Mi expareja incumple con visitas y me niega la comunicación telemática

¿Tienes razón?

Tres factores deciden si puede obligar al cumplimiento. Primero: si existe una resolución judicial, un acta de finiquito ante la autoridad laboral o un acuerdo firmado que establezca visitas y comunicación telemática. Si hay documento, su posición es fuerte. Segundo: la conducta del otro progenitor: negar comunicación sistemáticamente o impedir las visitas sin motivo justificado revela incumplimiento. Tercero: el interés del niño: la autoridad valorará si restringir la comunicación perjudica al menor y podrá ordenar medidas para asegurar el vínculo.

Si no existe un documento escrito que regule visitas, la situación es más compleja pero no inexistente: puede reclamar la formalización de un régimen para evitar la arbitrariedad. Documentar fechas, horas y testimonios de intentos de comunicación es clave.

Cómo se soluciona

1. Reúna pruebas del incumplimiento. Guarde registros de llamadas perdidas, capturas de pantalla de llamadas o mensajes rechazados, correos electrónicos y las veces que se presentó a las visitas y el otro progenitor no apareció. Anote fechas, horas y circunstancias. Consiga testigos cuando sea posible.

1. Comuníquese por escrito. Envíe una solicitud por escrito pidiendo el cumplimiento del régimen de visitas y la comunicación telemática. Guarde la prueba de envío (mensajes, correos). Solicite que se acuerde una alternativa si hay motivos válidos para cambiar fechas.

1. Pedir mediación. Si no hay resultado, solicite mediación familiar o el auxilio de la autoridad de familia para intentar un acuerdo. La mediación puede mejorar la cooperación sin necesidad de litigar.

1. Solicitar la ejecución de la medida. Si existe una resolución judicial, pida a la autoridad correspondiente la ejecución forzosa del régimen. Aporte las pruebas de incumplimiento para que el juez o la autoridad dicte las medidas pertinentes.

1. Proponer ajustes razonables. Si la otra parte alega motivos válidos (viajes por trabajo, problemas de salud), proponga un calendario alternativo o la instalación de una aplicación de comunicación que facilite el contacto. Formalice cualquier cambio por escrito y, si procede, en sede judicial.

1. Medidas de protección del vínculo. Solicite medidas que faciliten el contacto: visitas supervisadas si hay conflicto, horarios fijos de comunicación telemática y mecanismos de control que eviten la manipulación de los tiempos.

1. Si hay riesgo de violencia o manipulación. Informe a la autoridad cuando el incumplimiento vaya acompañado de violencia psicológica, intentos de alienación parental o manipulación del niño. Pida evaluaciones psicológicas y medidas de protección.

Qué puede pasar

1. Solución con carta o acuerdo. Lo más frecuente es que las partes pacten un nuevo calendario o formalicen la comunicación por escrito. Un acuerdo registrado reduce la probabilidad de nuevos incumplimientos.

1. Acuerdo judicial o mediación obligatoria. El juez puede aprobar un acuerdo o dictar medidas de cumplimiento y supervisión. Aceptar un acuerdo puede ser preferible a una sentencia larga y costosa, porque se ejecuta más rápido y mantiene control sobre la relación.

1. Ejecución judicial. Si la autoridad ordena medidas y se comprueba el incumplimiento, puede imponer sanciones o medidas de apremio y ordenar visitas supervisadas o cambios en la guarda si existe obstaculización persistente. Si pierde la parte que reclama, normalmente las costas y la ejecución pueden complicar el cobro de eventuales daños; si gana, la eficacia práctica del cumplimiento dependerá de los mecanismos de ejecución y de la disposición del progenitor obligado.

Si gana la acción y la parte contraria carece de recursos para cumplir voluntariamente, la autoridad puede dictar medidas para garantizar el contacto, pero no siempre se logra la colaboración proactiva del progenitor.

Errores que arruinan el caso

• No documentar las faltas: sin registros, probar incumplimientos resulta muy difícil.

• Responder con la misma conducta: negar visitas a cambio. Eso perjudica su posición jurídica.

• Ignorar la vía administrativa o de mediación antes de litigar. Saltar al proceso judicial sin agotar opciones puede retrasar la solución.

• Hacer reclamos públicos que incluyan al menor. Exponer al niño en redes o medios afecta su interés superior y puede ser mal valorado por la autoridad.