Mi expareja no paga la pensión de alimentos

¿Tienes razón?

Que la otra parte no pague la pensión es una situación frecuente, pero su capacidad de éxito depende de tres cosas principales: 1) si existe una obligación formal (sentencia, convenio o acta de conciliación que fije la pensión); 2) la prueba del impago (mensajería, transferencias, recibos, testimonios); y 3) las actuaciones previas que usted haya hecho para reclamar (comunicaciones, requerimientos, solicitudes al juzgado o autoridad). Si tiene una resolución judicial o un acta administrativa que establece la pensión y puede probar que no ha recibido los pagos, su posición es sólida. Si la pensión nunca fue fijada formalmente y fue un acuerdo verbal, aún puede reclamar, pero tendrá que probar la existencia y cuantía del acuerdo.

En la práctica conviene distinguir entre impagos totales y atrasos parciales, y entre quien no puede pagar y quien no quiere pagar: la estrategia cambia según estas circunstancias.

Cómo se soluciona

1. Reúna pruebas. Busque el título que obliga al pago: sentencia, convenio homologado, acta de conciliación o resolución administrativa. Recopile extractos bancarios, transferencias, recibos, capturas de pantalla de mensajes, correos y testigos que confirmen la falta de pago. Exporta las conversaciones de mensajería y haz copias impresas. Si la otra parte entrega dinero en mano pida recibos escritos.

1. Reclamación por escrito y fehaciente. Envíe un requerimiento formal pidiendo las cantidades adeudadas y proponiendo regularizar el pago. Use medios que dejen constancia: correo certificado con acuse o un mensaje que permita exportarse. Anote la fecha y guarde copia de todo.

1. Solicitar medidas administrativas. Si existe una resolución que impone la pensión, puede pedir su cumplimiento ante la autoridad competente o ante el juzgado de familia que conoció el caso. Si no hay título formal, puede solicitar que se fije la pensión mediante proceso de familia aportando evidencias de las necesidades del menor y de la capacidad del progenitor.

1. Vía judicial. Si las vías previas no funcionan, inicie la demanda correspondiente para exigir el pago. En ese proceso se discutirá la existencia y el monto de la obligación y, si obtiene una sentencia, podrá solicitar medidas para asegurar el cumplimiento.

1. Ejecutar la decisión. Si logra una resolución a su favor, existen herramientas para hacerla efectiva: embargo de cuentas y bienes, retención de salarios y otros mecanismos de ejecución previstos por la ley. Para estas diligencias suele ser necesario presentar la resolución ante la autoridad competente y solicitar las medidas ejecutivas.

Qué puede hacer usted solo: reunir pruebas, enviar el requerimiento y presentar una solicitud a la autoridad administrativa competente. Cuándo buscar abogado: si la otra parte niega la obligación, alega incapacidad, ofrece un arreglo verbal o ya ha habido gestiones fallidas; también cuando la otra parte tiene abogado o cuando la discusión exige cuantificar gastos y demostrar necesidades.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o pacto informal. Muchas veces un requerimiento bien documentado provoca pago o pactos de regularización. Un acuerdo así puede convenirle porque evita litigar y resolverá la situación rápido; asegúrese de que quede por escrito y, si puede, que se homologue ante la autoridad competente.

2) Acuerdo o conciliación formal. Puede celebrarse una conciliación en juzgado o ante la entidad competente donde se fije un plan de pagos. Un acuerdo homologado tiene carácter ejecutable y facilita el cobro sin un juicio largo. Aceptar una suma menor puede ser razonable si compensa la rapidez y la seguridad de cobro.

3) Juicio y ejecución. Si el caso llega a juicio, un fallo a su favor reconoce la deuda pero puede tardar más. Incluso con sentencia, cobrar depende de la capacidad patrimonial del obligado. Si la persona es insolvente, la sentencia puede quedar como un título ejecutivo que tardará en generar efectivo. En caso de perder, normalmente cada parte asume sus costas procesales salvo que el juzgado disponga otra cosa; si pierde por falta de pruebas, el costo puede ser que no recupere lo adeudado y asuma gastos procesales.

Y si gana, ¿cobro? Una sentencia o un acuerdo homologado le da herramientas para ejecutar y embargar bienes o retener salarios, pero si el deudor no tiene bienes o ingresos visibles, obtener el pago efectivo puede ser difícil. La ejecución funciona mejor cuando hay pruebas de ingresos o bienes localizables.

Errores que arruinan el caso

• No guardar comprobantes. No conservar transferencias, recibos, mensajes o pruebas de entregas en efectivo deja la reclamación débil.

• Firmar recibos sin aclarar su alcance. Firmar un documento que diga “recibí” sin especificar a qué corresponde puede interpretarse como finiquito.

• Comunicarse solo por voz. Las llamadas sin registro no prueban impagos; exporte todo por escrito.

• Aceptar soluciones verbales repetidas sin exigir constancia. Si el otro promete pagar “la próxima semana” y no queda por escrito, pierde fuerza probatoria.

• Esperar demasiado sin actuar. Aunque no publicamos plazos concretos, hay límites legales; investigar y actuar desde la constatación del impago es vital.