La Inspección puede controlar si los contratos formativos y de prácticas cumplen los requisitos: jornada, actividad formativa, convenio aplicado y retribución real. Lo que determina si hay problema es si el trabajador realizó funciones distintas a las formativas o si faltó la documentación que justifique la formación. Primer paso: reúne contrato, plan formativo, registros de actividad y pruebas de tutela y formación.
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Cuando te inspeccionan contratos formativos o de prácticas hay cuatro cuestiones que van a decidir si la Inspección estima irregularidad: la existencia y contenido del plan formativo, la jornada y tareas realmente realizadas por la persona contratada, la retribución abonada y el convenio colectivo aplicable, y la formalización documental (inscripciones, comunicaciones de prácticas, autorizaciones si proceden). Si la persona contratada tenía un plan de formación claro, horarios y evaluaciones, y las tareas desempeñadas encajan con lo previsto, tienes argumentos sólidos. Si, por el contrario, la persona hacía tareas habituales de plantilla sin tutoría ni formación, la Inspección puede entender que hay encubrimiento de empleo ordinario.
La naturaleza de la relación también importa: muchos contratos formativos exigen una alternancia real entre formación teórica y práctica y la intervención de un centro formador. En prácticas no laborales vinculadas a estudios, suele exigirse que la actividad guarde relación con el currículo y que exista un tutor. La falta de estos elementos convierte lo que nominalmente era un contrato formativo en una relación laboral ordinaria.
En la inspección, la prueba que mejor te defendrá es la documentación que acredite la formación: planes, certificados de asistencia a cursos, registros de tutorías, informes de evaluación y cualquier correspondencia con el centro educativo. También son relevantes los registros de jornada que muestren la jornada real y las nóminas que prueben la retribución. Si no hay documentación o el testimonio del trabajador contradice el plan, tendrás que explicar por qué y aportar pruebas alternativas.
Qué puedes hacer tú y qué necesita profesional:
Y si ganas, ¿cobras? Si la resolución te reconoce que la relación era formativa y la empresa pagó indebidamente, una resolución favorable evita reintegros y mantiene la validez del contrato. Si por el contrario pagaste más para regularizar, recuperar cantidades dependerá de la vía seguida y de si la empresa puede hacer frente al pago.
Si la inspección solo requiere documentación, puedes recopilarla y defender el expediente por tu cuenta. Necesitarás abogado cuando la Inspección proponga recualificar contratos en masa, cuando identifique fraude o sanción importante, o cuando la discusión afecte a muchos trabajadores. Si la empresa recibe la propuesta de sanción o de recualificación, un abogado laboralista y un perito formativo suelen ser necesarios. Puedes tener derecho a justicia gratuita en casos con recursos limitados.
Otros problemas frecuentes en abogados especialistas en inspección de trabajo
No como regla. Las prácticas deben guardar relación con la formación del estudiante y estar tuteladas. Si la persona realiza tareas habituales sin tutoría ni formación, la Inspección puede entender recualificación a empleo ordinario.
Sí, un certificado del centro que acredite la realización de la parte formativa y las horas impartidas es prueba relevante, pero conviene acompañarlo de la memoria del tutor y registros internos.
La ausencia de tutor debilita la defensa: el nombramiento y las tutorías documentadas son elementos clave que acreditan que la actividad tiene carácter formativo y no sustitutorio del empleo.
Sí, la Inspección puede proponer sanciones cuando detecta uso indebido de contratos formativos para cubrir necesidades productivas habituales. La cuantía y la exigencia dependen de la gravedad y la extensión del incumplimiento.
Sí. Un perito puede analizar las funciones y el plan formativo y emitir un informe técnico que respalde tu posición ante la Inspección o ante el juez.
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