La orden de alejamiento incluye prohibición de comunicación por mensaje

¿Tienes razón?

Que una orden incluya la prohibición expresa de comunicación por mensaje significa que el tribunal considera que cualquier contacto escrito puede causar molestia, intimidación o riesgo. Para saber si la medida es adecuada en tu caso hay tres cuestiones clave:

1. Alcance exacto de la prohibición: ¿prohíbe mensajes por móvil, redes sociales, llamadas o cualquier tipo de comunicación indirecta? La resolución debe especificarlo; si no es clara, habrá que interpretarla en sede judicial.
2. Motivo de la prohibición: si las comunicaciones previas fueron hostigamiento, control o amenazas a través de mensajes, la restricción es coherente. Si la medida parece desproporcionada respecto a la conducta alegada, es defendible jurídicamente.
3. Necesidad de comunicaciones legítimas: en situaciones de administración de menores, trabajo o asuntos económicos, puede necesitarse un canal. La existencia de alternativas neutrales (abogados, procuradores, servicios sociales) modifica la valoración.

Si la prohibición está razonada y hay prueba de comunicaciones molestas, la medida suele sostenerse. Si la resolución es ambigua o no valora pruebas, cabe impugnarla.

Cómo se soluciona

1. Lee la resolución con detalle. Reúne la copia de la orden o diligencia policial para conocer exactamente lo que prohíbe. Si no tienes copia, solicítala en el juzgado correspondiente.

1. Evita cualquier contacto directo. No envíes mensajes, no publiques menciones en redes sociales ni uses terceras personas para comunicarte. Eludir la prohibición o usar intermediarios que reproduzcan el contenido puede considerarse quebrantamiento.

1. Utiliza canales formales. Si necesitas comunicar asuntos sobre menores, trabajo o bienes, hazlo a través de abogados, procuradores, servicios sociales o el juzgado. Conserva pruebas de esas comunicaciones (burofax, correos certificados, actas de entrega).

1. Si consideras la prohibición desproporcionada, solicita su modificación o aclaración en el mismo procedimiento. Presenta escritos que justifiquen la necesidad de un canal limitado (por ejemplo, intercambio exclusivamente para asuntos relativos a los hijos) y aporta propuestas concretas, como comunicaciones por escrito supervisadas.

1. En caso de incumplimiento del otro: si la persona protegida te imputa comunicaciones y no corresponde, reúne pruebas que lo desmientan (capturas, testigos) y presenta la impugnación o denuncia si procede.

Qué puedes hacer tú: dejar constancia de que has recibido la resolución, evitar contactos y canalizar todo por abogado o por escritos formales. Para impugnar la medida o negociar canales restringidos, busca asistencia jurídica.

Qué puede pasar

1. Se arregla con aclaración o protocolo. Con frecuencia se acuerda un protocolo que permite comunicaciones limitadas y registradas para asuntos concretos (visitas, pagos, administración de bienes) sin vulnerar la protección.

1. Acuerdo judicial sobre canales. El juez puede matizar la prohibición: permitir comunicaciones sólo mediante representantes o establecer condiciones para el contacto. Un acuerdo así reduce el riesgo de quebrantamiento y facilita la gestión práctica.

1. Juicio y sanción por quebrantamiento. Si incumples la prohibición, el incumplimiento puede tener consecuencias penales o procesales. Si se acredita que la prohibición era injustificada, puedes pedir su revocación; si no, el incumplimiento agrava la situación.

Y si ganas, ¿qué ocurre? Si obtienes una resolución que flexibiliza la comunicación, tendrás canales formales para tratar asuntos concretos. Pero hasta que exista esa modificación, ceñirse a la prohibición evita riesgos.

Errores que arruinan el caso

• Ignorar la redacción exacta de la resolución y actuar por suposiciones.
• Usar terceras personas para enviar mensajes: suele considerarse un intento de eludir la prohibición.
• Publicar en redes sociales contenidos dirigidos a la persona protegida.
• No documentar comunicaciones necesarias mediante vías formales (burofax, abogados).