la jornada real. Si corresponde, solicita por escrito el pago y conserva esa comunicación. En muchos casos se inicia una reclamación administrativa o una papeleta de conciliación previa antes de acudir al juzgado laboral. Los riesgos más habituales son la prescripción de la acción y la dificultad para cobrar si la empresa entra en insolvencia, por lo que la rapidez es clave. Un abogado laboralista te ayudará a cuantificar la deuda (salarios, pagas prorrateadas, intereses), presentar la reclamación de cantidad y, si es necesario, actuar en la vía judicial. También puede asesorar sobre medidas cautelares para intentar asegurar el cobro, y coordinar acciones frente a la Seguridad Social si faltan cotizaciones.

La diferencia se centra en la existencia y la suficiencia de la causa alegada por la empresa y en la vulneración de derechos fundamentales. Un despido procedente es aquel en el que la empresa demuestra la causa que justifica la extinción; la consecuencia suele ser la pérdida del derecho a indemnización. Un despido improcedente se produce cuando la causa alegada no está suficientemente acreditada y la opción judicial es declarar la improcedencia, con posibilidad de indemnizar al trabajador o su readmisión con salario. El despido nulo se da cuando se vulneran derechos fundamentales o existen vicios muy graves (por ejemplo, despido por motivo discriminatorio o durante situaciones protegidas), y suele conllevar la readmisión obligatoria y el abono de los salarios dejados de percibir. Un abogado laboralista evalúa pruebas, prepara la estrategia probatoria y te asesora sobre si negociar o litigar, y sobre las consecuencias prácticas de cada calificación.

Si tienes la sensación de que tu relación contractual oculta una relación laboral dependiente, conviene documentar la realidad: contratos mercantiles, facturas, jornadas reales, órdenes de trabajo, exclusividad, horario y dependencia organizativa. El riesgo es la pérdida de derechos laborales (vacaciones, indemnización, protección social) y la falta de cotización por parte del empleador. Los pasos prácticos incluyen conservar toda prueba, recabar testimonios y, si procede, solicitar la intervención de la Inspección de Trabajo para su investigación. Un abogado laboralista especializado puede evaluar la viabilidad de una recualificación del vínculo, preparar una reclamación de derechos laborales y cotizaciones, y representarte en procedimientos administrativos y judiciales. La estrategia suele combinar la acumulación de evidencia con la acción administrativa o la demanda laboral para conseguir la conversión del contrato y el reconocimiento de las prestaciones adeudadas.

Ante un posible acoso laboral es importante actuar con seriedad: documenta incidentes, guarda correos, mensajes, informes médicos, evaluaciones y recopila nombres de testigos. El acoso puede tener efectos graves sobre la salud y la carrera profesional, y las pruebas médicas y psicológicas suelen ser determinantes. Como medidas urgentes se puede solicitar a la empresa la adopción de medidas provisionales (cambios de turno, separación de las partes, evaluación interna) y, si existe riesgo grave, pedir medidas cautelares en sede judicial. También se puede iniciar una denuncia interna o acudir a la Inspección de Trabajo. Un abogado laboralista te ayudará a sistematizar la prueba, solicitar medidas de protección, evaluar si conviene la readmisión o la indemnización y presentar la correspondiente papeleta de conciliación o demanda. El apoyo jurídico también es clave para coordinar informes periciales que acrediten el daño y su relación con las conductas denunciadas.